El colectivo de los “viejos” (mayores de 65 años, que era la edad de acceso usual a la jubilación) es un colectivo muy heterogéneo pero considerado por lo general de forma estereotipada y negativa. En España, la jubilación a los 65 años se instituyó en 1919, cuando la esperanza de vida al nacer era de 41 años. Lo sorprendente es que se haya mantenido casi inamovible a lo largo de cien años, con escasos retoques, a pesar de que la esperanza de vida hoy es de 83.5 años (media entre hombres/mujeres). No cabe duda de que el derecho a la jubilación (establecido por Bismark en Alemania en 1889) supuso una conquista social pero, en cualquier caso, es una medida decimonónica que debe actualizarse al signo de los tiempos.
El sistema público considera a las personas mayores –que previamente ha jubilado casi obligatoriamente en muchos casos– como “clases pasivas, pero, sin embargo, estas personas contribuyen económicamente, y mucho, al colectivo intergeneracional. Según algunos estudios centrados en hombres y mujeres entre 55 y 75 años, se ha estimado en más de 100.000 millones de euros anuales la contribución de los mayores españoles en actividades no remuneradas y permiten concluir que, de ninguna manera, las personas mayores pueden considerarse “clase pasiva”, “inactivos” o “improductivos”. Muy al contrario, en una gran mayoría, realizan actividades que contribuyen no solo a sus familias sino a la sociedad en su conjunto.
La visión negativa sobre el envejecimiento y la vejez parece estar generalizada y en lo que respecta a las personas mayores, en los países europeos examinados por la European Social Survey, se ha comprobado que la atribución de la gente mayor suele ser de “baja competencia y alta afabilidad”. La visión de las personas mayores en España indica que más de un 50% de los encuestados consideran que las personas mayores de 65 años: “son peores en el trabajo”, “tienen déficit de memoria” y “son como niños”.
Si la jubilación es un modelo de protección, dentro del estado de bienestar, debería ser compatible con su demora cuando se mantienen no solo el deseo de trabajar sino la capacidad de hacerlo. Por otro lado, habría que tener en cuenta que existen multiplicidad de trabajos que se ven afectados en formas diversas por la edad (trabajos físicos versus intelectuales). Y considerar también que la investigación avala que, en algunos casos, existen efectos nocivos de la jubilación sobre la salud.
Jubilar en función de la edad, independientemente de las características concretas del trabajo, va en contra tanto del individuo como de la necesidad de gestionar una adecuada eficiencia en el trabajo. Dar derecho a anticiparla, pero no a demorarla, parece algo fuera de toda lógica.
Equiparar la crisis del llamado “estado de bienestar” con la crisis del sistema de pensiones, parece un error conceptual. El sistema de bienestar se basa en un principio ético de solidaridad y la crisis del sistema de pensiones procede, esencialmente, al menos de dos hechos demográficos: el incremento vertiginoso de la esperanza de vida (a consecuencia del desarrollo humano y social) y la reducción drástica de la fertilidad. Por lo tanto, compromete a varias generaciones y con todas deben ser abordada dicha crisis.
En consecuencia, se requiere un nuevo pacto social para resolver simultáneamente ambos retos: que se permita trabajar a aquellos trabajadores que así lo quieran (después de la edad ordinaria de jubilación) a la vez que se promueva un sistema de incentivación de la fertilidad, también deseada.
Los argumentos fundamentales a esgrimir para este cambio de la protección social son:
- Derechos humanos: La jubilación obligatoria en función de la edad es discriminatoria
- Demográficos: Las personas viven más y en mejores condiciones físicas y mentales
- Económicos: No existe ninguna amenaza por la JDV dado el escaso número de individuos que, en todo caso, implicaría y, además, el argumento falaz de que se impide el acceso al mundo laboral de los jóvenes que relevan a los mayores no resiste un análisis mínimamente riguroso (“el trabajo NO es una tarta a repartir entre varios”)
- Sociales: La JDV presumiblemente reduciría los estereotipos negativos sobre el envejecimiento y la vejez;
- Psicológicos: Algunos estudios indican que la exclusividad de la jubilación obligatoria supone una amenaza para el individuo a niveles cognitivos, sociales y motivacionales.
Aunque en España ya existen algunas modalidades de Jubilación Demorada Voluntaria -JDV- (jubilación activa, jubilación flexible, jubilación parcial sin contrato de relevo,…), facilitar e incentivar la JDV de forma generalizada además de los efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, permitirá aprovechar el capital humano que constituye este grupo humano y ello, al mismo tiempo, reduciría esa imagen negativa generalizada sobre el envejecimiento y la vejez.
