La líder de Sumar ampliaría sus dominios para rematar la reforma laboral. Seguridad Social y Trabajo fueron un único ministerio durante 39 años, entre 1981 y 2020
En las negociaciones del reparto de carteras en el nuevo Gobierno de coalición Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo, no quiere perder espacio para contentar a la mayoría de las sensibilidades internas de su formación, incluido Podemos, que estaría presionando con su desafección al espacio Sumar.
Dentro de su nueva situación Díaz quiere ampliar sus competencias ministeriales asumiendo la cartera que hasta ahora ostenta José Luis Escrivá, sobre el que todo indica que su paso por el Gobierno ha tocado a su fin. Este movimiento de Díaz de acaparar ambas carteras parece estar en consonancia con los planes de Sánchez de reducir el tamaño de su Ejecutivo, que podría perder hasta cinco carteras, entre las que desaparecen, las que se renombran y las que se fusionan. Así Trabajo y Seguridad Social volverían a la situación primigenia que se había mantenido desde 1981, con lo que, si se confirma, Díaz pasaría a controlar un presupuesto en torno a 240.000 millones de euros, los casi 200.000 correspondientes a Seguridad Social y los más 34.000 de Trabajo y Economía Social.
Lo cierto es que las dos fases de la “reforma Escrivá” de las pensiones el marco administrativo de la Seguridad Social está prácticamente cerrado e falta de algunos “detalles” de su desarrollo: la implementación definitiva de los Planes de Pensiones de Empleo (ya acelerados en los últimos días con el nombramiento de los 13 miembros que compondrán el órgano de supervisión de los fondos de pensiones de promoción pública. ……), la espada de Damocles del incremento de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (según la cláusula de cierre de la Disposición Adicional 2ª del RD Ley 2/2023 si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad marcados por el Gobierno), …
Pero la Seguridad Social presenta en sus cuentas “oficiales” un agujero que ha aumentado en 61.000 millones de euros desde 2005. La realidad es que la cifra total aportada por el Estado roza los 39.000 millones de euros, según consta en el presupuesto de la entidad, de los que casi 20.000 millones están dedicados a cumplir con la recomendación del Pacto de Toledo, y el resto para el pago de complementos a mínimos, pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de protección familiar o dependencia y otro tipo de ayudas. Lo cierto es que las cotizaciones sociales ya no dan para pagar las pensiones de ninguna región:
En los que respecta al ministerio de Trabajo, aun queda por concretar los datos de paro reales tras el oscurantismo del ministerio sobre los datos de los fijos discontinuos pues, en cualquier caso, España en el desempleo general y juvenil sigue con líder de Europa e incluso de la OCDE. No obstante lo más concreto y urgente será el desarrollo del tan anunciado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI (contemplado las nuevas modalidades de trabajo, especialmente, las plataformas digitales) y una vuelta de tuerca de las indemnizaciones por despido.
El paro sin resolver: salvaje desempleo juvenil y empleo femenino de baja calidad
Una de las banderas más agitadas por el Gobierno de coalición, especialmente por Yolanda Díaz, es el buen hacer del Ejecutivo en materia de desempleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2023, en España trabajan 21,26 millones de personas, más que nunca a tenor de estos datos. Este optimismo choca frontalmente con los datos de la OCDE. En septiembre, la tasa de paro de los países de la OCDE se situó en el 4,8%. España, sin embargo, lidera este ranking con un 12% de desempleados. Si nos vamos a la tasa de desempleo en menores de 25 años, España tiene un salvaje 29,7% de desempleo en esta franja de edad, lo que triplica la media del resto de naciones. Esta es la realidad de España, un país sin esperanzas de futuro y con un relevo generacional estancado
Del total de 16,384 millones de personas afiliadas al Régimen General, solo el 22% de las mujeres lo hacen con un contrato indefinido y a tiempo completo, frente al 35% de los hombres, una diferencia que confirma la brecha de género que todavía prevalece en España y también brecha salarial. Según los propios datos del Servicio Público de Empleo los contratos de duración inferior a la semana suponen el 21,7% del total de contratos realizados en octubre y en estos momentos, un 33,5 % (uno de cada tres) de los contratos realizados en octubre dura menos de un mes.
El despido como tarea pendiente
PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a derogar la reforma laboral de 2013, sin embargo, la contrarreforma laboral se redujo a cambios de “los aspectos más lesivos” de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en palabras de la propia Yolanda Díaz. El punto sacrificado en el debate fue el despido que se dejó ‘aparcado’ para una modificación posterior, y precisamente, esta decisión propició el voto en contra de EH Bildu, ERC y BNG a la reforma laboral de 2021 que salió adelante gracias a un “error” en la votación de un diputado del PP. Estos grupos de izquierdas de corte independentista promovieron una moción en el Congreso de los Diputados para instar a la titular de Trabajo a modificar el despido, ante lo que Díaz afirmó que el despido restaurativo, es decir, las indemnizaciones que tengan en cuenta la situación personal del trabajador dado de baja era una tarea clave para la siguiente legislatura.
Durante más de 35 años la indemnización por despido improcedente de los contratos fijos se mantuvo en 45 días por años trabajados, aunque la supuesta protección del empleo que a ello se le suponía no impidió tres grandes crisis de desempleo masivo, con cifras cercanas o superiores al 25%, cotas muy superiores a las de países avanzados para los que hubieran resultado inaceptables. La reforma laboral de 2012 vino a modificar, por primera vez, la brecha de incentivos entre los costes de la contratación fija y la temporal mediante una reducción de los costes del despido de los contratos fijos de los 45 días por año trabajado a 33 días. Encarecer el coste del despido de los empleos fijos podría deshacer en pocos meses, lo que costó más de 35 años enderezar. Volveríamos a dificultar la creación de empleo y a obstaculizar el acceso al empleo estable. Se favorecería al segmento más protegido del mercado laboral al coste de poner las cosas más difíciles a los sectores más necesitados de oportunidades y protección. No merece la pena volver a las andadas.
El documento que sienta las bases de la acción política del próximo Ejecutivo también habla de cumplir la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, lo que necesariamente debería implicar que se desarrolle una normativa acorde con el despido restaurativo, según la tesis defendida por los dos principales sindicatos, que han presentado una reclamación en Estrasburgo por esta cuestión. Esta semana UGT ha ido un paso más allá y ha abogado por recuperar una indemnización mínima de seis meses para los trabajadores con menor antigüedad, mientras que los empresarios rechazan de plano tocar este aspecto y critican que los partidos invadan materias propias del diálogo social.
Está por ver si los roces con Podemos no le pasan factura a Sumar a la hora de hacer propuestas, por ejemplo, Nacho Álvarez, que había formado parte del núcleo de Podemos desde hace casi una década al frente de la Secretaría de Economía del partido ‘morado’, ha decidido dejar todos sus cargos y volver a la actividad académica después de que Ione Belarra rechazase la propuesta de Sumar para nombrarlo ministro de Derechos Sociales.
