Defiende que ese dinero que le quita la Seguridad Social es del trabajador, aunque lo pague la empresa
“Tendríamos más conciencia ciudadana sin ninguna duda para reclamar en qué se está gastando el dinero”
Los empresarios no abandonan la idea de que los trabajadores reciban su sueldo bruto, y luego sean ellos mismos los que paguen sus cotizaciones, como hacen los autónomos. Ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el que ha vuelto a insistir en esta propuesta.
Durante su intervención en el Campus FAES 2024, organizado por la Fundación FAES, ha querido poner el foco en las cotizaciones sociales, destacando la subida fiscal “impresionante” que ha supuesto para las empresas el alza de las cotizaciones y que ha afectado especialmente a las pequeñas empresas.
“Es como si en una comunidad de vecinos se habla de los gastos y dicen, pero ahora pagan los del primero y del segundo, y los demás, no. Todo está funcionando así”, ha criticado Garamendi, que ha insistido en que la subida de cotizaciones ha disparado enormemente los costes de las empresas.
“A mí me gustaría que se haga lo que la Seguridad Social hace con los autónomos, que todos los meses quita la cuota de autónomos, de tal manera que yo sé lo que gano y lo que la Seguridad Social me quita o recupera. Nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere, porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, sólo piensa en lo que han visto ingresar en el banco y se está olvidando de las pagas dobles, de las retenciones, de la Seguridad Social. Y si viera que casi es el doble, tendríamos más conciencia ciudadana sin ninguna duda para reclamar en qué se está gastando el dinero”, ha afirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El dirigente empresarial ha defendido que ese dinero que le quita la Seguridad Social es del trabajador, aunque lo pague el empresario, cosa que hay que reconocer es cierta y las empresas hacen simplemente la función de recaudadores tanto de Seguridad Social como de Hacienda.
Anteriormente, tras la primera propuesta del líder de la CEOE, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió a la patronal “que deje de jugar con estas propuestas que son propias de Milei. No hay ningún país serio en el mundo en el que se está avanzando en un modelo que es: le entrego a usted su salario, usted búsquese la vida. Esto es el sálvese quien pueda y, desde luego, no hemos llegado a la Europa del siglo XXI para estos modelos”
Lo cierto es que los trabajadores ya tienen acceso a la información sobre sus deducciones, que incluyen el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas deducciones, que oscilan entre el 2% y el 47% en el caso del IRPF, financian servicios esenciales como la sanidad, la educación y el mantenimiento de infraestructuras. Las cotizaciones a la Seguridad Social son fundamentales, ya que los trabajadores contribuyen a un sistema que les proporcionará apoyo en el futuro, como en caso de baja, desempleo o pensiones. Cabe destacar que un porcentaje de estas cotizaciones lo paga el trabajador, mientras que un porcentaje mayor es cubierto por la empresa pero esa cuantía es devengada por el trabajador y en el caso de los autónomos, son ellos mismos quienes asumen el pago de su cotización a la Seguridad Social cada mes.
Los expertos ven muchas dificultades y riesgos a la hora de aplicar una idea que tal y como se plantea, no supondría ventajas para las empresas, además, elevaría el fraude, provocaría conflictos laborales y abriría la puerta a generalizar la figura de los “falsos autónomos”.
Hay que tener en cuenta el contexto en el que se pronuncian estas palabras. Los empleadores llevan varios años sufriendo un intenso reputen de los costes laborales, especialmente de las cotizaciones a la Seguridad Social. La patronal ha demostrado su disposición del acuerdo en cuestiones como la reforma laboral, la de las pensiones y, hace apenas unos días, la de la jubilación parcial. Pero se ha encontrado con que el mismo Gobierno pactaba bilateralmente con los sindicatos para imponer una senda de subidas de la factura del empleo vía cotizaciones, salario mínimo interprofesional, todo ello sin escatimar críticas a los empresarios. Algo que también ha estado a punto de repetirse con la reducción de jornada.
Según establece claramente la legislación actual, el empresario es el sujeto responsable “del pago o cumplimiento de la obligación de cotizar”, que deberá ingresar en su totalidad tanto las “aportaciones propias” como la de sus trabajadores.
La normativa actual establece claramente que “será nulo todo pacto individual o colectivo por el cual uno de los sujetos obligados a cotizar asuma a su cargo la obligación de pagar total o parcialmente la cuota o parte de cuota a cargo del otro”.
Aunque la legislación cambiara para amparar este nuevo sistema, supondría un golpe para las arcas públicas y de la Seguridad Social, ya que los trabajadores podrían elegir su cobertura y protección social como hacen los autónomos. También cabe preguntarse qué ocurriría con la prestación por desempleo por la que los asalariados cotizan de una manera muy diferente a los autónomos, por no hablar de la cobertura del Fogasa.
El problema añadido es que la inmensa mayoría de los asalariados no tienen los conocimientos suficientes para realizar estos trámites, no hablemos ya para garantizarse una protección social adecuada o incluso evitar incurrir en errores y supuestos de fraude.
Este plan podría generar un aumento en la morosidad, sanciones y complicar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social (algo que en este contexto no es aconsejable. Sería “más razonable “concienciar a los trabajadores sobre el coste real de su empleo, incluyendo lo que implica la gestión de sus nóminas. La transparencia en el desglose de las contribuciones de la empresa y el trabajador, “ayudaría a los empleados a valorar mejor su salario neto”.