El sindicato UGT ha denunciado este viernes la “desprotección” de los ciudadanos y la pérdida de eficiencia de la justicia en los juzgados de lo social por el aumento de los retrasos para resolver los litigios. “Una buena parte de los juzgados de lo social están señalando en 2023-2024 y una parte significativa en 2025, existiendo casos límite, que están señalando en 2026”, denuncia un informe del sindicato presentado este viernes. Los peores registros se producen en Andalucía y, en concreto, Sevilla.
La situación comenzó a deteriorarse con la crisis de 2008 y los retrasos en la celebración de los juicios y emisión de las sentencias empezó a ser grave a partir de 2012. Pero la pandemia de la Covid-19 y la suspensión de los plazos judiciales acordada durante meses ha empeorado la situación, a pesar de las medidas que se recogieron en el Real Decreto-ley 16/2020, del 28 de abril.
Según los datos recogidos por el sindicato, “un 25%” de los juzgados de lo social tramitan los llamados procedimientos urgentes, como despidos y casos sobre derechos fundamentales, entre otros, “en plazos que rondan el año”, un “periodo difícil de asumir”, considera la organización sindical. “Se trata de la primera instancia pues en la mayoría de los casos las sentencias son susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia”
En los llamados procedimientos ordinarios, “más de 26% de los juzgados examinados tienen señalamientos superiores a los 18 meses”, indica el estudio presentado este viernes. “Este tipo de procedimientos son los que sirven para reclamar salarios impagados, pero también prestaciones de Seguridad Social, pensiones y, recientemente, el ingreso mínimo vital”, recuerdan en UGT.
UGT requiere un análisis detallado de los retrasos, que en muchos casos tienen focos muy concentrados en determinados tribunales. “No deja de ser llamativo la gran diferencia de plazos entre distintos juzgados, aun en la misma provincia, que hace que un mismo procedimiento pueda tramitarse en un par de meses en algún juzgado y que en otro pueda llegar hasta los tres años”, subraya el estudio.
UGT ha instado a que el Ministerio de Justicia apruebe, cuanto antes, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Se trata de “mejorar el Servicio y reducir los tiempos de los procedimientos”. Han demandado, también, “mayores recursos humanos y materiales, incrementando el número de juzgadores, de letrados y letradas de la Administración de Justicia y del resto de los cuerpos judiciales”.
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