Un informe de la organización habla de la necesidad de que España actualice sus normas para atender la diversidad familiar y propone la aprobación de un permiso parental retribuido de varios días al año para atender necesidades de cuidado
La sociedad ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que el marco de protección jurídica y económica a las familias, que ha quedado desfasado. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha elaborado el Libro blanco para un nuevo marco nacional sobre el apoyo y protección familiar en el momento que Ministerio de Derechos Sociales está estudiando la nueva Ley de Familias, y en el que constata que la política familiar ha sufrido «pocas reformas importantes» en las últimas décadas, a pesar de los grandes cambios sociales. El informe insta a España a estudiar la implantación de una prestación universal por hijo y a aprobar un permiso parental retribuido, más allá de los actuales permisos por nacimiento y cuidado del menor.
La ley de 2003 de familias numerosas sigue siendo el único marco jurídico nacional en este ámbito, del todo insuficiente si se tiene en cuenta que el tamaño de los hogares ha ido disminuyendo con los años. La normativa estatal sobre protección a las familias ha estado muy centrada en las familias numerosas, dejando fuera otros tipos de familias con necesidades de apoyo y se subraya que la protección económica y los derechos de los niños cuyos padres no están casados tiene que equipararse por completo a los de los niños que proceden de relaciones matrimoniales. Insta también a proteger especialmente a las familias monoparentales -el 40% se encuentran en situación de riesgo de exclusión social- y a atender el grave problema de pobreza infantil que arrastra nuestro país.
Por su parte el Ministerio de Derechos Sociales propone, entre otras medidas, una prestación universal por crianza de 100 euros al mes (125 en el caso de hogares monoparentales) y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas en lugar de las 16 actuales.
La organización destaca «el bajo nivel» de gasto social en familia e infancia de España comparado con la media de la OCDE y la UE. En 2019, España dedicó el 1,3% del PIB a este gasto frente a la media del 2,3% de la UE. Nuestro país, además, prima la prestaciones en especie sobre las prestaciones en efectivo: el 53% del gasto en familias se dedica a los servicios, en comparación con el 39% en la OCDE. La mayoría del apoyo a la infancia se articula a través de deducciones fiscales, que varían en función del número de niños y sus edades, y que no llegan a todos los hogares dado que aquellos que no realizan la declaración de la renta no pueden beneficiarse de las mismas.
El informe recomienda que se incluyan definiciones de la unidad familiar y tipos específicos de familia. Una definición que haga alusión a la “unión económica o funcional”, es decir, personas que viven juntas y comparten recursos, y no a la “consanguinidad” (individuos que conviven por lazos de sangre, matrimonio o adopción), como hace actualmente España.
Más allá de reordenar y actualizar las políticas familiares, la OCDE hace algunas recomendaciones concretas a España. Una de las más significativas es estudiar las implicaciones de una prestación universal por hijo, que se trataría de ayuda económica directa y sin límite de rentas, que se configuraría por tanto como un derecho universal mientras niñas y niños son menores de edad. En España la única prestación universal que ha existido ha sido el cheque bebé instaurado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 2.500 euros que se recibieron por cada nacimiento entre 2007 y 2011
Para familias vulnerables existen medidas como el ingreso mínimo vital, que acaba de incorporar la posibilidad de solicitar un complemento de infancia de entre 50 y 100 euros.
Otra de las recomendaciones que hace la OCDE es la aprobación de un permiso parental retribuido. Estos permisos son independientes de los de nacimiento, se trata de varios días remunerados al año que madres y padres pueden tomar para llevar a sus hijos al médico, acompañarles si tienen que quedarse en casa por enfermedad o cualquier otra circunstancia.
El informe habla también de reforzar la primera etapa de educación infantil, de a 0 a 3 años, para la que España no cuenta con cobertura pública al cien por cien: «El cuidado y la educación de la primera infancia ya es casi universal a partir de los tres años, pero madres y padres de niñas y niños más pequeños aún pueden tener dificultades para encontrar opciones asequibles para su cuidado formal».
