LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES PROGRESIVA

El sistema de cotización a la Seguridad Social no es, en sentido estricto, materia tributaria, pero podríamos hablar de materia cuasi tributaria por sus innegables analogías.

 

Hay Reglamento de la Ley General Tributaria, pero existe superpuesta y en paralelo a la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social con unos procedimientos recaudatorios propios, un procedimiento sancionador y una Inspección específica, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que refuerza esa analogía o proximidad institucional a la tributaria.

 

Es patente que el principio de progresividad en la imposición, que es un principio indiscutible y con reconocido rango constitucional en materia tributaria, es también un principio que debe respetar la cotización al sistema de la Seguridad Social. Si existe una base de cotización máxima es en contrapartida a que también la pensión máxima está topada, y así de algún modo se confunde nuestro sistema de Seguridad Social con el de capitalización individual en el que la pensión depende de las aportaciones (cotizaciones) individuales.

 

Pero no es ese nuestro sistema sino el conocido como “de reparto” en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo de hoy sirven para pagar las pensiones de los pasivos de hoy, y cuando aquellos pasen a ser pasivos, serán las aportaciones de los trabajadores en activo en ese momento las que se tomarán en cuenta para el abono de sus pensiones. Ese simplísimo esquema (mucho más complejo en lo concreto) pone de manifiesto como no hay correlación directa entre aportaciones y pensiones, ya que cada una de ellas se rige por la normativa vigente en su respectivo momento. En definitiva es un sistema basado en la solidaridad íntergeneracional.

 

Quien en 1970 cotizaba cantidades pírricas, hoy puede tener una pensión en una cuantía que entonces no podía ni soñar. Además desde hace muchos años la base de cotización máxima (actualmente 4.720,50 euros) y la pensión máxima (actualmente 3.175,04 euros) son magnitudes absolutamente desligadas, no guardan conexión alguna, y también quien ha cotizado de forma insuficiente complementada su pensión hasta el mínimo legal. Así en estos términos, la progresividad impositiva (o caso tributaria) de las cotizaciones a la Seguridad Social se revela como una inequidad) pero con carácter redistributivo pues cual cada cual aporta de acuerdo con sus posibilidades y recibe de acuerdo con sus necesidades.

 

Claramente, el trabajador cotizante cotiza lo mismo si está casado, si tiene hijos o cuántos tenga, etc. Sin embargo acaecido el hecho causante el casado devengará pensión de viudedad, pensiones de orfandad, etc., mientras el soltero sin descendencia obviamente no devengará tales prestaciones. Lo que es propio de los impuestos (infraestructuras, sanidad, educación,…) se financian con el dinero de todos con independencia de que el contribuyente tenga , por ejemplo, coche o que goce de un salud envidiable.

 

Las tablas del IRPF para 2024 prevén un porcentaje máximo del 40% para quienes obtienen rendimientos del trabajo por encima de 230.150,01 euros anuales., y ese porcentaje se mantiene cualquiera que sea el importe superior a esa cifra. La tendencia es la creación de nuevos tramos que permitirían desgravar a quienes perciben las rentas más bajas y rebajar la carga que pesa sobre las clases medias.

 

La conclusión puede ser que la distinción entre cuota obrera y cuota empresarial o patronal a la Seguridad Social, se basa exclusivamente en la imputación formal que se hace en la Ley, lo que no impide que ambas forman parte del coste salarial y por tanto constituyen un pago del trabajo, salario diferido en ambos casos. La cuota obrera en un 6,35% y la cuota empresarial e un 31,40%, total, 37,75%, sin perjuicio de supuestos especiales (trabajadores no fijos, horas extraordinarias y actividades gravadas con cuotas de contingencias profesionales).

 

Es decir, no hay progresividad en las cotizaciones a la Seguridad Social y es igual se trate de un trabajador que cotiza por la base mínima, equivalente al salario mínimo interprofesional, o por la base máxima, fijada actualmente en 4.720,50 euros (salario total en doce meses o salario mensual con inclusión de la parte proporcional de las pagas). Además la cotización de los más pudientes se corta en seco por el establecimiento de esa base máxima de cotización. De este modo, quien lucra un salario total de 4.720,50 euros paga exactamente la misma cantidad que el que percibe un salario superior, 1.781,99 euros mensuales (x12 mensualidades).

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