La Autoridad Fiscal reclama a Trabajo el informe que tenía que haber publicado en enero sobre el impacto de la reforma laboral en la temporalidad
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insiste: las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) destruyen empleo. Frente al argumentario del Gobierno, que viene apoyándose en la buena marcha del mercado laboral para defender el incremento del 61% que acumula esta referencia salarial desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el organismo fiscalizador certifica con datos que los aumentos del SMI han impactado negativamente en la afiliación a la Seguridad Social, especialmente en los años en los que se han aprobado revalorizaciones más intensas.
En la Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas, un documento en el que los técnicos exponen su visión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas «en un esfuerzo por ofrecer un marco de toma de decisiones en un entorno de elevada incertidumbre», la AIReF dedica todo un apartado al impacto de las subidas del SMI. Y las conclusiones que arroja son poco halagüeñas para el Gobierno, ya que lo que vienen a decir los técnicos del área de análisis laboral del organismo independiente es que las decisiones del Ejecutivo en esta materia han costado decenas de miles de puestos de trabajo a la economía española.
Específicamente, la AIReF centra su análisis en el impacto sobre la afiliación a la Seguridad Social de las dos mayores subidas de los últimos años: la de 2019, que fue del 22,3% y elevó la cuantía del SMI de 736 a 900 euros mensuales; y la de 2023, que se fijó en el 8% y llevó el salario mínimo de 1.000 a 1.080 euros al mes. «Tanto en la subida del SMI en 2019 como en la de 2023, se observa un efecto negativo y significativo sobre la afiliación«, avanza el informe.
Según sus cálculos, el impacto de la subida del SMI de 2019 sobre la afiliación en el Régimen General se sitúa entre 0,28 y 0,45 puntos porcentuales, lo que implica entre 40.000 y 65.000 afiliados menos. En el caso de 2023, el efecto estimado sería algo mayor, entre 0,34 y 0,53 puntos porcentuales, esto es, entre 55.000 y 85.000 afiliados menos. De modo que, en total, el impacto acumulado de ambos incrementos estaría en un máximo de 150.000 puestos de trabajo destruidos.
«Estos resultados confirman que el impacto del SMI en la afiliación es significativo, con un efecto más pronunciado en 2023 que en 2019», añade el documento, que explica que ese mayor impacto podría deberse a la creciente relevancia del SMI dentro de la estructura salarial y a la mayor exposición de los trabajadores al mismo, ya que el salario mínimo está cada vez más próximo al salario más frecuente de la economía, según se extrae de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que cruza datos de la Seguridad Social con información fiscal de la Agencia Tributaria y registros del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este aviso de la AIReF llega cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acaba de abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. En la reunión que se celebró el pasado lunes, el Ministerio de Trabajo planteó a patronal y sindicatos la necesidad de automatizar las subidas del SMI para que cada año garanticen la cobertura del 60% del salario medio que fija la Carta Social Europea. Un planteamiento que rechazan de plano los empresarios y que obviaría cualquier análisis de impacto de los aumentos del SMI sobre la actividad económica y el empleo como este que lanza la AIReF.
Reforma laboral
No es la única advertencia que incluye el informe sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas respecto a las políticas impulsadas por Díaz. En otro de los apartados el organismo pone el foco sobre la reforma laboral. Y aunque conviene que las medidas adoptadas han traído consigo «un impacto evidente sobre la ratio de temporalidad de la economía española», que «se ha reducido intensamente hasta el 15,5% de los empleados, convergiendo de manera notable respecto al promedio del área del euro», también avisa de que «hay indicios de que todavía persiste una elevada volatilidad del empleo«.
Durante la presentación del informe específico sobre el gasto en pensiones, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reprochó al Gobierno la complejidad de cuantificar el impacto de la reforma laboral en términos de mejora de los ingresos por cotizaciones sociales, algo que le pidió el Ministerio de Seguridad Social en el polémico decreto en el que también presionó para que se tengan en cuenta las transferencias del Estado a la hora de valorar la situación financiera del sistema de las pensiones.
Pero no solo eso. Herrero también afeó a Díaz que no haya publicado todavía el informe sobre el impacto de la reforma laboral en la temporalidad que tenía comprometido para el pasado mes de enero. El Real Decreto-ley de la reforma laboral estableció que «el Gobierno efectuará una evaluación de los resultados» de las medidas «mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores». Una evaluación que debía repetirse cada dos años y que obligaría a adoptar medidas adicionales en el caso de que se concluyera que no hay avances en materia de temporalidad. Este medio se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Yolanda Díaz para saber en qué estado está esa evaluación y al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
