El Ejecutivo asume que derogar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad costará 3,5 puntos del PIB. Además, permitir que se usen los mejores años de cotización añadirá siete décimas adicionales
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, justificaba en el Congreso que no se hayan publicado cálculos oficiales sobre el impacto económico de esta reforma tan relevante porque: “Existe alguna incertidumbre, hay algunas cuestiones que son difíciles de precisar con exactitud”. En la memoria de la ley de reforma, el ministerio asegura que “la valoración económica es muy compleja y con mucha incertidumbre, puesto que se trata de un modelo de decisión que dependerá de las circunstancias personales y profesionales de cada trabajador”.
Como veremos en el desglose aún quedan por definir y matizar cuestiones de mucho peso para poder aquilatar los incrementos de gastos e ingresos del sistema y que pueden poner en alto riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Fundamentalmente estas cuestiones son:
- Fijación del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación, probablemente a los 35 años y la opción de elección de los “mejores” 35 años de ese cómputo. También la modificación de la integración de las lagunas de cotización.
- Vinculación de las pensiones mínimas al SMI, pues evidentemente su afección estará en función de como esa “vinculación” se concreta
- Definición exacta de los “gastos impropios de la Seguridad Social”
- Aumento de las cotizaciones máximas y de las pensiones públicas máximas
- Vinculación de las cotizaciones de los trabajadores autónomos a los “ingresos reales”
- Formas de “recuperar” la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social
- Afección de las cuotas (de los trabajadores y las empresas) a los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) sobre las actuales cuotas (también de las empresas y los trabajadores) al sistema de la Seguridad Social.
En definitiva, la reforma Escrivá de las pensiones (“radiada en directo”, eso sí) no hace de momento más que incrementar las dudas de los ciudadanos sobre el sistema y afecta negativamente sobre la credibilidad y confianza en el sistema, precisamente el principal objetivo declarado por el propio ministro de su reforma.
GASTOS
Estimar la cuantía del gasto que implicarán las políticas de incremento del gasto en pensiones es más sencillo pues son cálculos actuariales en los la incertidumbre es básicamente la evolución de la pirámide demográfica. España va algo más retrasada en el envejecimiento de la población que los países líderes de Europa, ya que la transición demográfica a familias con pocos hijos se produjo un poco más tarde.
El aumento del gasto se producirá básicamente por tres medidas: la revalorización con el IPC una vez derogado el IRP, la derogación del factor de sostenibilidad (FS) y la elección de los mejores años de las carreras de cotización para el cálculo de la pensión.
Escrivá explicó en julio en la Comisión del Pacto de Toledo que en el Ejecutivo se sienten “bastante conformes y cómodos” con la última estimación de la Comisión Europea, que prevé que la derogación de la reforma del año 2013, impulsada por Mariano Rajoy, tendría un incremento del coste equivalente al 3,5% del PIB. Si se mide en términos actuales, esto supone un incremento del gasto de casi 39.000 millones de euros.
El incremento del periodo de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación es uno de los puntos que se tendrán que pulirse antes de que acabe el plazo comprometido para aplicar la medida, a finales de 2022.
Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotizaciones. Estos últimos años suelen ser los mejores, ya que los sueldos son más elevados y se cotiza más. A más cotización, más base reguladora y más pensión final. Si el cálculo se remonta a los 35 años la base de cotización baja, ya que en los primeros años de la vida laboral los sueldos y las cotizaciones suelen ser menores, y por lo tanto la pensión es más baja y, en consecuencia, disminuyen los gastos de la Seguridad Social.
Según un estudio de las universidades de Valencia y Extremadura (Devesa y otros) que ha analizado qué ocurriría si se ampliara el periodo de cálculo de los 25 años actuales a 35 años, supondría una bajada media de pensión del 8,8%, muy por encima de la estimada por el Gobierno en sus informes que variaban entre un 6,3% o un 5,45%. También Enrique Devesa considera que sería una buena medida para la Seguridad Social, pero “el efecto acumulativo que se produciría sería lento: en 2050 el ahorro estimado sería del 0,88 por ciento del PIB”.
Además, unido a lo anterior, hay la medida de permitir a los trabajadores que utilicen sus mejores años de cotización para el cálculo de la pensión inicial. Esta medida, que aún no está presentada ante las Cortes, tendría un impacto en términos de gasto de casi 0,7 puntos del PIB, según las estimaciones del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social formado por investigadores de la Universidad de Valencia y la de Extremadura (Devesa y otros).
Una gran duda es cuánto disminuirá el gasto por el desincentivo de la jubilación anticipada y el incentivo al alargamiento de la vida laboral. El propio Escrivá publicó un cálculo, cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que elevaba hasta 1,2 puntos del PIB el impacto que se conseguiría retrasando en un año la edad efectiva de jubilación. Pero posteriormente la propia AIReF rehizo sus cálculos y esa nueva estimación rebajaba hasta el 0,8% del PIB los ingresos en el caso de que se consiguiera retrasar en dos años (no en uno) la edad efectiva de jubilación. Es decir, un rebaja de unos 0,4 puntos del PIB por año, una cifra que es un tercio de la previsión inicial.
Sin embargo, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social es mucho más pesimista y baja hasta un escaso 0,1 puntos del PIB el impacto que generaría el retraso voluntario de un año en la jubilación. El motivo es que, aunque en un primer momento se reduce el gasto, porque el trabajador se mantiene en activo, posteriormente tendrá también una pensión mayor como consecuencia de los incentivos que se incorporan a la ley.
Por último, según una enmienda transaccional al proyecto de Ley del primer bloque de la reforma Escrivá de las pensiones, aprobada ayer en el Congreso, el Gobierno se compromete a impulsar en el plazo de un año desde la aprobación de la ley “modificaciones normativas para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”. La nueva obligación moverá todas las pensiones que se sitúan por debajo del mínimo y que deben ser complementadas para alcanzarlo, un número que asciende a 2,3 millones (prácticamente una cuarta parte del total registrado en el sistema). El impacto económico sobre un sistema es incierto. La cuantía de las pensiones mínimas es fijada por ley y en 2021 asciende a 609 euros en el caso de una pensión por jubilación con menos de 65 años y cónyuge no a cargo. La diferencia con el SMI actual es de 365 euros, un 58% y de hecho, la mayor parte de las pensiones, alrededor de un 60%, se sitúan por debajo del SMI. Si, por ejemplo, se estableciera que las pensiones mínimas deben representar el 80% del SMI actual la prestación de 609 euros del caso anterior debería elevarse en 163 euros mensuales, hasta 772 euros. sin embargo, deja las manos libres a Seguridad Social para determinar en qué medida eleva las pensiones mínimas. Sin embargo, el compromiso asumido es cuidadosamente ambiguo como para servir de baza electoral sin establecer ninguna cuantía.
Aparece en este momento los denominados “gastos impropios del sistema de la Seguridad Social” pues la reforma Escrivá indica cómo deberán acometerse las transferencias al Estado de estos los gastos la separación de fuentes. La imposición general ya asume de forma automática el pago de casi 18.000 millones de euros (entre los que está la financiación de 7.075 millones de complementos a mínimos; 2.772 millones de pensiones no contributivas y 4.471 millones de otras prestaciones o 3.000 millones del ingreso mínimo vital).
Entre estas cuestiones las futuras leyes de Presupuestos incluirán como transferencias del Estado a la Seguridad Social, por ejemplo, 2.879 millones de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor; la reducciones de cotizaciones por valor de 1.690 millones; o los complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos (de viudedad fundamentalmente). Esos y otros conceptos se incluirán de forma automática entre los pagos estatales al sistema de pensiones. Pero el texto en debate indica, al margen de los conceptos citados, “cualquiera otra transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social destinada a la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de Seguridad Social deberá contar con informe previo del Ministerio de Hacienda para poder ser incorporado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
Entre los posibles gastos que deberá evaluar Hacienda en próximos ejercicios está, por ejemplo, una partida de 5.085 millones de euros que en el articulado de los Presupuestos Generales de 2022 aparece como “para financiar otros conceptos” y que la Seguridad Social ha identificado como el equivalente a 1,5 puntos porcentuales de la cotización por prestaciones no contributivas (por desempleo). De la misma manera, el resto de gastos que la Seguridad Social considere que aún debe traspasar al Estado para el Presupuesto de 2023 –unos 5.000 millones más hasta sumar cerca de 23.000– también requerirán el visto bueno de Hacienda. A tenor de todo esto, es de suponer que la disposición de este ministerio para asumir todos estos gastos será menor a medida que se vaya terminando la relajación de la regla de gasto de Bruselas.
INGRESOS
La clave de la reforma de Escrivá es que compensa la subida del gasto con nuevos ingresos. Sin embargo, la mayoría de expertos dudan de la eficacia recaudadora de las medidas propuestas y anticipan que la recaudación adicional no alcanzará el 0,2% del PIB, una cifra que es ínfima si se compara con el casi 1% de incremento del gasto.
Como ingreso fundamental es el efecto de la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) acordado con los sindicatos, por el cual se sube la cotización social en 0,6 puntos. El ministerio sí ha publicado el cálculo del impacto de esta medida: 0,2 puntos del PIB anual hasta 2033. Para poner en contexto este incremento de cotizaciones durante la próxima década, el aumento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos proporcionaría actualmente poco más de 2.000 millones de euros, que representan un 7,1% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones. Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta situarse por encima de los 5 puntos del PIB hacia 2050, un desajuste que el MEI no aborda. Este nuevo mecanismo solo tiene previsto corregir la desviación adicional del gasto que se pueda producir en las próximas décadas por la derogación del Factor de Sostenibilidad y hasta un tope de 0,8 puntos del PIB.
El MEI no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del baby boom, más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema.
El Gobierno ha anunciado que en 2022 negociará una nueva subida de los ingresos por cotizaciones sociales, en este caso, por el incremento de las bases para los asalariados (tanto las mínimas como las máximas) y de los autónomos. Está por ver cuál es el potencial recaudatorio de estas medidas cuando se presenten, pero es casi imposible que puedan compensar el incremento del gasto, que estará ya comprometido este mismo año.
La posible “deuda histórica del Estado con la Seguridad Social” queda recogida en la reforma pues se dará un mes al Ejecutivo para que encargue un informe de auditoría de los ingresos por cotizaciones y los gastos contributivos y no contributivos para discernir los gastos impropios en los que se habría incurrido entre 1967 y 2019. Evidentemente a día de hoy, aunque hay numerosas aproximaciones al respecto, no es posible hacer una estimación del importe de esta “deuda histórica” con un mínimo de rigor
Según los cálculos del economista y eurodiputado Luis Garicano, estas medidas llevarán a España a ser el país europeo con mayor gasto en pensiones en las próximas décadas. Según sus cálculos, el gasto en pensiones ascenderá desde el 12% actual hasta superar el 16% en 2050 y España se colocaría como el país con mayor esfuerzo destinado al pago de las pensiones, utilizando como base las previsiones del ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea. Al perder la oportunidad de hacer ahora una reforma sensata y moderada, nos enfrenta al riesgo de una crisis de deuda que nos lleve a un recorte de las pensiones a la griega.
De ahí que las únicas esperanzas para la sostenibilidad del sistema pase por que la evolución demográfica a futuro sea favorable basándose en el incremento exponencial de la inmigración y que aumente la productividad (mayores salarios).
PUNTOS CLAVE
- Se optó entre otros aspectos revalorizar las pensiones con el IPC traspasando al Estado el déficit previsto de esta medida y la derogación del Factor de Sostenibilidad (FS) que ajustaba las pensiones iniciales al aumento de la esperanza de vida, comportan un incremento del gasto de 3,5 puntos del PIB, a los que hay que añadir algo más de 2 por el déficit contributivo actualmente existente.
- Corregir los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, e incentivar la jubilación demorada, tienen un escaso ahorro potencial.
- El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al derogado FS, que supone incrementar en 0,6 puntos las cotizaciones sociales a la Seguridad Social durante 10 años, entre 2023 y 2032, con la finalidad de aumentar la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (“la hucha de las pensiones”, que en la actualidad dispone de algo más de 2.000 millones) no mejora ni la sostenibilidad ni la equidad del sistema de pensiones, y además reduce su contributividad, cargando la mayor parte del gasto sobre las generaciones más jóvenes, que probablemente tendrán que soportar tasas de prestación (pensión media sobre salario medio) más bajas y un mayor endeudamiento.
Se ha lanzado una moneda al aire que deja el sistema de pensiones con un presupuestario incierto y que el Gobierno no ha querido revelar. Será necesario esperar a los cálculos de la AIReF y la Comisión Europea para tener una estimación oficial del coste real que tendrá esta reforma para las cuentas públicas. Para muchos expertos esta reforma de las pensiones es una huida hacia adelante que pone en riesgo las pensiones del futuro.
