No es una coincidencia que los países donde más liberalizado y menos costoso es el despido son los que registran un mayor crecimiento de su renta per cápita y un menor nivel de paro
El elevado coste de las indemnizaciones por despido contribuye a que el español sea uno de los mercados menos flexibles de la OCDE.
Todos los puestos de trabajo están expuestos en mayor o menor medida a continuas innovaciones técnicas o gerenciales y a cambios de las preferencias de los consumidores. Las empresas tienen que innovar continuamente para mantener o mejorar su beneficio e intentar así crecer o al menos sobrevivir. Las que mejor lo hacen ganan cuota en sus mercados correspondientes, otras que no lo hacen tan bien mantienen o reducen su tamaño y otras desaparecen.
La reciente “prohibición de despedir” a las empresas que reciban algún tipo de ayuda estatal, al igual que prohibiciones análogas promulgadas durante la pandemia, es un ejemplo especialmente ilustrativo de la ideología laboral dañina, por contraproducente, de la coalición que nos gobierna. Contraproducente porque estas medidas terminan ocasionando más destrucción de puestos de trabajo y mayor desempleo de los que habría en su ausencia.
Es obvio que si las empresas que reciben ayudas deciden despedir es porque tanto lo uno como lo otro les ayudan a sobrevivir. Prohibirles despedir sólo servirá para aumentar la probabilidad de que muchas empresas desaparezcan, desperdiciándose así las ayudas desembolsadas y originándose pérdidas de empleo superiores a los despidos que se hubieran podido producir.
Igualmente debería ser evidente que estas medidas desalentarán la creación de empresas y la expansión de empleo ante el temor de no poder ajustar sus plantillas si las cosas van peor de lo previsto. Además los elevados costes de despido existentes en nuestro país tienen graves consecuencias en el funcionamiento del mercado de trabajo.
Lo primero que hay que señalar al respecto es que los flujos de creación y destrucción de empleo a lo largo de un determinado periodo, por ejemplo un año, son mucho mayores de lo que la opinión pública (y la mayoría de políticos y más de un economista) piensa. Consideremos, por ejemplo, el año 2019, en el que según el INE el empleo creció un 2,7% y se crearon aproximadamente unos 400.000 puestos de trabajo.
Estos datos se refieren a la creación neta de empleo, esto es, a la diferencia entre el total de puestos de trabajo creados y los puestos destruidos. En realidad se crearon muchos más puestos de trabajo, alrededor de unos 2,5 millones y se destruyeron un poco más de 2 millones. Esta destrucción se produjo a través de despidos y de la desaparición de empresas. En términos generales, en los países de la OCDE cada año se destruyen y se crean alrededor de un 15% del total de puestos de trabajo existentes al comienzo del año y se destruyen y se crean alrededor de un 10% del total de empresas, aumentando o disminuyendo el empleo según sean mayores o menores unas cifras u otras.
Los puestos de trabajo que se destruyen se “sustituyen” por los puestos de trabajo más productivos que se crean, ya sea en la misma empresa o en otras empresas del mismo o de otros sectores de actividad. Así pues, cuanto más se dificulta el despido, más se restringe la creación y la recomposición del empleo más eficiente, con lo que se limita el proceso de “destrucción creadora” y consecuentemente el aumento de la productividad y del nivel de vida del país. Por eso, no es una coincidencia que los países donde más liberalizado y menos costoso es el despido, los países escandinavos y los del centro de Europa son los que registran un mayor crecimiento de su renta per cápita y un menor nivel de paro.
Indemnizaciones por despido y flexibilidad laboral en la UE
La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012 rebajó la indemnización por despido improcedente, que pasó de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días y 24 meses, pero incluso así España se mantiene a la cabeza de la Unión Europea en el coste de la extinción.
La indemnización por despido media en España es de 15,2 semanas de salario. Las cuentas concretas varían en función de su antigüedad: si se tiene 5 años de antigüedad en la empresa el coste es de 14,3 semanas, y si se tienen más de 10 años de antigüedad la cuenta se dispara a las 28,6 semanas. Los sucesivos Gobiernos han optado por mantener altos los costes de despido para contener el desempleo y no tener que costear subsidios con cargo al erario público.
No hay un caso igual en toda la Unión Europea, según las estadísticas actualizadas de la OCDE. Ni siquiera en la garantista Francia: en los dos ejemplos anteriores, los empleados franceses perciben indemnizaciones equivalentes a 5,4 y 10,8 semanas, respectivamente.
En el extremo opuesto se encuentra Dinamarca, donde el coste del despido es cero. No importa los años que un empleado lleve en la empresa y ni siquiera existe la obligación de notificar la extinción del contrato con preaviso. Es posible adquirir ciertos derechos si se negocian por convenio colectivo o bajo la ley salarial danesa. En ese caso, la prestación recibida podría variar de una a seis semanas de sueldo en función de la edad del empleado, su antigüedad o las condiciones laborales. Esta flexibilidad del mercado laboral va acompañada de un sistema de garantías públicas envidiable pues el Gobierno invierte el 32,2 % del PIB en protección social, una cifra que solo supera Francia, con un 34,1 %.
Finlandia no establece la obligatoriedad de indemnizar al trabajador (eroraha), pero dispone de un buen colchón de ayudas públicas para evitar que quienes salen del circuito laboral se vean desamparados (invierten el 30,6 % del PIB en protección social). Suecia tampoco exige al empresario abonar pago alguno cuando se rescinde el contrato de un trabajador, aunque es habitual que las dos partes lleguen a un acuerdo de compensación que suele oscilar entre 6 y 15 semanas de salario. Austria y Bélgica no contemplan el pago de una indemnización, pero establecen plazos exigentes de preaviso que deben estar cubiertos y remunerados.
Los alemanes se acercan a los costes de despido españoles: la indemnización es de 10,8 semanas si alcanzan los 5 años de antigüedad y hasta 21,7 a partir de los 10.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha elaborado un informe en el que se recoge la indemnización por despido por regulación de empleo de un trabajador con diez años de antigüedad en la empresa, comparando los 28 países de la Unión Europea (UE). La clasificación se expresa en indemnización por semanas de salario. España lidera el ranking de países europeos que supone un mayor coste por despido a la empresa con una indemnización de 28,6 semanas de salario. Muy de cerca, se encuentra el país vecino Grecia con 26,0 semanas indemnizadas, a pesar de ser los dos países que tienen el mayor nivel de paro de la UE. Y coincidiendo en tercera posición con una indemnización de 21,7 semanas se encuentran Alemania y Lituania.
En este sentido, todos los análisis apuntan a que si bien se han llevado cabo modificaciones en la ley que rige el mercado laboral, no se ha reformado el sistema de protección al desempleo existente, y que es uno de los más generosos en términos de tasa de sustitución de la prestación respecto al último salario percibido además de ser uno de los modelos más prolongados, con hasta dos años de duración de la prestación entre todos los países de la Unión Europea. Ello incide de manera directa en los incentivos de los parados a buscar de manera activa un puesto de trabajo, prolonga de manera artificial la duración del desempleo y resta posibilidades de entrar al mercado laboral.
