El informe de la Comisión Europea sobre políticas sociales sitúa a España a la cabeza en pobreza infantil, abandono escolar y exclusión social
De entre los 22 que componen el Gobierno de Pedro Sánchez. los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ministerio de Juventud e Infancia, Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones son cuatro carteras cuya función es promover la protección e inclusión social. Sus titulares son Yolanda Díaz (también vicepresidenta segunda del Gobierno), Pablo Bustinduy, Sira Rego y Elma Saiz Delgado, respectivamente.
Tantos organismos y recursos destinados a luchar contra la pobreza con tan pobres resultados. Justo cuando la reputada revista The Economist había designado a España como la economía avanzada con los mejores resultados en 2024, el informe de la Comisión Europea sobre políticas sociales sitúa a España también a la cabeza, pero esta vez en lo que se refiere a pobreza infantil, abandono escolar y exclusión social.
Todo ello tras seis años de Gobierno progresista. Seis años de escudo social. Seis años dedicados a superar los perversos efectos de las recetas neoliberales de los anteriores gobiernos del PP. Y tres años de robusto crecimiento que han permitido a España situarse 5,7 puntos por encima de los niveles prepandemia y que se verán coronados por el avance del 3,1% con el que cerrará este ejercicio, más del triple del 0,9% que crecerá de media la Unión Europea y por delante incluso del 2,8% que crecerá Estados Unidos. Sin embargo, ni las grandilocuentes etiquetas que le pone el Ejecutivo a su acción ni el vigoroso crecimiento registrado por la economía española han servido para corregir esos desequilibrios sociales en lo que se supone debe ser la prioridad de cualquier gobierno que se declara socialmente progresista.
Los perseverantes votantes socialistas que restan importancia a la corrupción de los suyos porque debe ser una inventada de la derecha y la extrema derecha y los medios y jueces afines, o que aceptan la singularidad de la financiación catalana, que rompe la caja común y diezma los recursos destinados a las regiones más pobres, porque están convencidos de que es el precio que pagar para disolver el conflicto. O que ven la Amnistía como un mal menor frente a la llegada de la derecha al poder, aunque quiebre la igualdad de los españoles ante la ley. ¿Mirarán también para otro lado ante el fracaso de la lucha contra la pobreza?
Porque lo cierto es que España se situó en 2023 a la cola en muchos indicadores críticos que comprometen su bienestar social y prosperidad a largo plazo. «España tiene un problema», reconoce el informe. En 2023 la población en riesgo de pobreza y exclusión social subió al 26,5% en general y al 34,5% entre los niños. Unas tasas muy superiores al 21,3% y 24,8% que, respectivamente, de media se sitúan en la UE, sólo comparables a las registradas en Bulgaria en el caso de la pobreza infantil. Bruselas cree que las políticas sociales que aplica el Gobierno tienen unos efectos «poco tangibles». Y achaca gran parte del problema al desafío que suponen las disparidades regionales en el acceso a los servicios públicos. La protección social no es igual en todo el territorio. También a la pobreza laboral (uno de cada tres personas en riesgo de pobreza tiene un empleo que no le permite cubrir las necesidades básicas).
España suspende en 10 de los 17 indicadores: abandono escolar, jóvenes desempleados y que no estudian, desigualdad de ingresos, tasa de empleo y de paro, paro a largo plazo, crecimiento de PIB per cápita, tasa de exclusión social general, de exclusión social en menores y en el índice que mide el impacto de las ayudas sociales.
Los sindicatos mudos ante ¿los logros sociales?
La inflación de los últimos años, la precaria situación de los jóvenes, la pobreza del empleo, el aumento de la pobreza infantil, el fracaso escolar… De noviembre de 2019 al mismo mes de 2024 el IPC subió un 18,2%, según datos del INE. España tiene una tasa de paro juvenil del 24,7%, más del doble de la media de los 38 países de la OCDE. Casi tres millones de personas trabajadoras en España (el 13,7% de la fuerza laboral) está en situación de pobreza. 9,7 millones de personas en España viven con un ingreso medio de 916 euros al mes y la tasa de pobreza infantil ha subido del 30,5% en 2028 al 34,5% en 2023, según la European Anti-Poverty Network. El índice de abandono escolar se situó en el 13,6% en 2023, la segunda más alta de la Unión Europea.
Son los logros sociales que acumula Pedro Sánchez tras seis años y medio de Gobierno progresista. El presidente puede presumir del robusto crecimiento del PIB, apoyado fundamentalmente en el gasto público, pero este apenas ha servido para mejorar la situación de los más vulnerables. ¿Y qué opinan los líderes de estas preocupantes cifras? La hemeroteca revela que más bien poco. Quizás porque su batalla ha sido otra: hacer todo lo necesario para asegurarse la permanencia del actual Gobierno del PSOE y Sumar en el poder.
¿Es necesario aplaudir la ley de Amnistía, aunque quiebre el principio de igualdad ante la ley? Se aplaude. ¿Hay que apoyar el pacto entre el PSC y ERC sobre la singularidad catalana, pese a romper con la solidaridad interterritorial y la redistribución de la riqueza? Se apoya. ¿Es conveniente ir a ver a Carles Puigdemont a Waterloo para darle cariño e intentar suavizar las tensiones entre Junts y el Gobierno? Se va. Por otro lado, ¿qué se puede esperar de unos sindicatos que han tenido actuaciones estelares como la convocatoria de una huelga contra la aplicación del 25% del castellano en las escuelas catalanas a la que obligaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2022, olvidándose de los derechos de miles de familias, la mayoría de origen humilde, o que se ha manifestado con las centrales nacionalistas vascas para pedir el fin de la dispersión de los presos de ETA? Siempre en defensa de los débiles.
¿Es este el papel de los sindicatos? Subvencionados con dinero público, su función está reconocido en el artículo 7 de la Constitución: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». ¿Dónde dice que deben alinearse al 100% con los intereses de un Gobierno de izquierdas en el caso de que este ocupe el poder? Su lealtad es encomiable. Quizás por ello se ha visto muy bien remunerada.
El pasado mes de diciembre y a iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Consejo de Ministros decidió duplicar la subvención a los sindicatos hasta alcanzar un máximo histórico de 32 millones de euros que recibirán en 2025. Casi cuatro veces los 8,4 millones de euros que recibe la Casa Real de los presupuestos generales del Estado. La progresión de la dotación de dinero público a los sindicatos es bastante impresionante: en 2019 y 2020 ascendía a 8,8 millones de euros, en 2021, a 13,8 millones, y en 2022 y 2023, a 17 millones. Según CCOO, «la finalidad de esas subvenciones es fomentar la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores». ¿También las otras actividades? ¿Esas que les hacen funcionar más como un aparato de poder que como una organización al servicio de los trabajadores?
Si las subvenciones han progresado adecuadamente, las afiliaciones no tanto. El porcentaje de trabajadores adscritos a un sindicato ha descendido. Según la OCDE, sólo el 14% de los trabajadores españoles está afiliado, una cifra muy inferior a la media del 30% que sí lo está en el resto de los 38 países miembros de la organización. Y muy lejos del 49% que sí lo está en Bélgica o el 66% de Suecia. El poder de los sindicatos españoles, sin embargo, reside en su papel en la negociación colectiva. En el resto de las economías avanzadas este poder es muy desigual. Así, el 92% de las relaciones laborales están cubiertas por convenios colectivos. En total, 14 millones de trabajadores.
Pero la transformación de las economías avanzadas en las últimas décadas, en las que el peso de la industria ha ido descendiendo y los servicios y las nuevas tecnologías han tomado el relevo, supone un desafío para los sindicatos. El mundo para el que nacieron se ha transformado radicalmente y su papel corre el riesgo de quedar obsoleto. Cada vez son menos los jóvenes que se afilian a un sindicato. Nada de ello, sin embargo, les ha animado a reformarse, como ocurrió en Alemania tras la reunificación, o a mejorar su transparencia y rendir cuentas sobre el uso del dinero de los contribuyentes pese a haber protagonizado repetidos casos de corrupción y mal uso de los fondos ¿Para qué? La fructífera y privilegiada relación que mantienen hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez puede postergarlo sine die.
Fuente:
Violencias sociales, por Victoria Carvajal
Hablemos de los sindicatos, por Victoria Carvajal
