Cuenta atrás para la primera huelga de la historia del colectivo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo está presionando para que el departamento de Hacienda desbloquee el acuerdo suscrito con los sindicatos en julio del año pasado de refuerzo de plantilla y material del cuerpo con el fin de evitar su huelga el próximo 30 de marzo.
A pesar de los intentos el acuerdo sigue bloqueado y sin novedades pese a la convocatoria de movilizaciones y huelga por parte de ocho sindicatos, y a pesar de que el Plan estratégico hasta el 2023 de la Inspección quedó aprobado en Consejo de Ministros y la Ley de Presupuestos para el 2022 recoge la partida presupuestaria necesaria para financiar la revisión comprometida.
Las movilizaciones de protesta y de la primera jornada de huelga general en la historia del colectivo se convocan por parte de ocho organizaciones de trabajadores representantes de buena parte de la plantilla de Inspección de Trabajo y Seguridad Social —CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—
Las organizaciones convocantes defienden que se ha mantenido una posición «excepcionalmente moderada» en lo que a las exigencias de aplicación del acuerdo suscrito el pasado mes de julio por el Ministerio de Trabajo ante ocho meses de retraso, pero «se ha llegado a un punto en donde solo puede concluirse la voluntad del Gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla».
Por su parte, Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, el 45% del colectivo, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.
En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.
Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.
Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.
En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.
Fuente: Economía digital
