José Luis Escrivá, el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compareció el pasado jueves 27 de febrero en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión parlamentaria del ramo para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su Gabinete con el compromiso claro de la introducción de un Ingreso mínimo vital
Anunció que su equipo ya trabaja en su diseño con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad que padece la sociedad española, y señaló, sin desvelar la cuantía de la prestación en cuestión, algunas de las características que debería tener la medida, similares a las de la propuesta que realizó la AIReF el pasado año.
“Hay 17 instrumentos heterogéneos a nivel regional, con diferentes requisitos y dotaciones, que no ayudan a generar una mayor cohesión territorial“, señalaba Escrivá durante su intervención apuntando a la necesidad de “coordinar este ingreso mínimo vital con otras prestaciones ya existentes“, lo que implicaría reordenar la estructura asistencial y, eventualmente, eliminar duplicidades que se pudieran producir con otros niveles regionales y locales en este espectro. Se ha referido al embrollo de prestaciones que existen actualmente: las no contributivas dependientes del Ministerio de Trabajo, las que abona la Seguridad Social como jubilación, maternidad e invalidez… además de los programas de rentas mínimas diseñados por las comunidades autónomas y las entidades locales.
“No va a ser una prestación más sino un mínimo nacional“, ha especificado, para incidir después en que “hay que reordenar el sistema de prestaciones”. Con todo, el ministro ha avanzado que el equipo de su departamento ha empezado a diseñar esta especie de renta mínima y, una vez tengan “cerrados los mimbres”, se llevará al Congreso de los Diputados, en concreto a la Comisión de Trabajo, donde va a buscar el consenso de los diferentes grupos políticos respecto a esta medida.
Si se asumiesen las bases de la mencionada propuesta de la AIReF, estaríamos ante una medida que tendría un coste fiscal de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades con otras prestaciones similares de otros organismos públicos como se ha mencionado, frente al coste de 7.200 millones cuantificados por los sindicatos en su propuesta introducida en el Congreso de los Diputados en 2017.
La AIReF valoraba la posibilidad de que las ayudas por adulto sean de hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres.
Según ha anunció el ministro, el Ejecutivo no tiene previsto desplegarlo hasta el año que viene para su implantación de manera progresiva a lo largo de los tres últimos años de la legislatura, es decir, 2021, 2022 y 2023. Su introducción será gradual y probablemente en estos Presupuestos (los de 2020) no se incluya o solo muy someramente
Esta gradualidad permitirá, además de paliar el impacto sobre el déficit, evaluar el funcionamiento de esta novedosa medida pues su diseño debe coordinarse con distintos niveles de la Administración porque va a integrarse en un “sistema complejo” de prestaciones con las que se va a tener que “anidar”.
“No va a ser una prestación más sino un mínimo nacional”, ha especificado.
Será “flexible, eficaz y suficiente”. Con la flexibilidad pretende que esta prestación alcance a todas las personas que “se quedan atrás” porque se encuentran en diferentes situaciones y, por tanto, presentan distintas necesidades de inclusión. Mientras, con la eficacia busca que los beneficiarios sean los ciudadanos efectivamente más vulnerables, eliminando las barreras administrativas y de acceso. La suficiencia se refiere a la dotación económica.
