LA PROPUESTA DEL FONDO PÚBLICO DE PENSIONES NO CONVENCE NI A LA PATRONAL NI A LOS SINDICATOS

Los empresarios rechazan la medida por el modelo de gobernanza y critican la presencia de ONG en los comités de control de este vehículo

 

Cabe recordar que este elemento de la reforma del sistema público de pensiones, el impulso de los sistemas complementarios de previsión social, se encuentra recogido en la 16ª recomendación del Pacto de Toledo, y es uno de los requisitos de la Comisión Europea para la llegada de los fondos para la reconstrucción Next Generation, y que según el calendario comprometido con Bruselas la activación del mismo no debería retrasarse más allá de junio de 2022. Según fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “será pronto, aunque no podemos detallar todavía la fecha en que serán aprobados en el Consejo de Ministros, ya que esa decisión corresponde a Presidencia del Gobierno”.

 

Los objetivos del Gobierno son ampliar en las próximas décadas el número de trabajadores cubiertos por un plan de pensiones de empleo, ya que en la actualidad únicamente un 10% cuenta con plan de empresa. Y es que, en España, salvo en el País Vasco, únicamente tienen estos planes colectivos grandes empresas e instituciones. Al depender de la negociación colectiva, numerosas empresas se quedan fuera por no disponer de representación sindical.

 

Tal y como los ha planteado el Gobierno, los planes de pensiones de empleo con promoción pública deberán tener una comisión máxima del 0,30%, una cifra inferior al 0,5% que se había incluido en borradores anteriores del texto. Hay que recordar que, aunque el fondo será público, la gestión la realizará una entidad privada. El nuevo esquema permitiría acceder a los distintos planes colectivos a los autónomos o los funcionarios, además de poner estos instrumentos al alcance de los trabajadores de microempresas, pymes, empresas medianas y empresas, que no disponen de representación sindical.

 

El esquema global del funcionamiento del nuevo fondo ya ha sido objeto de estudio por parte de patronal y sindicatos con un amplio rechazo hacia el modelo. Tanto patronal como sindicatos creen que el proyecto está poco maduro y no incluye suficientes incentivos. Y se quejan además de que no se han introducido cambios sustanciales con respecto a borradores previos, y los que sí se han incluido o son mínimos o dividen más que unen.

 

Entre los cambios se cuenta, por ejemplo, la nueva composición de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de promoción pública, el organismo que supervisará el funcionamiento de los fondos, que será más equilibrada: según el borrador actual, estará constituida por once miembros, de los que 3 serán propuestos por los sindicatos, 3 por la patronal y 5 por el ministerio de Inclusión; en la versión anterior, eran 17 integrantes y el departamento de Escrivá tenía una mayoría absoluta (9) frente a los representantes sociales (4 cada uno).

 

Otro de los cambios tiene que ver con los criterios con los que se efectuarán las inversiones de los recursos depositados en los fondos: a las versiones anteriores que ya señalaban que esas estrategias tendrían que ser socialmente responsables, se añade ahora que tendrán que alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principios medioambientales y sociales europeos, así como “estar en consonancia con la transición justa hacia una economía verde y digital propiciada por la Unión Europea”,

 

Entre las discrepancias que mantiene la patronal con este proyecto está lo que consideran un exceso de intervención pública en el control de los fondos y existe una discrepancia en cuanto al modelo y sobre el impacto que tendrá la articulación de estos planes para los costes laborales de las compañías. De hecho, uno de los puntos que caracterizan los planes simplificados es que el empleador deberá acordar en la negociación colectiva el régimen de aportaciones del trabajador, que podrían ser complementadas por parte de la compañía, lo cual podría impactar en los costes del empleador.

 

Además, otro de los elementos de mayor fricción está en la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro participen de los comités de control de inversiones. Aseguran fuentes empresariales sobre este aspecto, que se trata de un elemento que distorsionaría el aspecto técnico que el Ejecutivo otorga a la nueva herramienta de ahorro. También el sector asegurador ha censurado el modelo de ahorro presentado por el Ejecutivo. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, aseguraba que en una situación demográfica como la que tiene España debería existir una clara apuesta que pasa por el desarrollo de incentivos para los trabajadores y para los empresarios, “y en los proyectos que está tramitando el ministro Escrivá no existe absolutamente ningún incentivo ni para unos ni para otros”.

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