LA HUELGA VUELVE COMO HERRAMIENTA DE NEGOCIACIÓN CON LA INTENSIDAD DE HACE UNA DÉCADA

La tendencia empresarial a la congelación salarial en plena escalada inflacionista fuerza a plantillas y sindicatos a recurrir a este instrumento de presión en la negociación colectiva con una media de más de 1.500 afectados por jornada.

 

La huelga nunca ha sido un fin en sí mismo, sino un instrumento para equilibrar las relaciones de fuerza en una negociación, es una herramienta. Esa herramienta está siendo cada vez más utilizada por los trabajadores, y por los sindicatos que les representan con en el creciente goteo de conflictos laborales que se está dando en los últimos meses por todo el país y pese a que, por ley, cada jornada de paro les supone la pérdida proporcional del salario y las cotizaciones.

 

Según los datos de los ministerios de Trabajo y de Inclusión, un total de 194.603 trabajadores secundaron entre enero y noviembre huelgas en las que se perdieron 505.965 jornadas de trabajo (1.514 diarias, 10.604 semanales). De mantenerse el ritmo, el primer registro sería el mayor desde los 207.316 de 2012, cuando, en el primer año de su aplicación, la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy allanó los despidos colectivos tanto como para llevarse por delante un millón de empleos en un lustro. Mientras, el segundo solo se vería superado por el de ese ejercicio, cuando se llegó a 758.866.

 

Muchos de aquellos conflictos estaban relacionados con ERE, con despidos y con otras situaciones que propició la reforma laboral, como las bajadas de sueldos. Eran movilizaciones defensivas ante una agresión, y se daban en un contexto de fuerte destrucción de empleo.

 

El marco es otro ahora, aunque el actual no deja de ser la evolución natural de tres factores: la reivindicación de los convenios en un escenario de revitalización de la negociación colectiva, la falta de un ANC (Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva) que sirva para pacificar las negociaciones, y un IPC disparatado y disparado que afecta a los productos más esenciales y que presiona a la baja los salarios reales.

 

Había 1.200 convenios pendientes de cierre al acabar el año, y a esa cifra van a sumársele los que vencen este año. El ANC, que solía renovarse cada año, es un acuerdo que suscribían los dos mayores sindicatos de clase (UGT y CCOO) y las principales organizaciones patronales (CEOE y Cepyme) y que, entre otros contenidos, incluía una recomendación de subida salarial para las negociaciones sectoriales y de empresa que fueran a desarrollarse a lo largo de ese ejercicio. Sin embargo, ya van dos años sin ese instrumento (el último es de 2020), un periodo que, por otro lado, coincide con la reactivación de la actividad tras la pandemia y con un alza de precios desconocido como consecuencia de las prácticas especulativas desatadas al socaire de la guerra de Ucrania. Mientras los poderes públicos actúan, los trabajadores siguen pagando bienes, servicios y suministros a un precio cada vez mayor, lo que es el otro factor clave de ese aumento de la conflictividad laboral.

 

Además emerge un grupo en el que se encuentran los trabajadores más precarizados, como los riders, las kellys y las empleadas del hogar, quienes ante su debilidad y la imposibilidad de negociar, en lugar de dirigirse a sus empresarios se han dirigido al Estado para que la negociación que les ampare llegara a través de una ley. Su postura lógica y coherente consiste en generar debate hasta que el Gobierno reacciona.

 

Resulta llamativo, por otro lado, el grado de movilización que se está dando en la Administración, cuyos distintos ámbitos aportaron de enero a noviembre más de la cuarta parte (29,8%) de los trabajadores que pararon y de la quinta (22%) de las jornadas que se perdieron, unos registros que subieron en el último mes del año.

 

No es el único dato sorprendente. Hay otros, como una tendencia a la feminización de la huelga por la movilización de nuevos colectivos precarizados y por la amplia presencia femenina en sectores de la Administración como la sanidad y la enseñanza, o, también, las diferencias en la composición de las mesas de negociación según de qué ámbito se trate.

Así, de los 1.024 convenios sectoriales cerrados el año pasado, 686 llevaban la firma de CCOO, 633 la de UGT y 489 la de otros sindicatos, mientras que en los 750 de empresa las rúbricas fueron 432, 380 y 389, respectivamente, con un peso notablemente mayor de las organizaciones de menor tamaño.

 

En cualquier caso, los datos sobre la negociación colectiva arrojaban al cierre del año pasado la segunda menor cifra de la década en aprobación de convenios y de trabajadores protegidos por ellos, en ambos casos solo superior a la de 2020, el año de los confinamientos y el parón de la actividad. Ahora parecen apuntar más a un aumento que a una disminución de la conflictividad.

 

Fuente: Público

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