FRENTE A LA FARSA DE LAS PENSIONES SE PRECISA UNA DOSIS DE REALIDAD Y RESPONSABILIDAD

La reforma de las pensiones es el asunto más grave y serio que España tiene encima de la mesa. Lo sabemos y Bruselas también. Pero el Gobierno no parece tener interés en coger el toro por los cuernos. De hecho, la mini reforma aprobada no es más que un parche que ha venido a agravar la situación con la indexación de la subida al IPC.

 

La Comisión Europea ha mandado esta semana varios avisos a Sánchez: la preocupación por la abultada deuda pública, la pésima ejecución de los fondos europeos, la necesidad de bajar el gasto público y por encima de todo las dificultades que atraviesa el sistema público de pensiones, máxime después de que el gobierno esté decidido a ligar la subida al IPC y siga sin aprobar algo semejante al factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida.

 

Tenemos que tener en cuenta que las pensiones suponen 4 de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, la friolera cantidad de 180.000 millones €. El presupuesto sobrante debe de hacer frente al sostenimiento del resto del Estado del Bienestar: sanidad, educación, prestaciones en ámbito laboral, prestaciones de ayudas a la vivienda, juventud, ayudas a la actividad empresarial y, por supuesto, al funcionamiento del engranaje del propio Estado y de las CCAA.

 

Con niveles de deuda pública del 140% sobre el PIB y déficits constantes del 6%, el Banco de España ya ha revisado sus previsiones a la baja dado el contexto actual y desde Europa no se acaban de entender las reformas del Gobierno español en este sentido, algo que tampoco comprenden los ciudadanos. De hecho, Bruselas siempre tiene el binomio España-pensiones en la punta de lanza, pues la insostenibilidad del sistema actual de pensiones ya ha marcado numerosos ‘tirones de orejas’ al Ejecutivo nacional. Y es que esta reforma se torna insuficiente, dado que surgen desafíos a los que hacer frente como el envejecimiento de la población o la revalorización, así como una serie de acciones y trabajos para paliar los efectos de la deuda pública, dado que el PIB podría llegar a límites sin precedentes.

 

Las reformas en materia de pensiones tampoco cuentan con el acuerdo unánime de sindicatos y patronal, pues una cuestión en la que ponen el foco es en la irreal utilidad de los beneficios fiscales a la hora de implantar planes que fomenten el ahorro.

 

Debemos tomar conciencia y reconocer que se ha ido ‘parcheando’ el sistema de pensiones, retrasándose la edad de jubilación pero la verdadera realidad es que estamos ante un problema existencial al tener trabajadores cada vez con edades más avanzadas y con una gran dificultad, por parte de los jóvenes, para acceder al mercado de trabajo. Y aquí se abre paso otro problema a acometer: la fractura social por la descompensación entre lo que cobra un pensionista y un trabajador en activo, puesto que según el INE 4 de cada 10 trabajadores cobran menos que un jubilado medio, lo que no se puede contemplar de cara a una eficiente sostenibilidad.

 

Por tanto, se necesita por parte de todos los actores que intervienen en la toma de decisiones del presente y futuro de las pensiones que tengan en todo momento el compromiso, la generosidad, la profesionalidad, una patente veracidad de los hechos y de los caminos a seguir, así como una gestión eficiente y eficaz tanto de los gestores públicos como privados.

 

La realidad es que el agujero del sistema ya está en 100.000 millones €, las cotizaciones no son suficientes para el equilibrio de las cuentas y en breve la partida de gasto en pensiones rondará los 150.000 millones

 

De lo que no hay duda es de que el sistema hace aguas por todos lados y algún día por convencimiento o por obligación habrá que decir a los ciudadanos la verdad y que la pensión de jubilación acabará siendo, con las correcciones pertinentes, de alrededor de la mitad de la actual. Lo han hecho muchos países y España tendrá que hacerlo más pronto que tarde. Seguir con la farsa de que no pasa nada y que todos tienen garantizada la pensión en los términos actuales es muy grave. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad para poder tomar decisiones sobre su futuro.

 

En definitiva, la necesidad de tener sentido común a la hora de afrontar las necesidades reales de los próximos futuros pensionistas que no han tenido ni la oportunidad ni la capacidad de afrontar esta realidad, ya que el sistema ha garantizado hasta ahora la seguridad de una pensión suficiente para tener una calidad de vida digna en los últimos años de una vida de esfuerzo y trabajo.

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