La Pasarela RETA solo será legítima si es universal, voluntaria, justa y digna
Llevo años viendo cómo compañeros de profesión llegan a la jubilación con una prestación que no refleja décadas de trabajo. Han cotizado durante años en un sistema que el propio Estado presentó como válido, y hoy afrontan una realidad que no se corresponde con ese esfuerzo. A eso hay que llamarlo por su nombre: injusticia institucional. Reconocerla es el primer paso para entender por qué la aprobación de la Pasarela RETA importa, aunque todavía no baste.
El 11 de junio el Congreso aprobó la proposición de ley con 180 votos a favor y ninguno en contra. Con la enmienda 47 incorporada al texto, desaparecen los requisitos más excluyentes: ya no importa si eras mutualista antes de 2013, ni si estabas de alta en diciembre de 2022, ni si ya cobras alguna pensión pública. El universo de mutualistas que pueden acceder a la pasarela se amplía de forma considerable. La Mutualidad de Procuradores valora positivamente estos avances y los reconoce como un paso en la búsqueda de una solución largamente esperada. Las movilizaciones de los últimos meses han servido para algo. La presión colectiva ha corregido un diseño inicial que era demasiado estrecho.
Pero celebrar un avance no obliga a callarse lo que falta. La ley ya ha pasado por el Senado pero no cierra el problema: abre una vía para resolverlo. Y esa vía tiene una llave que aún no existe: el reglamento. Será el Gobierno quien concrete cómo se solicita la transferencia de derechos, cómo se calculan los periodos cotizados al RETA y qué documentación deberá aportar cada profesional. Si ese desarrollo normativo es restrictivo, lento o burocráticamente inaccesible, el alcance que la enmienda 47 logró en el Parlamento puede evaporarse en la ventanilla. No sería la primera vez.
Por eso, desde el Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores entendemos que siguen existiendo aspectos relevantes pendientes de definición. El texto final no puede suponer un retroceso respecto a los derechos y mínimos ya reconocidos o aceptados por el Gobierno en el Congreso. Pedimos justicia y dignidad: una protección equiparable a la del resto de trabajadores autónomos. Una pasarela 1×1 y para todos, universal y voluntaria, que garantice que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en el RETA, sin condiciones que discriminen por edad, situación laboral o momento de acceso.
