La ley 21/2021 dice exactamente que «las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».
A falta de conocer la cifra del mes de noviembre, la media del IPC entre los meses de diciembre de 2021 y octubre de 2022 es del 8,61%. A este dato habría que añadir la inflación interanual de noviembre y hacer la media de los doce últimos meses.
En concreto, el día 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato del IPC adelantado de noviembre, con lo cual, bastará hacer la operación de sumar los últimos 12 resultados de IPC (desde noviembre de 2022 a diciembre de 2021, ambos incluidos) y dividirlos por 12, lo cual arrojará el porcentaje casi final. Sin embargo, la subida completamente definitiva se sabrá el 14 de diciembre, día en que el INE tiene previsto publicar el dato del IPC confirmado de noviembre. Es de esperar que ambos datos coincidan (el avanzado el 29 de noviembre y el ratificado el 14 de diciembre), o en todo caso, la variación sería de unas décimas. Con lo cual, a finales de noviembre ya conoceremos con bastante precisión el porcentaje de subida que el Gobierno aplicará a los 9,95 millones de pensiones de la Seguridad Social.
Noviembre es tradicionalmente un mes con un comportamiento ‘amable’ de los precios. Si el IPC cayera en tasa interanual en noviembre a un 5,7% (un descenso de 1,6 puntos porcentuales, el mismo que se registró en octubre), la media del periodo diciembre 2021-noviembre 2022 bajaría al 8,366%; si bajara al 6,5%, se situaría en el 8,43%; si se mantuviera en el 7,3% (el nivel de octubre), la media subiría al 8,5%; si se diera un crecimiento interanual del 8%, se elevaría al 8,558%, y si se fuera hasta el 8,5% (lo que supondría un aumento mensual del 1,5%), la media se iría al 8,6%.
Los últimos datos certificados por el INE sobre la evolución de los precios de consumo son el 7,3% de alza en octubre, frente al 8,9% en septiembre, el 10,5% alcanzado en agosto y el 10,8% en julio, hasta la fecha, el dato interanual más elevado.
Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad protegible y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Existen dos clases: de jubilación y de invalidez, y en ambas es preciso cumplir ciertos requisitos económicos (tope de ingresos mensuales) y de residencia (entre cinco y diez años viviendo en España), de edad o de discapacidad.
En el mes de octubre, en España se han abonado un total de 266.883 pensiones no contributivas, cuya cuantía media ronda los 490,11 euros, según las estadísticas del Imserso.
Por el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha especificado si habrá una subida distinta para las pensiones no contributivas, mínimas e ingreso mínimo vital. Ni la vicepresidenta Nadia Calviño, ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han confirmado cuál será la revalorización que se aplicará a estas prestaciones no contributivas, cuyo porcentaje de incremento no depende de la evolución de la inflación, sino que se fija cada año en los Presupuestos Generales. Unos Presupuestos cuyas enmiendas se están todavía debatiendo estos días en el Congreso de los Diputados. A falta de novedades durante la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2023, es lógico asumir que las pensiones no contributivas aumentarán al menos el 8,5% previsto para las contributivas.
Contando con que en 2023 se les aplique una subida del 8,5%, la cuantía básica de la pensión no contributiva de jubilación (hoy 490 euros) se situaría en los 531,6 euros mensuales (subirían 41,6 euros), y la no contributiva de invalidez (ahora de 532 euros) alcanzaría en 2023 un importe medio de 577,2 euros, tras un alza mensual de 44,6 euros.
Hay que recordar que esta clase de pensiones han subido el 15% el pasado mes de julio, como medida en teoría temporal, para paliar el castigo de la inflación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha aclarado si a finales de 2022 se les retirará ese 15% extra, o si lo consolidarán, o se hará algún tipo de ajuste.
En 2022, la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo es de 890,50 euros al mes. Si el aumento finalmente decidido fuera del 8,5%, pasarían a cobrar 75,7 euros más cada mes, lo que elevaría sus pagas hasta los 966,2 euros.
Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares, que ahora tiene una cuantía de 834,9 euros mensuales, se vería incrementada en casi 71 euros, con lo cual alcanzaría los 905,8 euros al mes.
En cuanto a la pensión máxima, en 2022 limitada en 2.820 euros mensuales (39.469 euros anuales), se dispararía en 2023 hasta los 3.059,7 euros, es decir, experimentaría un incremento de casi 240 euros mensuales, si la revalorización definitiva quedara en el 8,5% que prevé el Gobierno.
EH Bildu ha confirmado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras haber alcanzado un acuerdo global con el PSOE y Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 la subida del 15% de las pensiones no contributivas.