Primero vino la disolución de las Cortes 29 de mayo por la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio tras la catástrofe socialista en las elecciones autonómicas y municipales. Después de las habituales vacaciones parlamentarias de agosto el nuevo Congreso se constituyó el pasado 17 de agosto. Posteriormente vino una investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo el 27 de septiembre y tras ella se inició una negociación para la de Pedro Sánchez que no acaba de cerrarse y cuyo plazo finaliza el 27 de noviembre. En definitiva prácticamente medio año en “tierra de nadie”. En Nueva York, durante el plenario de las Naciones Unidas del 29 de septiembre, el presidente advirtió de que en cuanto recibiera el encargo del Rey para someterse a la confianza de los diputados abordaría “con total franqueza” su postura sobre la negociación con Junts y el resto de partidos independentistas. Pero la ronda empezó el 9 de octubre y finalizó el 13 sin dar explicación alguna.
El 3 de octubre, cuando el Rey encargó a Pedro Sánchez buscar los apoyos que le permitan revalidar el gobierno el PSOE se metió un chute de optimismo: la investidura era posible. Tan solo había que negociar y hablar con “discreción. Pero todo parece desmoronarse y la investidura del secretario general socialista está “atascada”. Incluso los socialistas comienzan a impacientarse después de que el presidente haya roto todos sus compromisos con el calendario. Casi nadie sabe qué se está negociando y en qué términos.
Lo cierto es que poco a poco, Sánchez ha roto cada uno de los plazos que se puso en el calendario para explicar la amnistía. En septiembre, el aparato de persuasión del Ejecutivo se escudaba en que era el momento de Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, no era oportuno enfocarse en la medida de gracia
En la última semana de este octubre se han introducido variaciones en forma de muletilla: “Si se logra; si hay acuerdo; si llegamos a un pacto,…”. Nada de esto se decía la primera semana de octubre. De manera que el Ejecutivo ya se adentra en el escenario de la repetición electoral sin tapujos. Da la sensación de que Moncloa está abonando el terreno del reparto de culpas para explicar a los españoles por qué tendrían que volver a votar el próximo 14 de enero bajo la resaca de la Navidad si finalmente no hay acuerdo.
“Lo primero es sacar el acuerdo. Nunca se dijo que fuera a ser ni fácil ni rápido”, explican. Lo cierto es que sencillo no parecía, pero que Sánchez buscaba un pacto temprano porque urgía que España tuviera un gobierno en plenas facultades y porque había que poner en evidencia el dilatado tiempo que Feijóo dedicó durante todo septiembre a unas negociaciones que se sabían fallidas de antemano antes de su investidura ‘fake’. Ahora todo apunta que será en la segunda quincena de noviembre, a punto de expirar el plazo constitucional, cuando Sánchez se someta al plácet del Parlamento.
Lo cierto es que ha pasado otra semana sin fecha para la investidura de Pedro Sánchez. Y ya van tres. La ansiedad provocada por la falta de información sobre las negociaciones con los grupos parlamentarios para investir al líder socialista ha llegado a las filas del PSOE mientras la Moncloa trata de frenar la zozobra al tiempo que ultima los detalles con Sumar para anunciar esta próxima semana el acuerdo de coalición con la formación que lidera Yolanda Díaz, quien reclamará seguro una escenificación del pacto con el presidente en funciones.
Después de haber descartado la redacción de un acuerdo político con todos los grupos que apoyarán la investidura de Sánchez “por la complejidad que entrañaba”, en el PSOE hay dirigentes territoriales que perciben “un ambiente de mayor preocupación” entre los cuadros en la medida en que parece que no se avanza y que la derecha de Feijóo “ha decretado un mitin permanente en base a un mismo argumentario”, que es el que desplegaron todos sus líderes territoriales el pasado jueves en el Senado en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Cuestiones en debate en el acuerdo PSOE-SUMAR
La crisis de Oriente Medio ha introducido un exceso de ruido entre los socios de la coalición de gobierno en funciones por la insistencia de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en desmarcarse de la templada posición oficial del Gobierno para no abrir una crisis diplomática con Israel. En el PSOE entienden que los dirigentes de Podemos han encontrado en la agenda un asunto que “les permite enhebrar un discurso propio al margen de Sumar y recuperar el protagonismo perdido en los últimos tiempos”, pero que nada hará descarrilar las negociaciones por reeditar la coalición.
Lo que es un hecho es que Yolanda Díaz pretende seguir izando la bandera de las políticas sociales y de redistribución fiscal durante los próximos cuatro años y, en el PSOE, donde entienden que “es fácil hacer demagogia con estos asuntos”, están por la labor de que ocupe mejor ese espacio antes de que interfiera en otros asuntos de Estado, donde la competencia seguirá siendo en exclusiva de la parte socialista del gobierno.
El objetivo inicial del equipo negociador de la vicepresidenta segunda era promover por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas en 2024. El viernes por la noche ambas partes se cruzaron documentos mutuos y el PSOE seguía defendiendo que la reducción del horario laboral debería ir ligada a la productividad. Más complicado será acercar posiciones a la exigencia de los de Díaz de convertir en indefinido el impuesto temporal sobre la banca que el Gobierno de Sánchez aprobó para los ejercicios 2022 y 2023 con el propósito de recaudar 15.000 millones de euros. El dilema del PSOE es justificar por qué un impuesto a los desorbitados beneficios del sector y no a los de la energéticas o las tecnológicas.
Sumar también reclama que se incluya en el acuerdo una subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio real, actualizado en función de la inflación, así como una reforma del Estatuto de los Trabajadores que haga por ejemplo más difícil el despido en sectores en colectivos con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Sobre la mesa de negociación ha estado la posibilidad de crear un SMI territorializado ante la hipótesis de que una subida global pueda afectar al empleo en comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía, donde podría dispararse la economía sumergida.
¿Nuevas elecciones?
Pero nada hay que haga pensar que el Gobierno trabaja ya en la posibilidad de una repetición electoral, a pesar de informaciones que han apuntado lo contrario y de que nadie oculta que el diálogo con Puigdemont es un campo de minas que puede estallar en el momento más inesperado.
El equipo del presidente no se plantea con la amnistía ningún gran acto similar al que Sánchez protagonizó en el Liceu de Barcelona para explicar los indultos en junio de 2021: “Aquel [en referencia a los indultos] eran un tema que dependían única y exclusivamente del Gobierno. Y esto [por la amnistía] no es un tema de Gobierno. Esto es un tema que depende de partidos políticos y de varios grupos que tienen que votar una investidura”, aclaran fuentes del núcleo duro de Moncloa, que siguen vendiendo optimismo: “Las piezas encajarán. Mientras tanto, seguimos trabajando“.
Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras están en la fase de alumbrar un negocio o un timo. Si hay negocio, todos estarán contentos. Y si hay timo, confían en que quien resulte timado sea el otro. Que Junqueras y Puigdemont acepten negociar la investidura de Sánchez muestra una evidente voluntad de sostener en el poder al líder socialista, que ha demostrado su virtuosa capacidad para prometer con enorme firmeza una cosa y hacer su contraria a lo largo de los más de cinco años de estancia en la Moncloa: negarse a gobernar con Podemos y gobernar con Podemos, negarse a pactar con Bildu y pactar con Bildu, negarse a indultar a los condenados e indultarlos, y en este plan. Ahora, Sánchez negocia con Puigdemont, a quien se comprometió a traer a España para conducirlo ante un tribunal. Y le ofrece la amnistía, que hoy es constitucional, pero que hasta el 20 de julio, tres días antes de las elecciones, –según declaraciones de Sánchez en La Sexta– era inconstitucional.
Eso sí, mientras Sánchez hace cábalas sobre cómo sacar ventaja los españoles, como siempre, somos los grandes perjudicados. Este Gobierno nos está cubriendo de vergüenza todos los días y, lamentablemente, nosotros permanecemos inalterables pensando que bueno, que ya pasará. Pero es tal la gravedad de lo que está sucediendo, que mucho nos tememos que corremos el riesgo de que esta vez este despropósito no acabe así como así. La falta de escrúpulos en tiempos de calma puede pasar desapercibida, pero en tiempos convulsos como los que vivimos son un auténtico peligro. Si las cosas siguen por este camino Pedro Sánchez puede pasar de ser un escollo temporal en la buena marcha del país a un auténtico enemigo de España y de los españoles. La hora de permanecer callados ya ha pasado.
