La reciente entrada en vigor de la reforma que mejora la compatibilidad entre la pensión de jubilación, tanto ña activa como la parcial, y el trabajo, ha sacado a la luz un fenómeno estadístico de creciente relevancia: el número de jubilados y pensionistas que figuran como demandantes de empleo ha aumentado de forma considerable, sin computar oficialmente como parados. Esta situación podría tener efectos significativos sobre las cifras reales de desempleo.
En 2024, una media mensual de 249.492 personas jubiladas o pensionistas están inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes, lo que representa un incremento del 10,7% respecto al año anterior. Aunque no figuran como parados registrados, su volumen es el más alto de la serie histórica, que se remonta a 2001, y triplica los niveles previos al retraso progresivo de la edad legal de jubilación iniciado en 2013.
Este colectivo se sitúa ya como el grupo más numeroso de demandantes «excluidos del paro registrado», por encima incluso de los trabajadores fijos discontinuos inactivos y los demandantes ocupados. No obstante, la falta de claridad sobre cuántos de estos pensionistas están realmente buscando empleo y cuántos simplemente se mantienen inscritos por obligación o por acceder a cursos de formación genera dudas sobre la fiabilidad de la estadística.
La raíz del problema está en la Orden Ministerial de 1985, que excluye del cómputo del paro a los mayores de 65 años por considerarlos «sin disponibilidad inmediata para el trabajo». Sin embargo, dicha lógica ha quedado desfasada, ya que desde 2013 la edad legal de jubilación se ha retrasado de manera progresiva, alcanzando en 2025 los 66 años y 8 meses, y situándose en los 67 años para 2027. Esto ha provocado que muchas personas mayores de 65 años, aunque no jubiladas formalmente, sigan figurando en el sistema como “pensionistas” o “jubilados”, a pesar de no haber accedido aún a su pensión.
El desfase tiene consecuencias directas. Por un lado, resta entre un 2,5% y un 3% al paro registrado. Por otro, impide una correcta interpretación de las cifras de desempleo entre la población senior, justo en un momento en que el número de desempleados mayores de 60 años crece de forma sostenida, alcanzando los 776.113 demandantes (17,8% del total) y 439.345 parados registrados (16,7%).
La confusión se acentúa al analizar la compatibilidad de pensiones con prestaciones por desempleo. Aunque las pensiones de viudedad o las de incapacidad pueden coexistir con un trabajo –y, por tanto, también con el desempleo–, solo los jubilados y pensionistas de ciertas categorías quedan excluidos del paro registrado. Además, no se considera en estas cifras a quienes perciben pensiones del extranjero, lo que complica aún más el seguimiento real del fenómeno.
El nuevo marco legal, que facilita la compatibilidad entre pensión y actividad laboral o subsidio, introduce un matiz relevante. Permite estimar mejor el coste para el sistema de protección por desempleo –actualmente en déficit– y para la Seguridad Social. Pero también plantea una cuestión de fondo: si las estadísticas no se actualizan para reflejar con precisión la situación real de los mayores de 65 años aún activos o en búsqueda de empleo, el diseño del sistema se mantendrá anclado en un contexto normativo y demográfico ya superado.
La actualización de estas categorías estadísticas se presenta como un paso imprescindible para comprender adecuadamente las dinámicas del mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones y las posibilidades reales de prolongar la vida laboral en un país con una población cada vez más envejecida.
