La disposición adicional sexta de la ley 21/2021 dice que en el plazo de 6 meses se hará una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Han pasado más de 15 meses y no se ha oído nada al respecto.
Es cierto que estamos en una sociedad de libre mercado y por lo tanto han coexistido y coexisten en España los servicios públicos y los privados y es legítimo que, quienes quieran y puedan, hagan seguros médicos privados, o lleven a sus hijos a colegios y universidades privadas, suscriban planes de pensiones privados o lleven a sus mayores a residencias privadas.
Quienes piensan que el Estado, como conjunto de instituciones por las que organizamos y nos protegemos la vida en sociedad, debería dar prioridad a lo común, a lo público antes que lo particular, y que los servicios públicos del Estado del bienestar deberían ser de calidad, y no como una beneficencia.
El Estado no debería utilizar los fondos públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, para financiar y subsidiar esos servicios privados o rescatarlas, como ocurrió en 2009 con las Cajas de Ahorro que se tradujo en la creación de la Sareb, el «banco malo», para absorber el «ladrillo tóxico»: viviendas, locales, edificios a medio construir y terrenos y solares, que se apropiaron los bancos por ser avales de hipotecas que no se pudieron pagar. Este rescate suma un agujero de más de 54.000 millones de euros a los que hubo que añadir 35.000 millones más de deuda que la Unión Europea obligó al Gobierno Español a asumir en 2021. Lo mismo que el rescate de algunas autopistas de peaje que nos iba a «salir gratis» y suponen 4.500 millones de euros.
Sobre la falta de personal en algunos de los servicios del Estado del bienestar la queja es generalizada en cualquiera de los sectores que estudiemos. Falta personal y el que tenemos está mal pagado y con malas condiciones laborales. Esta es una de las causas de la falta de profesionales en medicina (unos 9.000), enfermería (casi 300.000), la enseñanza (174.000).
Según el Tribunal de Cuentas el Estado en 2022 debe a la Seguridad Social como mínimo 103.690 millones de euros La ministra Fátima Báñez, ex Ministra de Trabajo y Seguridad Social, destapó en 2016 que la Intervención General de la Seguridad Social había constatado una deuda a favor de la Seguridad Social y de las pensiones públicas de 72.371 millones de euros. En 2019, Magdalena Valerio, también ex Ministra de Trabajo y Seguridad Social, declaró que se hacían 9 millones de horas extra ilegales a la semana, y esto implica 2.000 millones de euros que se defraudan a la Seguridad Social al año..
Además de la cuantificación histórica de los gastos impropios, se debería tener en cuenta la actualización y contabilización del Inventario general de la Seguridad Social respecto de aquellos bienes y derechos que constituyen el patrimonio íntegro de la Seguridad Social. Un patrimonio de 1.023 inmuebles que son propiedad de trabajadores y trabajadoras que han cotizado: hospitales, ambulatorios o centros de salud, oficinas, universidades laborales, etc.
En definitiva, si vemos los beneficios netos obtenidos por las grandes empresas en 2022, el aumento de personas trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social el último año, podemos deducir que este país está en condiciones de dar una sanidad, pensiones, educación, servicios sociales, públicos universales y de calidad, poniendo todos y todas un poco de buena voluntad. Mejorar la organización y coordinación entre servicios y administraciones territoriales es una labor imprescindible.
Sería de esperar que haya voluntad firme en ese sentido, de gobiernos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y asociaciones ciudadanas y contribuir a mejorar la vida de todas las personas en general.
