¿Estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado?

Si el PSOE no detiene a Sánchez pagarán los más pobres y el partido recibirá el repudio popular

“España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido” (Bismarck)

 

AQUÍ Y AHORA

Pretender que las regiones más ricas de España (Euskadi/Navarra y Cataluña) sean tratadas con privilegios fiscales, en detrimento del aumento de las desigualdades respecto a las regiones más pobres, implica destrozar la cooperación interterritorial. La defensa de la solidaridad interpersonal, interterritorial e internacional, es un valor de progreso social. El secesionismo es la expresión máxima del egoísmo económico a nivel territorial, de los que no desean practicar la redistribución fiscal, ni compartir la caja única de la Hacienda Pública con las regiones más pobres.

 

Con su habitual estilo de cínico mayor del reino, Sánchez prostituye nuevamente el idioma español y llama “avance hacia la federalización del estado autonómico” a lo que sería un avance hacia la ruptura confederal, promoviendo pactos bilaterales basados en darles mayores privilegios a los secesionistas, antes que a los constitucionalistas que mantienen su lealtad con el Estado.

 

Los movimientos secesionistas, van chantajeando al gobierno del estado, consiguiendo leyes de desconexión en políticas públicas específicas: Hacienda, Seguridad Pública, Educación, Sanidad, a la vez que mantienen otras exigencias, como la de puertos, aeropuertos y fronteras.

 

Que el PSOE esté defendiendo hoy tales postulados es la mayor vergüenza para los afiliados socialistas desde su fundación en 1879 y si esto no provoca ya una revuelta interna para descabezar a toda su cúpula dirigente, el PSOE se hundirá irremisiblemente para muchísimos años.

 

 

España se encuentra ante una encrucijada: las fuerzas nacionalistas y reaccionarias que desde el comienzo de nuestra democracia buscan las rendijas por las que colar sus fueros y privilegios, han encontrado ahora en la debilidad e insensatez del presidente del Gobierno el aliado perfecto para sacar adelante su proyecto confederal.

 

Es un paso atrás gigantesco para un país que luchó denodadamente por construir una democracia fuerte y unida, pero tolerante, que permitiera el progreso de todos los españoles sin negar nuestras diferencias. En la negociación de nuestra Constitución, hubo que ceder con la reclamación injusta y absurda de derechos históricos por parte del País Vasco y Navarra, pero aquel fue un tiempo en el que primaba el avance colectivo, y el éxito de sacar adelante la ley que permitía arrancar la democracia bien valía el esfuerzo de aceptar los privilegios de una parte relativamente pequeña de la economía y de la población. Quizá no se debió de aceptar aquel precedente, pero se hizo por el bien común y con el propósito de que todo el país avanzase hacia un sistema económico y político más justo.

 

Cualquier parecido entre aquella concesión y la que ahora ha ofrecido Pedro Sánchez en Cataluña con el único fin de conservar el poder es un insulto a la inteligencia. Sánchez le da la penúltima carta al independentismo -la última será el referéndum-, cuando los partidos que lo representan habían sido derrotados en las urnas y la reclamación de independencia chocaba con el recuerdo del estrepitoso fracaso de 2017. No existe una sola razón objetiva que justifique una canallada semejante. Sólo la ambición de poder del hombre que tenemos la desgracia de que nos gobierne explica lo ocurrido.

 

El PSOE está todavía a tiempo de impedir que esta locura prospere. Si no lo hace, su desaparición a medio plazo está asegurada y los socialistas deberían de recordar los principios por los que un día decidieron militar o votar por el PSOE para actuar de inmediato. Amparar con un voto socialista un pacto que permite que los más ricos se queden con más dinero a cambio de que los más pobres reciban menos, es un atropello a la idea de España por la que tal vez un día pelearon

 

Los socialistas tienen que detener este despropósito. Si no lo hacen por patriotismo o por coherencia con sus principios, háganlo entonces por los votos. Puede que este pacto mantenga en el poder a Sánchez, pero todos los socialistas saben que será a costa de que jamás la vuelvan a obtener en ninguna otra parte de España. Ningún español volverá a confiar en un partido que no sólo te miente reiteradamente y en los asuntos más delicados, sino que acepta que en nuestro país haya ciudadanos de primera y de segunda en función de las necesidades políticas del líder, el único a quien se permite tener intereses particulares. El poder de hoy alejará a los socialistas del poder durante muchos años y es muy posible que acabe destruyendo el partido.

 

En cualquier caso, hay que recordar una obviedad: Ese acuerdo hay que plasmarlo en una ley para romper la actual LOFCA (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas). Si los secretarios generales de las 5 federaciones autonómicas del PSOE que más están levantando la voz contra este acuerdo, tuvieran la dignidad de dar la orden a 10 de sus diputados en Cortes para que hicieran respetar con su voto lo acordado en el último Congreso del PSOE, se le acababa el cuento a Sánchez, a los secesionistas y a todos los oportunistas que se despiertan cada mañana pensando como destruir el Estado español.

 

FEDERALISMO Y CONFEDERALISMO

En términos de política moderna, una confederación es una unión permanente de Estados soberanos con fines de acción común. Un Estado se refiere al conjunto de instituciones de gobierno y administrativas que tienen soberanía sobre un territorio y una población determinados. Los Estados soberanos cuentan con personalidad jurídica. Generalmente una confederación de Estados se origina mediante pactos escritos, para luego establecer normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. La confederación se diferencia de la federación en que en la confederación los miembros mantienen altas cotas de autonomía y el poder central está limitado, mientras que en la federación los federados renuncian a una parte de sus competencias y el poder central es más fuerte.

 

Un Estado federal es una organización política unitaria con fines generales, cuya soberanía es única. Es decir la soberanía reside solamente en el poder central, no en las distintas unidades o estados federados. A diferencia de lo que ocurre en una confederación, las constituciones federales no prevén la secesión de sus miembros. Estado federal no contempla el derecho de secesión porque la soberanía la tienen todos los ciudadanos, no una parte.

 

Un Estado confederal es una organización política de territorios autónomos, los cuales deciden unirse para desarrollar unos fines concretos de manera común(ejército, cooperación económica, política exterior) y regirse por determinadas leyes comunes. En una confederación, una de sus particularidades es que cada estado confederado mantiene su soberanía propia, a diferencia de la federación que solo existe una soberanía.

 

En el norte de España se formó durante la tercera guerra carlista una confederación bajo el pretendiente carlista Carlos María de Borbón y Austria-Este, autoproclamado Carlos VII, que aglutinó los territorios forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con ministerios comunes, moneda e infraestructura de transportes de ferrocarril. Esta confederación o “Estado Carlista” tuvo una vida efímera.

 

La Unión Europea posee algunos de los atributos de un Estado federal, pero su gobierno central tiene muchas menos atribuciones que el de la mayoría de las federaciones, de manera que se caracteriza como cierto tipo de unión supranacional o confederación moderna.

 

ORIGEN DE “CASI TODO”: LA GUERRA DE SUCESIÓN

La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones.

 

En el interior de España la guerra de sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en Castilla, y austracistas, mayoritarios en Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714, con la capitulación de Barcelona, y 1715, con la rendición de Mallorca ante las fuerzas de Felipe V. Para la Monarquía Hispánica, las principales consecuencias de la guerra fueron la pérdida de sus posesiones europeas por el Tratado de Utrecht  y la abolición de las leyes e instituciones de la Corona de Aragón, lo que puso fin al modelo «federal» de monarquía, o «monarquía compuesta» de los austrias.

 

La construcción de la España moderna, como estado uniforme y centralizado, se inicia a partir de la derrota de los partidarios del pretendiente al trono de España, el archiduque Carlos, apoyado por el Emperador del Sacro Imperio románico Germánico, Inglaterra y Holanda. El denominado Carlos III desembarcó en España en 1705 donde permaneció durante seis años pero solo pudiendo ejercer su gobierno en Cataluña, hasta la muerte de su hermano, José I lo hizo regresar a Viena para asumir la corona imperial.

 

LA DESTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN FORAL CATALÁN Y DE SU MODELO TRIBUTARIO

Hace 310 años, el12 de septiembre de 1714, las autoridades catalanas y el mando borbónico pactaban la capitulación de la ciudad. Con la caída de la capital catalana, el régimen borbónico iniciaría el derribo del edificio institucional catalán y no solo proscribió las instituciones políticas y de gobierno del país (Generalitat, Corts Permanents, consejos municipales), sino que también finiquitó el histórico pacto fiscal bilateral entre Catalunya y el poder central, y lo sutituyó por una tributación de guerra  durante más de medio siglo (1714-1768). En 1768 Carlos III (hijo y sucesor de Felipe V) promulgó la Cédula Real del 23 de junio de 1768, en la que se pone de manifiesto la voluntad de uniformización económico, con la unificación de los aranceles judiciales de la Corona de Aragón con los de Castilla y de la moneda en toda la península pues, según los principios de la Ilustración, para el devenir un estado moderno era precisa la uniformidad económica. Una uniformidad, se decía, que debía beneficiar al conjunto de los habitantes del reino, convertido en nación.

 

Mientras los vascos defendieron su fuero, renunciaron a cambio de un concierto económico, y lo recuperaron después del túnel de la dictadura, Cataluña vivíió una situación radicalmente diferente, producto de las derrotas de 1714 y de 1939 El concierto económico, hijo del histórico fuero, no se puede explicar en clave catalana. Difícilmente, ahora que se habla de importar este modelo y conseguir un concierto económico con un aparato económico que genera el 20% del PIB español, cuatro veces el PIB vasco

 

LA “EXTRAÑA” SOBERANÍA FISCAL DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Se mantuvieron los históricos regímenes tributarios forales del País Vasco y de Navarra porque concluida  la guerra de Sucesión, el País Vasco y Navarra tenían un peso económico muy limitado con respecto al conjunto de la España de Felipe V. El País Vasco todavía no había iniciado el proceso de transformación hacia un modelo económico mercantil y su economía estaba basada en el sector primario. Al principio del siglo XVIII, el País Vasco era un territorio poblado por 250.000 habitantes pero con ausencia del fenómeno urbano (no había ninguna ciudad de más de 10.000 habitantes) y relativamente pobre

 

Durante la guerra de Sucesión hispánica (1705-1714/15), el País Vasco, a diferencia de los territorios de la Corona catalanoaragonesa, se posicionó a favor de la causa borbónica. Sus élites estaban muy vinculadas a la administración hispánica. Algunos historiadores afirman que los vascos habían monopolizado los cargos de esta esfera de poder durante toda la época Habsburgo (siglos XVI y XVII). Y, a partir de aquí, sus astilleros y sus armadores habían tenido un papel muy destacado en la empresa hispánica de conquista y explotación de América.

 

La posición vasca en la guerra de Sucesión hispánica y el peso escaso de su economía en el conjunto del reino borbónico español, explica por qué el fuero vasco (que alojaba el sistema tributario propio) no fue desbaratado por los ministros de Felipe V. Durante todo el siglo XVIII, el aparato fiscal español estuvo presidido por tres realidades diferenciadas: el modelo común, el fuero vasco y el fuero navarro. Pero al principio del siglo XIX, el régimen foral fue puesto en cuestión. Y entre 1821 (trienio liberal de Riego) y 1841 (conclusión de la I Guerra Carlista, con victoria liberal), los gobiernos españoles emplearon todas las energías posibles en erosionar, derribar y liquidar los fueros.

 

El gobierno de Espartero impulsó un proceso transitorio de adaptación que tenía la finalidad de diluir los territorios forales dentro del sistema común (1841). Este periodo transitorio se llamaba “concierto económico” y permitía a las Diputaciones Forales conservar su autonomía, siempre con la vista puesta sobre el horizonte de convergencia con el modelo común. En Navarra, un territorio con poco más de 200.000 habitantes y dominado por sus oligarquías agrarias, esta transformación se impuso con relativa facilidad (Ley Paccionada de 1841). Pero, en cambio, en el País Vasco, que ya había transitado hacia un modelo económico mercantil su aplicación fue más complicada. De hecho, treinta y cinco años después (1876), los vascos todavía estaban en un punto muy incipiente de aquel proceso.

 

La transitoriedad fiscal vasca sobrevivió a todos los golpes de Estado y cambios de régimen que se produjeron en la asilvestrada España del segundo y parte del tercer tercio del siglo XIX (1833-1876). El concierto económico, entonces un sistema transitorio, se había perpetuado esquivando los efectos de dos guerras carlistas, una Revolución Gloriosa, un derrocamiento de la monarquía y la I República. Pero con el retorno de los Borbones con Alfonso XII y el inicio del régimen de la Restauración (1876-1923) que tenía el objetivo de convertir España en una monarquía parlamentaria presentable. El presidente conservador Cánovas del Castillo, quería una solución inmediata, pero, al mismo tiempo, no se podía permitir el lujo de perder el apoyo de las élites burguesas vascas, partidarias de la independencia fiscal vasca, para consolidar el nuevo régimen de la Restauración.

 

Cánovas planteó la perpetuación del concierto económico eliminando el horizonte de la convergencia con el modelo común, a cambio de que las élites burguesas vascas renunciaran a la restauración de los fueros (1873). La burguesía vasca aceptaría y la reivindicación foral quedaría arrinconada en el residual mundo carlista vasco (que venía de perder tres guerras). Cánovas sacrificaba unos ingresos pero, en contrapartida, conseguía desactivar la reivindicación foral (el autogobierno vasco), que había sido la ideología mayoritaria de la sociedad vasca durante el siglo XIX. Esta ideología no recuperaría el terreno perdido hasta el cambio de paradigma producido por la creación y expansión del Partido Nacionalista Vasco (a partir de 1895).

 

El concierto económico estuvo vigente hasta 1937 (ocupación franquista del País Vasco). Durante el régimen dictatorial (1939-1975), solo Álava (que había secundado el golpe de Estado militar de 1936), conservaría algunos elementos residuales de aquella autonomía fiscal. Y el 1976-1977, en el proceso de restauración del autogobierno vasco, los negociadores vascos reivindicarían, también, la recuperación del concierto económico, en virtud de la tradición histórica de esta figura. Bien sea por la extraordinaria capacidad negociadora de los dirigentes vascos, bien sea por la estrategia española de atraer a las élites vascas en la maniobra para desactivar la organización terrorista ETA y su entorno sociológico, bien sea porque Euskadi representaba un asumible 5% del PIB español, la autonomía política vino acompañada de la independencia fiscal.

 

El País Vasco sigue liquidando anualmente con el Estado en base al 6,24% de su recaudación, que era lo que representaba su aportación al PIB español en 1980, cuando se negoció. Cuarenta años después esa aportación ha caído hasta el 5,94% aunque el índice de cálculo del cupo no se ha corregido.

 

El PNV cruza los dedos para que el preacuerdo PSC/ERC de investidura de Salvador Illa, que implicaría un concierto fiscal con Cataluña parecido a los del País Vasco y Navarra -sin el blindaje constitucional de estos-, no “contamine” su sistema de financiación desde hace 45 años. Teme que la presión para que ese hipotético cupo catalán sea, sobre todo, solidario con el resto de España acabe con el País Vasco pagando más que ahora en cada liquidación anual con el Estado.

 

En público, eso sí, el lendakari se felicitó tras recibir a Sánchez en Ajuria-Enea, del pacto PSC/ERC que “aumenta el autogobierno” de Cataluña, pero marcó distancias y pidió no mezclar debates: la singularidad del Concierto Económico vasco es “muy específica y está constitucionalmente reconocida”, recordó a modo de aviso a navegantes. Cuadros del PNV reconocen que el debate sobre el concierto fiscal catalán les resulta “incómodo” porque, 45 años después de implantada, en el resto del Estado la foralidad de los dos pequeños territorios -País Vasco hoy aporta sólo el 5,94% al PIB español, Navarra el 1,64%- se sigue viendo como un “agravio” a la igualdad entre españoles.

 

No hay que olvidar que Cataluña es, después de Madrid (19,44%), el territorio que más aporta al PIB nacional: un 19,01 %; Valencia aporta un 9,33% y Baleares, 2,51%. Entre las cuatro más el País Vasco y Navarra suman el 57,87% del PIB español. Tener agencia tributaria propia en cada uno de esos territorios, que pasarían a ser poco menos que independientes fiscalmente del resto de España,  y llegados a ese punto “no habría Fondo de Compensación Interterritorial ni Fondo de Nivelación de Servicios que cubriera el inmenso agujero fiscal que se crearía, alertan dos expertos en el estudio de la financiación autonómica. Es decir que si, además de Cataluña, Madrid y Baleares reclaman su “singularidad” para recaudar el cien por cien de todos los impuestos en sus territorios como la Generalitat -Valencia ya ha dicho que lo hará en virtud de la llamada cláusula Camps de su estatuto-, las que quedarían en el llamado régimen común de financiación serían las once más pobres, que entre todas sólo suma un 42,13% del PIB español.

 

CANTONALISMO

El cantonalismo fue un movimiento eminentemente de la pequeña burguesía, surgido durante la Primera República Española (1873-1874) que aspiraba a dividir el Estado en cantones casi independientes. Partidario de un federalismo de carácter radical, su objetivo era establecer una serie de ciudades o confederaciones de ciudades (cantones) independientes que se federarían libremente.

En España ha habido dos momentos en los que se podría hablar de «fenómeno cantonalista».

 

Primer episodio

Tras un breve reinado marcado por la inestabilidad política, Amadeo de Saboya abdicó del trono español el 11 de febrero de 1873, cansado de la lucha constante que convertía el país en ingobernable. Al abandonar el país con sus hijos el rey impidió la sucesión, dando paso así a la Primera República, un período convulso en el que numerosas facciones pugnaron por reformar las leyes e instituciones de una España en decadencia. Las elecciones que siguieron a la abdicación las ganó el Partido Federalista, el cual pretendía dar una mayor autonomía a las diferentes regiones del país, con el fin de crear un estado federal según el modelo americano. Las promesas electorales no se concretaron en ninguna acción por parte del Gobierno, por lo que los partidarios de federalismo empezaron a impacientarse. Muestra de este descontento fue el breve Estado Catalán proclamado por la Diputación de Barcelona, que separó a Cataluña del resto de la nación durante unos breves días durante ese mismo año. A ello se sumó el estallido de una nueva guerra carlista, que desde focos en Valencia, País Vasco, Cataluña y Navarra pugnaba por derrocar a la república y poner a su pretendiente en el poder.

 

Al considerar que una España federal sólo se podía conseguir por medio de la fuerza, los diputados más radicales se conjuraron para levantar en armas a algunas ciudades, con la esperanza de arrastrar al resto del país con ellos. El plan era dividir el país en una suerte de repúblicas semiindependientes, llamadas cantones, que se gestionarían a si mismas al margen del gobierno central.

 

En 1873 Cartagena se separó del estado español en el marco de la revuelta cantonal, en la que numerosos municipios se constituyeron en estados federales al margen del gobierno de la Primera República. Desde Cartagena, el cantonalismo se extendió a lo largo de Julio por las principales ciudades del sureste peninsular. En una serie de revueltas coordinadas se rebelaron Murcia, Sevilla, Granada, Valencia y otras poblaciones menores, que se constituyeron inmediatamente en cantones independientes.

 

La Junta revolucionaria de Cartagena emprendió entonces un revolucionario programa de reformas. Se abolió la educación religiosa, al tiempo que se expropiaban los bienes de la iglesia y el estado para uso del cantón. La ciudad acuñó también su propia moneda, con la plata requisada a los ciudadanos más pudientes

 

Las naves capturadas por los cantonalistas eran las mejores de la flota y con esta escuadra se llevaron a cabo numerosas expediciones de aprovisionamiento a lo largo de la costa sureste de España, que contribuyeron también a crear numerosos cantones con los que expandir la revuelta.

 

Ya desde el inicio de la revuelta el gobierno central había concentrado al ejército, que fue enviado a finales de julio contra los principales focos de la revuelta. El 1 de agosto caía el cantón de Sevilla a manos de general Manuel Pavía, seguido por el de Cádiz el 4 y el de Granada el 12. Simultáneamente otra fuerza, dirigida por el general Martínez Campos, ocupaba Valencia tras un breve bombardeo, al tiempo que los principales líderes revolucionarios huían por mar a Cartagena.

 

En noviembre, las fuerzas centralistas empezaron el bombardeo de la plaza. A este ataque desde el exterior se sumaban los numerosos agentes del gobierno infiltrados en la plaza, que intentaron sobornar a los líderes rebeldes y realizaron numerosos sabotajes. A medida que pasaban los meses las condiciones de vida se hacían cada vez más insoportables, hasta que el hambre y la sed hicieron imposible la defensa. Muestra de la desesperación imperante entre los sitiados, es la propuesta presentada al embajador americano de la anexión de Cartagena a los Estados Unidos, con el fin de escapar del asedio al integrarse en un país neutral.

Desprovistos de medios para continuar la defensa, los cantonales se fueron entregando, hasta que el 12 de enero de 1874 la ciudad se rindió finalmente a los centralistas. El gobierno otorgó la amnistía a todos los rebeldes, salvo para los integrantes de la junta. Los cantonales, tras ser puestos en libertad, terminaron por volver a España con la restauración de la monarquía a finales de año.

 

La insurrección conocida como Rebelión cantonal tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Fue protagonizada por los republicanos federales «intransigentes», que querían instaurar inmediatamente la república federal de abajo arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República, el también republicano federal Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores «centrista» y «moderado» del Partido Republicano Federal, que tenían la mayoría en la Cámara.

 

El 1 de julio de 1873, los diputados federales intransigentes se retiraron de las Cortes y constituyeron en Madrid un Comité de Salud Pública que llamó a la insurrección. Esta se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena —aunque tres días antes había estallado la revolución del petróleo de Alcoy, por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)—, extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación de abajo arriba constituiría la Federación Española (en cuyo nombre se produjo la rebelión, por lo que la acusación de que fue una revuelta «separatista» no tiene ningún fundamento).

 

La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el federalismo pactista de Francisco Pi y Margall, contra cuyo Gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales intransigentes. Al fracasar la política de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el Gobierno que le sustituyó, presidido por el moderado Nicolás Salmerón, no dudó en emplear al Ejército, dirigido por los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía, para aplastar la rebelión. Esta política la acentuaría el siguiente Gobierno del también moderado Emilio Castelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, prosiguió el asedio del Cantón de Cartagena el último reducto de la rebelión. Finalmente, cayó el 12 de enero de 1874, tras el triunfo el 3 de enero del golpe de Estado de Pavía que puso fin a la República Federal Española.

 

El movimiento cantonal también alcanzó a algunas localidades de las provincias de Salamanca y Ávila, donde se llegaron a proclamar cantones —estados independientes voluntariamente federados en la Federación Española—, destacando también, en Extremadura, el intento de constituir cantones en Coria, Hervás y Plasencia.

 

Segundo episodio

En cuanto al segundo episodio, es difícil adscribirlo a esta denominación, ya que no tuvo esa finalidad (frente al anterior). Se produjo durante la guerra civil de 1936-1939, en la zona republicana, como consecuencia del estallido de la llamada «Revolución española de 1936», cuando durante meses se establecieron decenas de comités y consejos municipales y comarcales (excepcionalmente existirán algunos de mayor ámbito) autónomos del poder del Estado, llegando a acuñar algunos sus propios billetes.

 

Un caso extremo fue el de Asturias y el norte de León. Cuando estaban totalmente aislados del resto de la zona que permanecía fiel a la República y a punto de ser ocupados por el ejército del bando sublevado, que acababa de tomar Santander, constituyeron a finales de agosto de 1937 —a la desesperada— el Consejo Soberano de Asturias y León, decisión que comunicaron a la Sociedad de Naciones. El Consejo tuvo muy pocas semanas de vida: en octubre, las tropas franquistas tomaron Gijón, el último reducto de la resistencia republicana asturiano-leonesa, poniendo así fin a la Campaña del Norte.

 

UN ESTADO CONFEDERAL, ASÍ SE DESGUAZA UN PAÍS

Se cumplen 45 años del día en que los españoles aprobamos la Constitución en un referéndum. Todo tuvo complejidad, pero el título VIII, sobre la organización territorial del Estado, tuvo difícil encaje. Los líderes constituyentes eran conscientes de la importancia de incluir en el consenso a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y se pasó de un modelo centralista durante la dictadura franquista al esbozo de un modelo federal.

 

Se crearon las comunidades autónomas, al final 17 y no las tres denominadas históricas que se pensaba al principio, pero con escasas transferencias. En 1993, Felipe González necesitó pactar para gobernar, tras tres mayorías absolutas consecutivas, y en la negociación con los partidos nacionalistas catalanes y vascos cedió competencias y financiación. En 1996, José María Aznar, muy crítico con González en 1993, necesitó a los mismos partidos catalanes y vascos para gobernar y cedió mucho más, incluyendo la sanidad, la educación y el 30% de los ingresos del impuesto sobre la renta en cada comunidad. En principio, la negociación era solo para Cataluña y el País Vasco, pero lo que ya hemos aprendido en los 45 años de democracia es que toda cesión acaba generalizándose en las 17 comunidades.

 

Hoy España tiene cedido más gasto a sus regiones que Alemania, que es un país federal. En 2022, la Administración central gastó más de la mitad del total. Pero si eliminas las transferencias al resto de administraciones, se queda por debajo del 25% del total del gasto. Las comunidades gestionan un tercio del gasto total; la Seguridad Social, otro tercio, y los ayuntamientos, apenas el 10%. España es de facto un país federal pero no tiene instituciones federales, ni tampoco los ciudadanos son conscientes de ello.

 

Todos los años solo hablamos de los Presupuestos Generales del Estado, pero son de la Administración central, que gasta mucho menos que las autonomías, especialmente si eliminas el pago de intereses de la deuda y el seguro de desempleo. Se da la paradoja de que las comunidades gastan en inversión más que la Administración central, pero siempre que se presentan los Presupuestos Generales todas se quejan por recibir pocas inversiones. La mitad de los principales impuestos, el IRPF y el IVA, lo reciben las comunidades, pero cuando toca subir los tributos para corregir el déficit estructural, como le sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y especialmente a Mariano Rajoy en 2012, los políticos regionales no asumen ningún coste político ante sus votantes.

 

La debilidad de Pedro Sánchez en esta investidura es muy superior a las de sus antecesores y las cesiones han cruzado límites inimaginables. Con el agravante de que ahora, a diferencia de sus antecesores, los partidos con los que ha pactado no reconocen la Constitución, lo cual es incompatible con un modelo de estado federal como defendía el PSOE. Solo así se puede entender que Sánchez haya puesto el sello del PSOE en los pactos con Junts, ERC y PNV, que son antifederales y dibujan un modelo confederal. Esto va a en contra del espíritu de la Constitución y de su título VIII, y exigiría que se siguiera el procedimiento de cambio que incluye la propia Carta Magna, pero como eso necesita el apoyo del PP, se buscarán atajos.

 

Hay dos efectos muy peligrosos en los pactos firmados. El principal ya lo ha advertido la agencia de rating Moody’s al decir que perjudican la solvencia de la deuda pública española. La condonación de deuda, la mejora prometida de financiación y la cesión del 100% de los tributos que pide Junts aumentarían el déficit estructural de la Administración central, que además ha asumido el abultado y creciente déficit de las pensiones públicas y el pago de los intereses y la devolución de la deuda. Los españoles debemos el 107% del PIB; en 2012, cuando necesitamos un rescate internacional, debíamos el 75% y en 1980 el 16%. En 2012, el problema fue el riesgo de ruptura del euro y afectaba a varios países, pero ahora el problema es idiosincrásico español, ya que, el mismo día en que Moody’s empeoró la nota de España, mejoró la de Italia con más deuda y la de Portugal, que estaba sin Gobierno tras la dimisión de su primer ministro.

 

El otro grave problema de una España confederal es que el criterio de reparto de nuestros impuestos no será para los ciudadanos sino para los territorios. La izquierda, desde los inicios del movimiento obrero hace casi 200 años, siempre ha defendido impuestos progresivos para las personas de más renta y transferirlos a las personas con menor renta para evitar situación de pobreza extrema y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde residan. Lo que Sánchez ha firmado con el logo del PSOE va en contra de ese principio fundacional de su partido.

 

Yo vivo en Madrid, donde tenemos una balanza fiscal peor que la de Cataluña e infinitamente peor que la del País Vasco. Pago muchos impuestos y nunca pienso que España me roba, pienso que estoy pagando la pensión no contributiva de mi madre y de tantas mujeres de su generación a las que tanto debemos o el colegio concertado de mis hijos y su generación que pagará la deuda pública y mi pensión. Una España confederal es la forma más eficaz y más rápida de acabar con el modelo de convivencia y progreso que los españoles acordamos en la Constitución de 1978.

 

¡¡¡ VEREMOS !!!