CASI 850.000 PARADOS “OCULTOS” EN LAS ESTADÍSTICAS DE DESEMPLEO.
Cuando Pedro Sánchez, “trepó” a la jefatura del Gobierno en junio de 2018, las estadísticas contaban 3.162.162 parados, que es una cifra superior al desempleo que exhibe el Gobierno a cierre de septiembre de este año, de 2.941.919 parados.
Pero frente a la cifra oficial de 2.941.919 parados del Gobierno, la realidad es que entre personas incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en formación, con disponibilidad limitada y autónomos sin actividad, registrados en otros parámetros estadísticos, el volumen de parados que computan como tales en otros países de la Unión Europea, pero no en España, asciende actualmente a 3.451.188 personas. La diferencia es de 509.269 efectivos, que realmente no están trabajando queriendo hacerlo, y que son invisibles para las estadísticas de fin de mes de la cartera dirigida por Yolanda Díaz.
La realidad estadística es que hay 258.126 demandantes de empleo con «disposición limitada» fuera de la estadística oficial de parados. Tampoco computan como desempleados los que lo son pero se encuentran en procesos de estudios o de formación: 233.143 personas que no tienen empleo pero asisten a cursos intentando colocarse. Aún hay 18.000 trabajadores incluidos en ERTE, que en realidad no acuden a su puesto de trabajo por orden empresarial, sectorial o gubernativa, y cuyo sueldo está cercenado por las circunstancias de producción de su empresa o sector. En este punto, además, las estadísticas no recogen a todos los autónomos que actualmente no han podido retomar su actividad.
En cualquier caso, la suma de los inactivos con disposición limitada, los trabajadores incluidos en ERTE y en formación más los autónomos expulsados tras las restricciones de la pandemia suman 509.269 parados más que camuflan las cifras oficiales.
El empleo público equivalió al 100% del incremento neto de empleo desde 2005 a 2021. A través de datos oficiales del INE y de Eurostat, se constata que el aumento del empleo en España procede únicamente del sector público, con la creación de 336.100 empleos públicos más en estos tres años.
Las plantillas de las Administraciones cuestan al sector privado del orden de 13.000 millones de euros al año. En total, la brecha entre los desempleados “privados” reales y los que figuran como tal es de 845.369 personas, si consideramos la diferencia entre la oficialidad computable (2.941.919 parados a 30 de septiembre de 2022) y la realidad de los demandantes de empleo, que ascienden a 3.787.288 efectivos.
EL RIEGO DE POBREZA
El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población, por tanto es mucho más adecuado para medir el esfuerzo del Ejecutivo para recortar las desigualdades en los ingresos de los ciudadanos. Las medidas sociales anunciadas por el Gobierno durante la legislatura han tenido poco impacto en la reducción de la pobreza pues los datos oficiales indican que el riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa desde mediados de 2018.
La última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE refleja que en 2021 el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) aumentó hasta el 27,8%. En cifras homologadas, este porcentaje fue del 27,3% en 2018, cuando Sánchez empezó sus gobiernos. De esta manera, la población en riesgo de pobreza aumentó en medio punto entre el 2018 y el 2021, después de tres años y medio de Pedro Sánchez en el Gobierno y que lleva además tres años diciendo que se han aprobado sucesivamente los Presupuestos Generales del Estados con «el mayor gasto social de la historia». En menores de 16 años, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social pasó del 29,9% en 2018 al 33,2% en 2021. En el resto de grupos demográficos las tasas se mantuvieron congeladas: en los mayores de 65 años bajó del 20,7% al 20,5% y entre 16 y 64 años creció del 28,5% al 28,7%
