De la reforma del modelo dependen los servicios públicos que ofertan las comunidades
Los ajustados resultados del 23J y el papel indispensable que los partidos soberanistas catalanes tendrán en la formación del futuro Gobierno –el País Vasco, al igual que Navarra, tiene un régimen fiscal propio– no deberían condicionar ni enturbiar la negociación y la eventual reforma debería llevarse a cabo una vez que se haya constituido el Ejecutivo y tendría que conseguir el visto bueno de PSOE y PP, los dos grandes partidos.
El sistema de financiación de las 15 comunidades de régimen común de España es una pieza fundamental en la articulación del Estado de las autonomías que no está bien resuelta. El esquema vigente, cuyas reglas datan de 2009 con el compromiso de actualizarse en 2014, está indiscutiblemente desfasado lo que ha venido situando a Cantabria, Baleares y La Rioja siempre en la parte alta de la asignación de recursos, mientras que Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han estado tradicionalmente infrafinanciadas.
Tras una década con el modelo caducado, las elecciones del 23J han vuelto a poner sobre la mesa la idea de una reforma y el debate sobre las quitas de deuda para las comunidades. Por ejemplo, la Generalitat tiene una deuda de 70.000 millones con el Estado por el FLA. Todos los partidos independentistas catalanes coinciden en que el llamado “déficit fiscal” (es decir, la parte que no regresa de los impuestos cobrados en Catalunya) es un concepto que ha estado en boca del soberanismo desde hace más de una década.
Las comunidades recaudan por los impuestos cedidos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o el juego), así como por su participación en impuestos estatales (50% del IRPF o IVA, 58% de los impuestos especiales o 100% del impuesto a la electricidad. El 75% de lo que recaudan va a una ‘caja común’, que se completa con fondos del Estado. Es el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y es el eje central del sistema de financiación, al que luego se le suman otros fondos complementarios.
El dinero que suman —134.336 millones en 2023— se reparte entre las comunidades. El cómo es uno de los verdaderos puntos peliagudos de este debate por un nuevo modelo. En la actualidad se hace en función de población (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Varias comunidades han dado la batalla para cambiar este método de cálculo, reforzando aspectos como la despoblación o el envejecimiento, que aumentarían la necesidad de recursos.
La reforma del sistema es endiablada por varios motivos. Uno de ellos es el conocido como principio del statu quo que garantiza que ninguna comunidad reciba con el cambio menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. No romper con esta garantía supondría perpetuar los errores del modelo actual.
Otro de los aspectos más polémicos es la posibilidad de adoptar el principio de ordinalidad, que defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ranking de recursos per cápita. Es decir, el modelo debe reducir las diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede.
Actualmente, Madrid es la comunidad con mayor capacidad fiscal. Sin embargo, al aplicar los correctores, cae a la octava posición en asignación de recursos por habitante. Lo mismo sucede con Cataluña, la segunda región con más músculo financiero, que se coloca en novena posición. Al otro lado están Cantabria, La Rioja o Extremadura, con una capacidad fiscal real menor pero con una asignación efectiva muy superior a la media. Como es lógico, las regiones más sobrefinanciadas van a pelear por preservar el principio del statu quo y conservar su mejor tratamiento pero las regiones infrafinanciadas reclaman la regla de la ordinalidad para escalar posiciones
El informe que los expertos redactaron en el año 2017 –cuando se intentó llevar a cabo la reforma– recomendaba eliminar con matices la cláusula del statu quo y respetar el principio de ordinalidad. Los expertos no ven mal un régimen transitorio hasta su eliminación definitiva para mitigar los efectos nocivos. En cuanto a la solidaridad, nadie duda de que las regiones más ricas deben contribuir a financiar a las más pobres, pero sí hay voces que piden que esta solidaridad interterritorial no modifique el ranking de financiación per cápita y además las dos comunidades forales (País Vasco y Navarra) también deberían contribuir para ayudar con sus recursos a las más pobres.
En juego está nada más y nada menos que la financiación de los servicios públicos y la solidaridad interterritorial, por lo que cualquier cambio debe basarse en criterios técnicos, rigurosos, de equidad y de justicia. El sistema de financiación aporta a las regiones de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Estos recursos provienen del Estado (que da unos 11.000 millones de euros) y de las tres comunidades con mayor renta per cápita, que introducen casi 9.000 millones al fondo. Pese al espíritu, el sistema de financiación actual arroja importantes diferencias entre regiones: de media, cada región española recibió en 2021 un total de 2.963 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha que denuncian estar infrafinanciadas.
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