La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga

Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros

La Inspección de Trabajo está detectando irregularidades en uno de cada seis ERTE que investiga, lo que le ha llevado a imponer sanciones por valor de casi 22 millones de euros y a poner en marcha procesos de regularización que afectan tanto a las ayudas y salarios percibidos por los miles de empleados afectados por esas infracciones como a las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social de las que se han beneficiado las empresas.

Los inspectores han cazado haciendo trampas a 4.588 empresas de las 29.047 cuyos ERTE han supervisado, lo que ha conllevado el levantamiento de actas de infracción por valor de 21.965.703 euros.

Esas cifras, a falta de cerrar otras 7.518 inspecciones, sitúan la sanción media en 4.787 euros y revelan al mismo tiempo una ralentización y un endurecimiento de las actuaciones conforme estas se van cerrando, por la mayor complejidad de los expedientes.

Madrid es líder en sanciones y Málaga en gravedad

Los datos de la Inspección revelan una elevada disparidad geográfica en cuanto a la frecuencia y la gravedad de los fraudes cometidos con los ERTE, aunque sí ofrecen algunas pautas como una mayor incidencia en territorios en cuya economía tienen un elevado peso el turismo y/o la industria, caso del litoral mediterráneo o Canarias.

Madrid, que también ha sido el territorio cuyo tejido empresarial más ha recurrido a los expedientes, se sitúa como la provincia, en cuanto comunidad uniprovincial, con mayor número de infracciones al alcanzar las 450 de un total de 2.408 inspecciones concluidas.

Esa cifra prácticamente duplica a la registrada en Barcelona (229), donde el recurso a los expedientes tuvo una intensidad similar, mientras que la tasa de fraude sobre el número de empresas inspeccionadas de Madrid (18,6%) se ve claramente superado por el de provincias como Alicante (32,5%), A Coruña (28%), Zaragoza (26,4%) o Málaga (23,4%).

En cuanto a la cuantía de las sanciones y la gravedad de las infracciones, lidera la clasificación Málaga, donde 253 empresarios acumulan multas por valor de casi 2,5 millones de euros, lo que da una media de 9.682, muy superior tanto a la media del país como a las registradas en otras zonas de especial intensidad como Zaragoza (5.965), Balears (5.348) o Tarragona (5.512).

El promedio se queda en 2.752 en Madrid y en 4.155 en Barcelona, mientras que dos territorios de la España vacía, Teruel y Cuenca, son los únicos en los que la Inspección no ha detectado infracciones en la tramitación ni en la gestión de los ERTE. En el primero de ellos, tras haber concluido las indagaciones programadas.

Las seis infracciones más frecuentes

El fraude más habitual en los ERTE ha sido la actividad de trabajadores en horas o días de suspensión del contrato, ya sea por imposición de la empresa o por connivencia entre ambos, una infracción cuya detección se complica cuando los empleados teletrabajan. Eso ha llevado a la Inspección a comprobar la actividad de las conexiones VPN (redes en remoto) y a cotejar las horas de los correos electrónicos cruzados entre estos y con sus mandos.

En esos casos, y sanciones al margen, el trabajador debe devolver las prestaciones recibidas mientras el empresario, que ha de hacer lo propio con las cuotas de la Seguridad Social de cuyo pago había sido eximido, se hace cargo de los salarios que inicialmente había cubierto el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) con una rebaja del 70%.

La campaña de chequeo también ha detectado episodios de contratación de trabajadores con los de la plantilla en ERTE, la realización de horas extraordinarias en lugar de rescatar del expediente a empleados e incumplimientos de la obligación de comunicar las salidas al SEPE con el fin de suspender las prestaciones y las bonificaciones.

Otras dos infracciones relativamente frecuentes tienen que ver con el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, una obligación que se renovaba cada vez que la empresa llevaba trabajadores al ERTE y cuyo incumplimiento conlleva la pérdida de todas las bonificaciones del seguro (no solo las de los despedidos), y con la prohibición de despedir antes del 31 de mayo, ceses que los juzgados de lo Social han comenzado a declarar nulos.

Fuente: Público

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