El gasto en prestaciones por desempleo acumulado en los siete primeros meses del año alcanza ya los 14.000 millones, 4.000 más que en el mismo periodo de 2018
En los últimos años, con una pandemia de por medio, España ha ascendido a campeón de la Unión Europea en paro. Superó a Grecia a mediados de 2021 y desde entonces encabeza la lista. Lleva más de un año siendo el único país con una tasa (porcentaje de desempleados en relación a la población en edad de trabajar) superior al 10%. Y esto pese a que, según los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay 755.000 desempleados menos que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.
La mejora que reflejan los datos del SEPE cada mes contrasta no sólo con la comparativa europea, sino también con la evolución del gasto en prestaciones. Según los datos también del SEPE, quien paga la nómina de todos los desempleados que hay en el país, de media cada mes se están pagando 1,8 millones de prestaciones que acarrean un gasto total de 2.000 millones de euros de euros. En 2018 eran prácticamente los mismos beneficiarios pero suponían un gasto total menor, de 1.400 millones.
En lo que va de año, la factura acumulada supera ya los 14.000 millones de euros, 4.000 millones más que en el mismo periodo de 2018. Si se mantiene la tendencia, al cierre de este año el gasto acumulado en desempleo podría alcanzar los 25.000 millones de euros, una cifra no vista desde 2020 y, antes, desde 2013. Es una de las partidas más importantes en los Presupuestos Generales del Estado, que en todo caso lideran con diferencia las pensiones, una factura que supera ya los 200.000 millones al año.
¿Por qué hay más gasto con menos paro?
En definitiva, España gasta ahora un 40% más que en 2018 en prestaciones por desempleo con un 24% menos de parados registrados y prácticamente los mismos beneficiarios. Hay varios factores que podrían explicar esta aparente contradicción. En primer lugar, una parte de los beneficiarios de prestaciones por desempleo no se contabilizan en la cifra total de parados que publica el Gobierno. O dicho de otra manera: hay parados que se registran en el SEPE y reciben una prestación pero no se consideran parados estadísticamente.
Es el caso de los demandantes de empleo con relación laboral, donde destacan los fijos discontinuos inactivos, aquellos que el empresario da de baja en los periodos de menos actividad y durante ese periodo quedan parados, se inscriben en el SEPE, y pueden recibir una prestación. Según las aproximaciones más recientes, son más de 800.000 personas. Con ellos, el paro estaría sólo un 5% por debajo de 2018. Según la estadística de prestaciones, algo más de 200.000 fijos discontinuos están cobrando el paro.
Esto, de hecho, hace que la tasa de cobertura de la prestación por desempleo (el porcentaje de parados que cobran una prestación), ronde el 80%, máximos no vistos desde la Gran Recesión y de los que el Gobierno saca pecho. Sin embargo, expertos en estadística han advertido de que esta tasa ya no es comparable con los niveles previos a la reforma laboral por los fijos discontinuos. Se estaría sobreestimando al excluirlos en el paro (denominador) pero sí tenerlos en cuenta en las prestaciones (numerador).
Estos fijos discontinuos han aumentado desde 2021, con la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desincentiva los contratos temporales y ha impulsado los indefinidos, dentro de los cuales está el fijo discontinuo. Y, en general, tanto este tipo de indefinidos discontinuos como los ordinarios que son despedidos, que también han aumentado, generan derechos a prestaciones más altas que los temporales.
En este sentido, otro factor a tener en cuenta es que la mitad de las prestaciones son contributivas, es decir, sus perceptores han cotizado a la Seguridad Social el periodo mínimo exigido de 360 días, por lo que la cuantía media (que crece por las razones anteriormente expuestas, entre otras) es más elevada. Además, desde 2023 la prestación volvió a tener una cuantía del 60% de la base reguladora a partir del sexto mes, revirtiendo la reforma del Partido Popular que la rebajó al 50%.
Finalmente, en noviembre de 2024 entró en vigor la reforma del subsidio por desempleo, prestación asistencial que se percibe en el caso de haber agotado la contributiva por desempleo, no haber cotizado lo suficiente para acceder a la misma o tener más de 52 años Ahora la cuantía de este subsidio es más elevada y asciende al 95% del Iprem (unos 570 euros mensuales) durante los primeros seis meses, para pasar al 90% durante los seis siguientes (540 euros). Además, permite compatibilizar durante un tiempo prestación y sueldo.
Fuente: La factura del paro crece un 40% con Sánchez y supera los 2.000 millones al mes | Vozpópuli
