LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES CON EL IPC ALIENTA LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS VOLUNTARIAS

Salvo en el improbable caso de que la inflación interanual de noviembre, que el INE prevé estimar como avance el martes 29 de noviembre y dar como dato definitivo el 14 de diciembre, cayera más de seis puntos en un mes tras haber encadenado once por encima del 6% y resultara inferior al 1,3%, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad tendrán a partir de enero una revisión al alza del 8% o más. Para que la subida de comienzos de año superara el 8,5% previsto por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado el IPC interanual de noviembre debería pasar del 7,3%.

 

Y esa subida equivale a ofrecer a quienes se están planteando jubilarse de manera anticipada voluntaria la posibilidad de enjugar de un mes para otro, concretamente de diciembre para enero, las penalizaciones que, según establece la ley deberían sufrir en su pensión por adelantar su retiro hasta un año y medio, lo que se convertiría en un acicate para decidirse por esa anticipación voluntaria.

 

Esa circunstancia ha hecho que desde hace unos meses comiencen a menudear las consultas en asesorías laborales, gestorías y sindicatos sobre las consecuencias económicas que tendría para los afectados un eventual adelanto de su jubilación a antes de que termine 2022.

 

Las estadísticas todavía no recogen que eso esté ocurriendo y la explicación para esa calma tendría que ver, en todo caso, con las propias normas de tramitación de las prestaciones de jubilación de los trabajadores, que por una parte se conceden de manera retroactiva a la fecha de la baja en la empresa en un plazo máximo de 90 días desde la solicitud y cuya cuantía se calcula en función de los meses de adelanto sobre la edad oficial de retiro cuando este comienza de manera anticipada.

 

Al aplicarse la subida en enero, lo previsible sería que el grueso de las peticiones extraordinarias de adelanto se realizara sobre bajas formalizadas en diciembre, ya que eso permitiría que al mes siguiente las cuantías de las pensiones se vieran incrementadas en torno a ese 8%.

 

Con la edad de jubilación ya por encima de los 66 años, el acceso a la jubilación anticipada voluntaria requiere tener 64 años y dos meses si se han cotizado menos de 37 y medio o solo 63 cumplidos si se supera esa carrera, con más de 35 en cualquiera de los dos casos. El adelanto es de un máximo de 24 meses respecto a la edad legal ordinaria de jubilación.

 

A partir de ahí, a la prestación correspondiente se le aplican unos coeficientes reductores que llegan al 8% si la jubilación se adelanta hasta 17 meses cuando se han cotizado hasta 38 y medio y si se anticipa en 18 cuando se ha trabajado más de 44.

 

La subida de enero compensaría por completo ese recorte en ambos casos al mismo tiempo que atenuaría las rebajas de las prestaciones previstas para los adelantos superiores a los 18 meses. Estos alcanzan en el caso de mayor reducción en un adelanto de 2 años del 21%, que se quedaría en un 13% con la revalorización del 8%.

 

Los datos de la Seguridad Social sobre la edad real de jubilación apuntan a que esta ha ido creciendo y a que están aumentando los retiros demorados. Concretamente, la cifra de quienes se jubilan con 65 o más años superó en 2021 los 195.000 y lleva camino este año, o al menos lo llevaba hasta septiembre, de alcanzar los 200.000 si se mantiene el ritmo, un volumen entre un 7% y un 10% superior al previo a la pandemia. Paralelamente, la edad media de jubilación ha crecido medio año desde 2014, en una tendencia que se ha ido intensificando desde entonces.

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