La aportación fiscal de los altos salarios de los futuros jubilados no encuentra relevo en la incorporación masiva de trabajadores inmigrantes con sueldos bajos
El Gobierno gastará este año cerca de 150.000 millones de euros más de lo que gastó en el año 2018. Nunca antes en la historia presupuestaria de España se había visto un incremento tan exponencial y sostenido del gasto del Estado y nunca antes una fase tan expansiva se solventó sin que el déficit se disparara. Si esta vez ha sucedido así ha sido, principalmente, porque el Estado ha recibido un caudal de ingresos por impuestos sin precedentes, que ha permitido financiar todo ese gasto extra sin volar por los aires el tradicionalmente delicado equilibrio de las cuentas públicas.
Pero estas situaciones tan extraordinarias suelen también ser transitorias y el superciclo de ingresos a mansalva del que ha disfrutado el Gobierno y que le ha permitido gastar sin mirar demasiado la caja empieza a tocar a su fin, lo que ha reavivado las inquietudes de los expertos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. «El envejecimiento de la población y el fin del superciclo recaudatorio ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal», advierte el prestigioso servicio de estudios de las cajas de ahorros, Funcas, en la última edición de sus cuadernos de información económica.
Las amenazas del envejecimiento de la población sobre el capítulo de gastos de los Presupuestos del Estado son bien conocidas, por la presión financiera de la inminente jubilación de la cohorte de población más numerosa de la historia de España, los llamados ‘boomers’, de la atención sanitaria de una población más mayor y por la carga que este fenómeno tendrá también sobre los servicios sociales públicos, como la dependencia. Menos conocido es su potencial impacto sobre los ingresos y, en concreto, sobre la figura que más recursos aporta a la caja del Estado, el IRPF.
El fin de la abundancia
«El envejecimiento ya está incidiendo sobre la recaudación de IRPF, aunque su efecto neto aún no es directamente observable», apunta el investigador Desiderio Román. Argumenta que en los últimos años se ha producido un desplazamiento interno en la base de contribuyentes del IRPF, en virtud de la cual cada vez es menor la relevancia de las rentas de los asalariados y cada vez es mayor la de los pensionistas, con efectos significativos.
«En términos medios, los salarios son más elevados que las pensiones de jubilación», explica el investigador, «pero esa diferencia se ha reducido con la incorporación de los ‘boomers’ a la jubilación».
La razón es que las percepciones medias de los nuevos jubilados, que sitúa en 18.916 euros brutos al año, son muy similares a las de los trabajadores inmigrantes (18.838 euros), que a grandes rasgos son los que explican el fuerte crecimiento del empleo en los últimos dos o tres años y como consecuencia de ello también el incremento de la recaudación por IRPF.
El foco de preocupación reside en la sustitución de la aportación fiscal de los altos salarios que tienen los ‘boomers’ antes de jubilarse por los sueldos más bajos de los inmigrantes, lo que a juicio el investigador de Funcas lleva a pensar que «la recaudación del IRPF se enfrenta a potenciales riesgos estructurales derivados del envejecimiento» y que «la inmigración es un recurso limitado para ayudar a mantener la recaudación y el sostenimiento del Estado del bienestar».
Según sus cálculos, esto hará que en los próximos años hará falta al menos un nuevo trabajador inmigrante por cada ‘boomer’ que se jubile para sostener los actuales niveles de recaudación.
Su análisis apunta a otro factor de incertidumbre, también relacionado con la aportación instrumental de la inmigración al sostenimiento de la salud fiscal de las cuentas públicas. «En las dos próximas décadas, una parte importante de la población trabajadora inmigrante pasará a formar parte de la población pensionada», vaticina, y «es previsible, que una parte relevante de esos 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas», lo que a su juicio plantea un desafío extra para el sostenimiento del estado del bienestar.
En otro capítulo de la publicación de Funcas, el investigador Santiago Lago lamenta que las administraciones públicas no hayan aprovechado el fenomenal caudal de ingresos de los últimos años para poner las cuentas en orden y augura que a partir de 2027 el Gobierno tendrá que realizar ajustes fiscales extraordinarios.
Fuente: La jubilación de los ‘boomer’ destapa una inesperada vía de agua en los ingresos por IRPF
España precisa un inmigrante por cada alta de jubilación para mantener la recaudación
Justo el día después de que el Gobierno anunciara que los ingresos tributarios van a seguir creciendo un 10% este año, Funcas alertó este miércoles de que “la coyuntura económica que ha permitido récords de recaudación y reducir el déficit y la deuda pública se agota y se volverá más difícil a partir del 2030”. Ofrecen una alternativa: “Se necesita un trabajador inmigrante por cada alta de jubilación para mantener la recaudación del IRPF”.
Es una de la ideas que se desprende del informe Dinámica de los ingresos públicos: viento en popa con incertidumbres por el envejecimiento, elaborado por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Funcas Desiderio Romero-Jordán y publicado en los Cuadernos de Información Económica. “El envejecimiento ya está restando ingresos al IRPF y esa presión irá a más; si no se amplía la base fiscal, el aumento del gasto en pensiones hará peligrar la estabilidad”, señala el autor en el informe.
En el texto se detalla la vinculación entre inmigración y sostenibilidad de las pensiones. La primera razón es porque la mayor parte de los nuevos empleos creados son cubiertos por trabajadores foráneos. El número total de ocupados aumentó en España entre el 2014 y el 2024 en 4,3 millones, de los cuales 2,1 millones eran inmigrantes. La segunda razón, detalla Romero-Jordán citando datos de la Airef, es que “la tasa de generosidad de nuestro sistema de pensiones es del 66%”, lo que significa que la pensión media es equivalente a dos tercios del último salario medio.
El problema es que los sueldos de los inmigrantes (que son los que mas se incorporan al mercado laboral) son más bajos que los de la media de trabajadores y, específicamente, que los de los nativos. Esta situación provoca que “la pensión media de los nuevos jubilados (18.916 euros brutos) esté muy próxima al salario medio bruto de un inmigrante”. De ahí que el informe calcule que es necesario aproximadamente un trabajador inmigrante más por cada nueva pensión de jubilación para así mantener la inercia de los ingresos tributarios.
La mejora del IRPF es por un mayor número de ocupados, el alza de los salarios y la progresividad en frío
El otro efecto de la llegada de inmigrantes para el sistema de pensiones –del que no se pueden aún analizar las consecuencias– es el impacto que tendrá la jubilación de los foráneos. En el informe se alerta de que es previsible que una parte relevante de esos 3,5 millones de inmigrantes que llegaron antes del 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas.
En el caso del IRPF, el crecimiento de la recaudación estuvo motivado por “un mayor número de ocupados, aumento de los salarios nominales y el fuerte efecto de la progresividad en frío”. Ese concepto de progresividad en frío es la subida de impuestos que año tras año se da en España al no deflactar la tarifa de la renta. Cuando a un trabajador le suben el sueldo para compensar la inflación, este puede saltar de tramo de la renta y acabar pagando un porcentaje mayor de impuestos. Por lo tanto, pese a no ganar poder adquisitivo su tipo impositivo crece, con lo que aumenta la recaudación para el Estado.
La mejora del IRPF es por un mayor número de ocupados, el alza de los salarios y la progresividad en frío
“Una parte sustancial de esa tendencia es coyuntural, debido al tono fuertemente expansivo de la economía española”, según Romero-Jordán. “El objetivo del estudio es poner el foco en que el envejecimiento va a exigir mayores ingresos”, añade el economista. Precisamente, en otro artículo de la revista de Funcas, el investigador Antonio Fatás detalla que el gasto asociado al envejecimiento aumentará más de cinco puntos del PIB en España de aquí al 2070, mientras que el crecimiento potencial de la economía seguirá limitado por la baja productividad y por el citado envejecimiento de la población activa.
Fatás insiste en que, más allá del déficit de cada año, lo decisivo es “el diferencial entre tipos de interés y PIB, y la solidez de las instituciones fiscales” y que “las economías que crecieron sobre bases sólidas –no sobre crédito fácil ni estímulos temporales– pudieron sostener niveles de deuda más altos a menor coste”.
