El sesgo de representatividad en España está en línea con Alemania o Francia
Pese a la opacidad de los datos, se estima que la mitad de las empresas se integra en una patronal, pero solo el 17,9% de los trabajadores está afiliado a un sindicato. Estos datos se extraen de la base de datos del ICWWS (Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts) de la OCDE y los trabajos de investigadores independientes. Los datos oficiales en España están muy desactualizados y son difíciles de obtener, lo que eleva las sospechas sobre un interés de ‘maquillar’ las cifras para que no cuestionar los resultados de sus acuerdos.
Por otro lado, también sirven para minimizar los desacuerdos, como está ocurriendo en los últimos meses ante los desencuentros continuos entre el Gobierno y la patronal CEOE, a quien el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusa de defender solo a las “élites” y a “grandes empresas”.
La realidad es que los datos de afiliación están en línea con la media europea y tienen una explicación: los asalariados pagan muchas menos cuotas a las organizaciones que los representan que las empresas, pero en el caso de esas últimas estas últimas las ventajas son mayores: acceden a programas de formación e incrementa las oportunidades de intercambio empresarial y relaciones de negocio. Es decir, van más allá de las relaciones laborales.
Por ello esa ‘densidad’ no refleja la cobertura real que tienen ambos tipos de organizaciones sobre el mercado laboral. Para ello, el dato de referencia es la European Company Survey. Arroja que el 51,2% de las empresas se integra en una patronal, una cifra similar a la de la afiliación, pero eleva al 81,2% el porcentaje de trabajadores en cuya empresa hay sindicatos, aunque ellos no estén afiliados.
El dato es uno de los más altos de la Unión Europea, y se explica por la obligación de constituir comités de empresas en las empresas. Ahí es donde tienen presencia los sindicatos y participan en la negociación, aunque el porcentaje de sus afiliados en las plantillas sea reducido.
Estos datos son esgrimidos por las organizaciones empresariales, pero sobre todo por los principales sindicatos, para justificar su papel de negociador privilegiado con la administración en cuestiones que trascienden la negociación colectiva y entran en la toma de decisiones como las relativas a los cambios legales. La pregunta clave es hasta qué punto esta negociación representa el interés de los trabajadores o está sesgada por los objetivos de las centrales sindicales.
Un trabajo firmado por Marta Matínez Matute, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y de IZA, y el portugués Pedro S. Martins, profesor de Nova School of Business and Economics y ex secretario de Estado de Empleo entre 2011 y 2013 analiza todos los datos disponibles y proponen un índice de “disimilaridad” para medir el efecto del sesgo.
“Observamos que países con afiliación similar presentan índices de disimilitud muy distintos, lo que quiere decir que, con independencia de la afiliación, es necesario observar cómo de similares se distribuyen las empresas o trabajadores afiliados con respecto a los no afiliados en un sector concreto”, explica Martínez Matute.
El riesgo de sesgo es especialmente importante en un país como España, donde los convenios colectivos afectan a todos los trabajadores y empresas de un sector o región con independencia de que hayan participado o no en su negociación.
Un índice de disimilitud bajo quiere decir que en general las condiciones de empresas y trabajadores afiliados en un sector o tamaño de empresa concreto son similares a los no afiliados. Es decir, que existe menor sesgo.
En este caso, España tiene uno de los índices de disimilitud más bajo tanto para os sindicatos como para las patronales, aunque es casi ocho puntos más elevado en el caso de estas últimas.
Esto significa, efectivamente, que nuestro país es uno de los países con menor sesgo en su negociación colectiva, pese a la excesiva atomización de su tejido colectivo. La media de a UE es de 46% para las empresas y el 53% para los sindicatos. De hecho, se coloca en el grupo de las grandes economías de la zona euro, como Alemania y Francia.
Aunque esto no es garantía de una menor conflictividad social ni de posibilidad de alcanzar acuerdos, sobre todo en un contexto de marca inflación en el que la posición del Gobierno se ha alineado indiscutiblemente con la de las centrales sindicales.
Fuente: El Economista
