El Ministerio de Economídefensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación”a realiza una encuesta para determinar si “existen criterios de interés general distintos de la
El Gobierno busca una coartada para tumbar la OPA del BBVA con una consulta pública para contentar a Puigdemont
Sánchez no consultó con los españoles los indultos, la amnistía o la declaración del estado de alarma, pero ahora sí les pide opinión sobre este asunto tan concreto, delegando en ellos una potestad que corresponde al Gobierno, y, al mismo tiempo, ignorando a la CNMC, que ya dio su visto bueno.
Durante siete días hábiles, cualquier ciudadano podrá plantear su posición ante Gobierno respecto a la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. El Ministerio de Economía ha abierto, hasta el viernes 16 de mayo, una consulta pública “sobre criterios de interés general afectados por la operación”.
En un cuestionario con diez campos, de los que cuatro son datos básicos (nombre, organización si procede, DNI y correo electrónico) y seis son preguntas directas, el Ministerio lanza una iniciativa en la que al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación.
El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha aludido a que el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia deja una puerta abierta a poder valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos a los que haya podido tener en cuenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ministro Cuerpo ha defendido la validez de la consulta pública: “Es una buena práctica y la seguiremos aplicando”. Alberto Núñez Feijóo ha sostenido que la fase de escucha que lleva a cabo el Ejecutivo. “No es serio ni profesional”, porque implica una dejadez de responsabilidades: “Un Gobierno tiene que decidir”, ha dicho Feijóo.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que este procedimiento no es “vinculante” y ha reconocido lo inusual de este procedimiento. “Es verdad que para este tipo de operaciones este procedimiento [el de las consultas públicas] no se había utilizado, pero saben que es un procedimiento habitual que se utiliza en procesos normativos”, ha proseguido Alegría.
Los detalles de la consulta
La primera pregunta del cuestionario ya establece el objetivo final de la consulta: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?“.
A continuación la siguiente pregunta lista esos otros criterios de interés general que podrían interferir en el proceso, y que son: defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; u otros. La tercera pregunta invita a extender esos “otros” motivos con un máximo de 2.000 caracteres en la respuesta mientras que la cuarta busca que se amplíen los argumentos dados y que se exponga “en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación” “Valore el impacto estimado”, se añade, con un máximo de otros 2.000 caracteres.
Finalmente, la penúltima pregunta cuestiona si “pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente”, con una respuesta cerrada de “sí” o “no” y la última plantea que se propongan qué medidas podrían o deberían tomarse.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley de Defensa de la Competencia, y conforme a los plazos indicados en el artículo 36, se abre un plazo de 15 días hábiles para que el ministro Carlos Cuerpo “tome la decisión de su elevación o no elevación al Consejo de Ministros”. Es decir, que entre el final de la consulta y el límite del plazo habría otros siete días hábiles hasta el 27 de mayo. Si el ministro decidiese elevar la operación al Consejo de Ministros antes de esa fecha, se abriría el plazo de un mes para que este tome su decisión. Según esa misma ley de Defensa de la Competencia, el Consejo de Ministros podrá confirmar la resolución de la CNMC, o bien acordar autorizar la operación, con o sin condiciones. En su caso, señala el artículo 60 de la citada ley que “dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10”.
La chapuza técnica de la consulta del Gobierno sobre la opa de BBVA
El Ejecutivo busca con esta consulta pública inédita armarse de argumentos y apoyos contra una operación que siempre ha rechazado, y en base a criterios de «interés general» ya que no puede utilizar los de competencia, tal como exige la ley. Pero el nacimiento de esta consulta nace torcido desde el inicio ya que es una chapuza técnica.
Lo que ha puesto en marcha Economía es un formulario de Microsoft Forms con hasta diez puntos a rellenar. Se permite participar a todo aquel ciudadano que quiera, empresa, asociación y organización. El cuestionario sí que exige tres elementos para poder contabilizar como una respuesta válida: nombre/razón social, DNI/CIF y correo electrónico. Sin esos tres campos rellenados, no se puede avanzar.
Todo se hace en el mismo cuestionario, escribiendo de forma manual todos los campos. También se puede indicar la organización a la que se pertenece. El problema más grave es que la identificación que se pide no tiene ninguna garantía de que sea real. Ya se ha comprobado que se puede escribir un nombre falso, un DNI falso y un correo electrónico falsos; también se puede escribir cualquier cosa sin sentido y pasa el filtro.
Otro problema es que un mismo usuario puede votar miles de veces y dar respuestas diferentes en cada una de ellas, el control inicial del ministerio, así, es nulo. Y ese mismo usuario que rellene el formulario puede hacerlo miles de veces tanto con su nombre como con nombres diferentes cada vez. Las posibilidades son infinitas tal como ha diseñado el Ministerio de Economía este cuestionario que no verifica absolutamente nada, en un primer momento, sobre la identidad de los participantes ni sobre sus respuestas.
En ningún momento la consulta pública exige al usuario que utilice alguno de los múltiples sistemas de identificación que permiten en este momento las Administraciones Públicas. Ni Clave, ni certificado digital, ni nada. Ningún control inicial sobre quién participa ni cómo.
El Ministerio de Economía sostiene que va a depurar las respuestas falsas pero el Ejecutivo tendrá mucho trabajo por delante si quiere sacar algún dato válido de esta consulta, ya que todo se puede falsear en el momento de enviar la respuesta.
Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que van a depurar todas estas anomalías en el análisis posterior de los datos. Depurarán el hecho de que una persona pueda votar varias veces, que lo haga de diferentes formas, que se puedan meter datos falsos… todo, según Economía.
Se comprobarán los datos identificativos de los usuarios que participen y que sean verdaderos; se chequearán los DNI de los participantes, a posteriori. Asimismo, el ministerio dice que se eliminarán las respuestas falsas y que si hay respuestas repetidas también se eliminarán. Todo se hará a posteriori.
La explicación que da el departamento de Carlos Cuerpo es que el proceso de depuración que se hará es el que se hace habitualmente en las consultas públicas cuando se va a sacar alguna legislación, pero lo cierto es que las diferencias en este caso son varias. En las consultas públicas de los diferentes ministerios hay formatos variados para presentar las aportaciones: vía formulario, vía correo electrónico… Pero en ningún caso mediante un documento de Microsoft Forms sin ningún tipo de control inicial.
Asimismo, existe la gran diferencia de que las respuestas de esta consulta no pueden condicionar una legislación, sino una operación del sector privado. Y el Gobierno pretende utilizar las respuestas para escuchar las opiniones de todo tipo de actores de la sociedad para ayudarse, así, a intervenir en la OPA que a día de hoy tiene un valor bursátil de más de 13.600 millones de euros.
Pedro Sánchez quiere cumplir con las exigencias de los separatistas y, por supuesto, también en la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell. Competencia había autorizado la OPA y Sánchez se ha inventado una consulta popular para tener argumentos para tumbar la OPA. Esa consulta no es sino eso: un intento de expropiación del derecho de los accionistas de decidir sobre su propiedad privada: sus acciones.
Las presiones políticas no faltaron en la propia deliberación de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). La OPA del BBVA al Banco Sabadell logró el aval –con condiciones- de forma inesperada, con el voto del consejero nombrado por Junts, Pere Soler, que votó a favor de una operación que detesta Junts, que quiere evitar que marcas catalanas sean absorbidas para seguir justificando sus ansias separatistas y, sí, pidió que se votara en contra. Pero Junts, a fecha actual, aún no saben qué ha llevado a su consejero a tomar esa decisión.
Lo cierto es que, visto lo visto y en medio del desconcierto, surgió la solución: una consulta popular. La idea fue del PSOE, dejando nota de su maestría en populismo. Y allá que se comunicó a Junts para que no declararan la guerra y aceptaran consulta como animal de compañía.
El 9 de mayo de 2024, BBVA lanzó una oferta de compra hostil por el Banco Sabadell. El Gobierno tiene motivos suficientes para poner pegas a la operación. La unión de BBVA y Sabadell acentuaría la falta de competencia en el sistema financiero español. Si sale adelante la operación, los tres grandes bancos concentrarán dos de cada tres depósitos en España. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde, con una serie de condicionantes, a la oferta de compra de BBVA sobre Banco Sabadell. Con el posicionamiento que ha tenido ante la OPA, parecía claro que el Gobierno iba a frenar la operación, pero no. Sorpresivamente, este Ejecutivo no quiere gobernar… Tras meses de declaraciones contrarias a la OPA que ha presentado el BBVA sobre el Banco Sabadell, nos hemos encontrado con que el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de gobernar deja este asunto al albur de una consulta. Sorpresa y estupor en la CNMC que tras casi un año de examen aprobó el pasado 30 de abril la operación con condiciones asumibles para el BBVA. La intromisión de Moncloa abriendo una consulta pública «alegal», que no está recogida en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 deja en papel mojado el trabajo de los técnicos del organismo garante de la competencia. Tras el espaldarazo de el Sabadell a Salvador Illa devolviendo la sede dentro de las fronteras de Cataluña tras siete años fuera por el desafío independentista, . Ahora Sánchez tratará de devolver el “favor” y que prepara su… Leer más »