Gobierno y agentes sociales han anunciado un primer acuerdo en materia de pensiones que aborda su suficiencia, pero que, de momento, no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles.
Puntos clave
- Salvo los incentivos al aumento de la edad de jubilación, el acuerdo conocido implica en la práctica volver a la situación tras la reforma de 2011 y una década perdida para asegurar la sostenibilidad de las pensiones.
- Entre las medidas acordadas, es bienvenido que se desincentive la jubilación anticipada y se favorezca el retraso en la jubilación. Cada año de demora aumentará la pensión un 4%, aunque por debajo de lo que permitiría el equilibrio actuarial (7,2%).
- El acuerdo deroga también la reforma de 2013 y traslada el déficit del sistema de pensiones al Estado. Primero, las pensiones se revalorizarán con la inflación, pero sin necesidad de medidas compensadoras de ingresos o gastos que aseguren el equilibrio financiero del sistema, como exigía el Índice de Revalorización de Pensiones.
- Segundo, se sustituye el Factor de Sostenibilidad, que reducía proporcionalmente la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida (salvo retraso en la jubilación), por un futuro Factor de Equidad Intergeneracional. No se conocen sus detalles, pero sí que entrará en vigor a partir de 2027 y que supondrá una menor generosidad, si se quiere que cumpla con su objetivo.
- Tercero, se reconoce explícitamente que el sistema de pensiones no es autosuficiente y que el Estado se hará cargo de su déficit. En contra del principio de separación de fuentes, se trasladan al Estado algunas prestaciones contributivas y se destina parte de las cotizaciones por desempleo al pago de pensiones.
Salvo los incentivos al aumento de la edad de jubilación, el acuerdo conocido implica en la práctica volver a la situación tras la reforma de 2011 y una década perdida para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. La reforma de 2011 aumentó la edad de jubilación de 65 años a 67 en 2027, pero este incremento apenas compensa el de la esperanza de vida a partir de los 65 años de edad, que desde 1980 hasta 2019 ha aumentado 6 años, a razón de 1,5 por década.
Entre las medidas acordadas, es bienvenido que se desincentive la jubilación anticipada y se favorezca el retraso en la jubilación. Cada año de demora aumentará la pensión un 4%, aunque por debajo de lo que permitiría el equilibrio actuarial (7,2%). Probablemente los ahorros por la jubilación demorada serán insuficientes para compensar el aumento de la esperanza de vida en las tres próximas décadas. Frente al acuerdo de un complejo sistema de coeficientes reductores sobre la cuantía de las pensiones (en lugar de sobre la base reguladora como hasta ahora) para hacer menos atractiva la jubilación anticipada, hubiera sido preferible que estos incentivos formaran parte de un sistema integral que garantizase el equilibrio actuarial y permitiese la jubilación flexible. Además, para poder tomar decisiones bien informadas sobre los costes y beneficios de retrasar la jubilación, es necesario proporcionar información detallada a lo largo de la carrera laboral, algo que sigue sin contemplarse.
El acuerdo deroga también la reforma de 2013 y traslada el déficit del sistema de pensiones al Estado. Primero, las pensiones se revalorizarán con la inflación, pero sin necesidad de medidas compensadoras de ingresos o gastos que aseguren el equilibrio financiero del sistema, como exigía el Índice de Revalorización de Pensiones. Segundo, se sustituye el Factor de Sostenibilidad, que reducía proporcionalmente la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida (salvo retraso en la jubilación), por un futuro Factor de Equidad Intergeneracional. No se conocen sus detalles, pero sí que entrará en vigor a partir de 2027 y que supondrá una menor generosidad, si se quiere que cumpla con su objetivo. Tercero, se reconoce explícitamente que el sistema de pensiones no es autosuficiente y que
el Estado se hará cargo de su déficit. En contra del principio de separación de fuentes, se trasladan al Estado algunas prestaciones contributivas y se destina parte de las cotizaciones por desempleo al pago de pensiones. Por estos conceptos se espera transferir 22.576 millones de euros en 2022 (el 1,7% del PIB), frente a los 13.929 presupuestados para 2021.
Estas transferencias serán previsiblemente insuficientes. El déficit contributivo del sistema era del 1,5% del PIB en 2018, aumentó al 2,7% en 2020 como consecuencia de la COVID-19 y, en base a las previsiones de la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, la recuperación económica prevista será insuficiente para que el déficit disminuya por debajo del 2,5%. El inicio de la jubilación de la generación del baby boom presionará al alza ese déficit durante las próximas décadas, en ausencia de nuevos mecanismos de ajuste que sustituyan a los que se derogan.
En definitiva, aunque el consenso es bienvenido, esta primera fase del acuerdo traslada el problema de sostenibilidad de las pensiones al Estado (en la práctica no supone una garantía diferente a la actualmente existente), aplaza al futuro el grueso de medidas que, dependiendo de su diseño, pueden reducir su déficit y no incorpora otras que asegurarían un sistema más sostenible, eficiente, contributivo, equitativo, autosuficiente y transparente, adoptada por otros países de la UE. Actualmente, hay casi cuatro personas en edad de trabajar por cada una mayor de 66 años para financiar sus pensiones. En tres décadas habrá sólo dos. Mientras no se adopten medidas que contengan eficazmente el crecimiento del gasto en pensiones, se traslada su carga a los jóvenes y aumenta el riesgo de romper el contrato entre generaciones
Fuente: BBVA Research
