Las pensiones son el rinoceronte gris de la economía española
Los economistas alertan de que los ajustes en el sistema público de pensiones no pueden seguir postergándose con un gasto que crecerá en total en 6.700 millones de euros a lo largo del año.
Quizá la metáfora más utilizada por los economistas a lo largo de las últimas dos décadas sea la del cisne negro para identificar un suceso imprevisible y con consecuencias catastróficas, como la pandemia del Covid-19. Posteriormente, Michele Wucker introdujo el matiz de catalogar como rinocerontes grises a los eventos que no pueden ser considerados cisnes negros por ser altamente probables, e incluso obvios, pero que sin embargo son ignorados hasta que ya resulta muy tarde. En esta categoría ubican los analistas la situación insostenible del sistema público de pensiones en España.
A pesar del aumento exponencial del gasto del Estado destinado a las prestaciones de jubilación, que ha pasado de representar entorno al 8% del PIB a principios de siglo a elevarse hasta un 12,9% en la actualidad, la mayoría de los dirigentes políticos aseguran que su futuro está garantizado y que se necesitan reformas adicionales para asegurar su sostenibilidad.
Pero la mayoría de los economistas opina lo contrario y advierte de que, si no se toman medidas nuevas a corto plazo, las tensiones en el sistema irán en aumento debido a las proyecciones demográficas. Los expertos de Fedea estiman que en el año 2050 España deberá destinar el 17,1% de su PIB a las pensiones, un porcentaje que el organismo supervisor de las cuentas públicas, la Airef, recorta en un punto, hasta el 16,1%, mientras que el Ministerio de la Seguridad Social que dirige Elma Saiz proyecta que sólo aumentará hasta el 14,5%. Es decir, apenas 1,6 puntos respecto a la situación actual.
Con independencia de qué cálculo sea el correcto, lo cierto es que las propuestas de reforma del sistema de pensiones han salido del debate político. Ningún partido está dispuesto a arriesgarse a enfadar al colectivo más numeroso de votantes en la actualidad (casi el 25% del total), y cuyo peso en el censo seguirá creciendo los próximos años debido al envejecimiento progresivo de la sociedad y la alarmante falta de relevo generacional por el históricamente bajo nivel de nacimientos que registra nuestro país.
El objetivo del consenso
Este año se han conmemorado los 30 años del Pacto de Toledo, un acuerdo que se alcanzó entre los grandes partidos políticos no para excluir las pensiones del debate público, lo cual sería poco democrático, sino para consensuar las reformas que hubiera que hacer en cada momento en función del ritmo del aumento del número de pensionistas y sus prestaciones. La base del acuerdo fue un compromiso solidario y responsable de todos los firmantes para asegurar un sistema sostenible que no se absorbiese cada vez más recursos del Estado. Ese espíritu se rompió con la reforma de 2020, en la que la mayoría de los partidos del arco parlamentario apoyaron vincular por ley la subida de las pensiones a la evolución de los precios. Una medida presentada como garantía de que las pensiones no pierden poder adquisitivo, pero que rompía el equilibrio de los derechos de los pensionistas del presente y los del futuro para privilegiar a los primeros. Desde entonces, el sistema es cada vez menos contributivo (es decir, las cotizaciones de los trabajadores cubren un porcentaje menor del gasto total cada año) y el Estado debe aportar mayores recursos para garantizar el abono habitual de las prestaciones. Este año, aproximadamente 55.000 millones de euros, que es el equivalente al gasto en pensiones de cuatro meses.
Al dedicar un creciente volumen de recursos públicos, y no sólo de cotizaciones, a esta partida se pierde margen presupuestario para otras políticas de componente social. Por ejemplo, la subida de las pensiones de 2023, del 8,5% debido a la crisis inflacionaria, elevó el gasto en 15.000 millones de euros, lo mismo que todo el presupuesto para políticas de vivienda ese ejercicio.
Este 2025 el aumento será sensiblemente inferior pero no desdeñable, de unos 6.700 millones según el Instituto Santalucía. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social descartan que deban implementarse nuevos ajustes para contener la evolución desmedida del gasto público porque el crecimiento del PIB sostiene la recaudación fiscal. Pero el riesgo de que cuando se quiera hacer frente al rinoceronte gris de nuestra economía ya sea demasiado tarde aumenta por momentos.
Una gestión que rompe la equidad entre generaciones
Una de las consecuencias más claras de la última reforma de pensiones ha sido la quiebra de uno de los principios en los que se sustenta el sistema público: la equidad intergeneracional. Es decir, que la carga del sostenimiento financiero del mismo se reparta de forma equitativa entre los contribuyentes presentes (futuros beneficiarios) y los pensionistas actuales. Pero desde que las pensiones se volvieron a indexar con el IPC ya no es así, ya que la garantía por ley del poder adquisitivo de los jubilados, pese a disfrutar éstos de una de las tasas de sustitución más elevadas de toda la Unión Europea (un 77% del último salario frente a la media comunitaria del 44,5%), se hace a costa de reducir el presupuesto de otras políticas públicas que deberían beneficiar a los contribuyentes de menor edad y experiencia laboral. Por eso, algunos expertos los consideran los grandes perjudicados de la gestión actual de las pensiones. Este carácter regresivo de la última reforma de las pensiones de forma paradójica es avalado por formaciones que se autoproclaman progresistas y defensoras de la progresividad fiscal.
LOS EXPERTOS ALERTAN SOBRE LA NECESIDAD DE UN PACTO PARA SOSTENER LAS PENSIONES
El sistema público de pensiones español afronta dos desafíos disruptivos: el envejecimiento demográfico, con la jubilación masiva de la generación baby boom (nacidos entre 1958-1977), y la transformación digital que altera el empleo y la financiación contributiva. Aunque España no es aún una sociedad envejecida —el 20% supera los 65 años, que en 2060 supondrán al 35% en 2060—, el aumento de la esperanza de vida (hasta 91 años para hombres y 94 para mujeres en 2066) y la baja natalidad (1,12 hijos por mujer) presionan el modelo de reparto. La inmigración mitiga el declive poblacional, pero el pico de gasto en pensiones alcanzará el 17,3% del PIB en 2051, el más alto de la UE. Estas son las principales conclusiones del estudio La viabilidad del sistema de pensiones español, presentado hace unos días por la Fundación Justicia Social (FJS). La UE ha puesto un tope del 15% del PIB, mientras España se encamina al 17,1%; el envejecimiento y baja natalidad ponen en riesgo el sistema de reparto
Medidas financieras
El informe propone incrementar ingresos a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una suerte de cotización adicional de solidaridad que pivota sobre bases máximas (hasta 1,2% hasta 2050) y aportaciones estatales crecientes (del 23,3% en 2023). El estudio de la FJS defiende la separación de fuentes financieras, sin autofinanciación estricta, así como la lucha antifraude. Respecto a los gastos, apuesta por reforzar la contributividad con periodos de carencia estables, limita las jubilaciones anticipadas y fomenta demoras voluntarias sin elevar la edad ordinaria de retiro más allá de 67 años. La situación es compleja, pero no hay que tirar la toalla, según los expertos.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, defiende con firmeza el sistema actual, resaltando que hoy es sostenible y se pagan las prestaciones con normalidad, pero subrayando que requiere reformas para garantizar pensiones dignas a presentes y futuros jubilados. A su juicio, el desafío es más de ingresos que de gasto: el sistema absorbe en torno al 12,9% del PIB y la Comisión Europea ha fijado un techo del 15% hasta 2050, mientras las proyecciones apuntan a que España podría acercarse al 17% si no se corrige la trayectoria y pone en valor el Pacto de Toledo como lugar de encuentro de los interlocutores.
Cómo afrontar los retos
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señalan que “las medidas como el MEI o el incremento de las bases de cotización, dirigidas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social vía impuestos —y que no generan derechos a los trabajadores—, merman el principio de contributividad del sistema y no pueden ser la solución a un problema coyuntural como es la descompensación demográfica producida por el envejecimiento de la población”.
Para la patronal, todas las proyecciones de diferentes organismos confluyen en que la situación financiera del sistema va a ser compleja. “Se necesitan medidas para favorecer su sostenibilidad: la Seguridad Social tiene que ser un coadyuvante a la creación de empleo”, defienden. En este sentido, la tendencia general—no solo en España— es hacer compatibles fórmulas de trabajo.
En opinión de CEOE, se necesita mayor apoyo fiscal y en general unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. Además, en la medida en que se acuerdan en el marco de la negociación colectiva, las incertidumbres existentes, como el impacto del SMI en la estructura salarial o los continuos anuncios de reformas, no ayudan a ello.
Alfredo Aspra, socio director de Labormatters, confía en que “los mecanismos implementados hasta el momento contribuyan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones porque parten de la idea de generar nuevos ingresos y reducir los gastos”. Ahora bien, matiza el abogado, “el problema está en su diseño, puesto que “existe una gran desproporción entre lo que se recauda a trabajadores y empresas y lo que retorna a los mismos”. Para el experto laboralista “hay que evitar medidas que desincentiven la contratación de personas trabajadoras o la atracción de proyectos empresariales de calidad, lo que está ocurriendo cada vez más”. Aspra también alerta sobre “unas cada vez más limitadas competencias empresariales de lucha contra el absentismo”.
El abogado subraya que “es imprescindible cuidar y cultivar el estado del bienestar como pilar esencial de un estado democrático, social y moderno desde la solidaridad, esfuerzo y responsabilidad de todos y con visión a medio y largo plazo”, y reivindica remar en la misma dirección para lograr un nivel adquisitivo de calidad cuando se alcance el estado de la jubilación”.
Planes privados
En muchos países europeos los planes de pensiones privados, complementarios de los públicos, son una figura común. En España este modelo no tiene mucho éxito. Joaquín Merchán, los apoya “siempre que nazcan del acuerdo entre sindicatos y empresarios, como ha sucedido en el convenio de la construcción, y que se conciban como un complemento al sistema público”. Merchán subraya que la gestión debe de ser transparente y prudente teniendo en cuenta las limitaciones salariales de muchos trabajadores.
Alfredo Aspra, considera que “la negociación colectiva debería lograr abrir espacios para fijar sus propios planes de pensiones en empresas y sectores atendiendo a sus realidades”. Todo parece indicar, señala, “que este tipo de complementos irán adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el mercado laboral incluso como herramientas de atracción y/o retención de talento” señala.
La CEOE reclama unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. En la medida en que se acuerden en el marco de la negociación colectiva, apuntan, “están más expuestos a las incertidumbres regulatorias.
Este modelo mayor apoyo fiscal y en general unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. Además, en la medida en que se acuerdan en el marco de la negociación colectiva, las incertidumbres existentes —como el impacto del SMI en la estructura salarial entre otras— “tampoco ayudan a ello”.
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