HISTORIA DE UN FRACASO: EL OBRERISMO CATÓLICO EN ESPAÑA

Con la Restauración borbónica, ciertos obispos y Cánovas del Castillo aplaudieron la iniciativa de la “Unión Católica” (1881-1884), un “movimiento” que llamaba a las masas católicas para realizar una acción social.

Durante la Revolución Francesa, la Ley Chapelier de 1791 había suprimido los gremios. Este tipo de legislaciones se fueron sucediendo por muchos países. Junto a ello, las desamortizaciones de las tierras eclesiales y comunales generaron una masa de trabajadores desarraigados que acabaron convirtiéndose en un proletariado desolado por las múltiples injusticias de una voraz burguesía decimonónica

La encíclica Cum Multa

La encíclica Cum Multa (1882) fue escrita para contener la convulsión provocada por los enfrentamientos entre los católicos españoles pues tras un periodo convulso de la Revolución de 1868, el frustrado reinado de Amadeo de Saboya, la Guerra civil carlista, la convulsa I República, la Guerra de Cuba, España necesitaba paz y por eso se acogió a la dinastía borbónica liberal que tanto había despreciado. La Constitución de 1876 fue una obra de ingeniería de Cánovas del Castillo para lograr un “consenso” nacional que a muy pocos contentó. Sólo las elites representadas por el Partido Conservador y el Liberal iban a estar a gusto en un régimen que controlaban manteniendo a republicanos y carlistas lejos del poder.

Cánovas del Castillo y la Unión Católica

El llamado catolicismo liberal (transigentes, accidentalistas o “mestizos”) debían sufrir constantemente los ataques de los católicos tradicionalistas (“intransigentes” o “íntegros”). Ciertos obispos y Cánovas del Castillo aplaudieron la iniciativa de la “Unión Católica” (1881-1884) que en un principio era una “movimiento social” católico, que llamaba a las masas católicas a movilizarse para realizar una acción social. Finalmente, como no podía ser de otra forma, la “Unión Católica” se integró en el partido de Cánovas

La llegada de la Rerum Novarum

Con la Encíclica la Rerum Novarum (1891) de León XIII se iniciaba el llamado corpus leonino sobre el magisterio de la Iglesia católica en temas sociales. La llamada cuestión social, en España y el resto de Europa, no fue patrimonio de las izquierdas y desde amplios sectores católicos se propusieron e impulsaron múltiples iniciativas obreristas. No obstante, la cuestión social en el mundo católico ocultaba una realidad mucho más profunda: la lucha entre los sectores católicos liberales que habían decidido aceptar los regímenes surgidos de las revoluciones decimonónicas (todos ellos en mayor o menor grado anticlericales) y los católico tradicionalistas que aún aspiraban a reconstruir la Cristiandad.

La Rerum Novarum levantó muchas suspicacias entre los sectores conservadores en concreto y liberales en general, pues vieron en ella un impedimento para aplicar las doctrinas liberales en lo económico pues la Rerum Novarum acusaba al liberalismo económico de ser el causante con sus desmanes de provocar las reacciones revolucionarias en el obrerismo incipiente y por ello, incluso algunos radicales socialistas la aplaudieron. Precisamente su olvido ha impedido una verdadera acción católica en las cuestiones sociales y el desarrollo de un obrerismo o sindicalismo verdaderamente católico. Así, el campo sindical acabaría quedando bajo el monopolio de la izquierda hasta nuestros días.

Cánovas y “el estado-caridad”

Cuando llegó la Rerum Novarum el catolicismo tradicionalista mantenía aún su firme oposición especialmente contra los conservadores de Cánovas del Castillo, que al publicarse la Encíclica, primero dudó si apoyarla o ignorarla. Pero daba la casualidad que en el Senado se estaban debatiendo ciertas leyes sociales, especialmente sobre la regulación del trabajo de la mujer. Entonces vio la ocasión de atraerse a las masas católicas que aún le repudiaban si se convertía en el abanderado de la Rerum Novarum. Soñaba que lo que no había conseguido la “Unión Católica”, a lo mejor lo conseguiría enarbolando el pendón de la justicia social que reclamaba la Iglesia.

Castelar, dirigente del Partido Liberal-Fusionista, rechazó la Encíclica porque (aparte de ser anticlerical) esta defendía la intervención del Estado para regular cuestiones de justicia social. No olvidemos que los liberales progresistas, eran en su mayoría librecambistas y no estaban dispuestos a que nadie pisoteara sus principios liberales. De hecho, León XIII fue acusado por muchos liberales europeos de ser “socialista” por reivindicar la intervención del Estado. Por el contrario, Cánovas deseaba (paradójicamente) que su gobierno conservador fuera intervencionista. Y quiso justificarlo afirmando que seguía las enseñanzas del Papa.

El tradicionalismo acusó a Cánovas de querer construir un “Estado-caridad” o un “Estado-Patrón” (léase en términos modernos, un Estado de Bienestar) y defendía que la cuestión social y obrera debía integrarse en la restauración del reinado social del cristianismo y no en una mera política de un gobierno paternalista. Cánovas puso encima de la mesa como argumento propiamente conservador e intervencionista, que el Estado actuaba en materia social ya que la “Iglesia estaba debilitada” para ocuparse de ella. Evidentemente callaba que quien había debilitado hasta el extremo la iglesia era el propio liberalismo decimonónico.

La Acción Católica

Ante estos embates, la jerarquía católica pro-alfonsina, iban a salir al rescate del Partido Conservador e iban a intentar frenar al díscolo catolicismo tradicionalista y promovieron los Congresos Católicos Nacionales de España (de 1889 a 1902). Estos congresos pretendían, al igual que en su momento lo intentó la “Unión Católica”, aunar a los católicos en torno a la cuestión social. Pero a los católicos intransigentes no se les escaba que era una nueva treta de desmovilización del tradicionalismo y de legitimación del Régimen de la Restauración borbónica.

Estos Congresos y su “agenda” oculta fracasaron. No obstante, una semilla envenenada quedó. Un joven carlista, Severino Aznar, organizaría a partir de 1906, las Semanas Sociales para tratar de la cuestión social y obrera. También por ese tiempo, ya reinando San Pío X, con el documento Il firmo Proposito(1905) se fundaría la Acción Católica con la intención era mantener la cuestión social lejos de los intereses partidistas de los católico-liberales y conservadores. Pero con el tiempo buena parte de la Acción Católica acabaría pasando de estar controlada por católicos tradicionalistas a ser entregada a los católicos liberales. Estos, en vez de atender a la vocación social y obrerista, utilizaron la energía de las organizaciones católicas para intentar consolidar una alternativa política conservadora, pero laica (se acercaba el nacimiento de la Democracia cristiana).

“Democracia Cristiana” o “Democracia Social”

En 1901, veía la luz la Encíclica Graves de Communi en la que León XIII advertía seriamente de la inconveniencia de usar el término “Democracia Cristiana” aplicado a la acción o participación política y la expresión debía usarse exclusivamente para referirse a la acción social o de beneficencia para con los más desfavorecidos. Ello provocó disgusto e inquietud entre muchos católicos que -con razón- veían en el término “democracia” un peligro semántico fácilmente confundible con las ideas revolucionarias. Y así lo constata León XIII en su encíclica: “No sea empero lícito referir a la política el nombre de democracia cristiana; pues aunque democracia, según su significación y uso de los filósofos, denota régimen popular, sin embargo en la presente materia debe entenderse de modo que, dejado de todo concepto político, únicamente signifique la misma acción benéfica cristiana en favor del pueblo”.

El mismo problema se encontraría San Pío X, cuando intentó encauzar la acción social para que no se confundiera con la acción política. En 1910, el Papa tuvo que afrontar las desviaciones de la acción social católica en proyectos políticos que defendían la forma democrática por encima de cualquier otro régimen político. Peor aún, muchos empezaban a defender que sólo en un régimen democrático podía florecer el cristianismo. Este es el motivo de que en ese año se publicara la Encíclica Notre Charge Apostolique en la que se reafirma la doctrina de León XIII sobre el sentido de la expresión “Democracia Cristiana”.

El Marqués de Comillas y los Sindicatos Libres

En el primer tercio del siglo XX y hasta la llegada de la II República se intentó establecer un obrerismo católico fruto de iniciativas dispersas, a veces contradictorias. Ello produjo un limitado arraigo del sindicalismo en algunas partes de España y con tesis y estrategias muchas veces contrapuestas. Se pueden establecer dos grandes categorías de sindicalismo u obrerismo en esa época.

Por un lado, estarían los sindicatos confesionalmente católicos. Dependían directa o indirectamente de la jerarquía eclesiástica. A nivel agrario el jesuita P. Nevares, en 1912, fundó los sindicatos agrícolas que arraigaron en el norte de Castilla. En 1920 fundaba la Confederación Nacional Católico Agraria. Por su parte, otro jesuita, el P. Gabriel Palau, creaba en 1908 la Acción Social Popular (ASP). El problema de la ASP es que estaba financiada y controlada por el segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru. Este dominaba también el Consejo Nacional de Corporaciones Obreras Católicas. Los dirigentes católicos de estas asociaciones desarrollaron una labor de ayuda espiritual y material sobre los obreros, pero evitaron que su labor desembocaran en formas de sindicalismo. Por ello fueron acusados, y con razón, de “amarillistas”. La inevitable crisis de la ASP, llevó a que el P. Luis Gomis fundara la Federación Obrera Católica que rápidamente fue tachada por los sindicalistas católicos como una “ficción sindical”. La razón era que quería seguir manteniendo el obrerismo bajo el paternalismo ejemplificado en el Marqués de Comillas.

Por otro lado, tenemos los sindicatos profesionales o libres, también llamados transversales, compuestos por católicos pero que se definían aconfesionales. Una de las iniciativas de este sindicalismo militante, que no paternalista, la desarrolló el P. Arboleya en los sectores de la minería de Asturias. Como defendía el sindicalismo “puro” alejado del “amarillismo”, acabó entrando en conflicto con el Marqués de Comillas. El proyecto del P. Arboleya tuvo sus altibajos y cambios de estrategia. Finalmente, como se vería décadas después, las cuencas mineras habían caído en manos del sindicalismo revolucionario al fallar el sindicalismo católico. En las Vascongadas, destacó la obra del dominico P. Gafo. En 1914 ya había fundado el sindicato Ferroviarios Libres de Madrid. Sorprendió a todos porque quiso que el sindicato fuera aconfesional para no tener que depender de la jerarquía eclesiástica que en estos temas siempre entorpecía la labor sindical. Pero su verdadera entrega fue en su labor sindical entre Vascongadas y Navarra donde fundó sindicatos “libres”. En verano de 1923 viajó a Barcelona para verse con Ramón Sales, dirigente de los famosos Sindicatos Libres. Se logró una unión de los Sindicatos Católico-Libres del norte de España con los Libres de Barcelona (de origen tradicionalista), que cuajaría a finales de año con la constitución en Pamplona de la Confederación de Sindicatos Libres de España, que tanta labor harían y tanto darían de qué hablar. Los Sindicatos Libres tuvieron que vivir un obrerismo de calle en medio de la época del pistolerismo. Entre 1919 y 1922, los Libres contaron con 53 dirigentes asesinados. En la Guerra Civil morirían asesinados también el P. Gafo (actualmente beatificado) y Ramón Sales.

El Grupo de la Democracia Cristiana, llamado a desarrollar un obrerismo católico que pronto colapsó por falta de claros criterios sindicalistas, acabó evolucionando e integrándose en el Partido Social Popular, en 1922. El Partido Social Popular, recogía políticos -como Ossorio y Gallardo- que se habían integrado en el movimiento maurista desencantados con la corrupción del turnismo de la Restauración y que desde un populismo patriótico intentaban -nuevamente- atraer a las masas católicas. También acogía Propagandistas como Herrera Oria, incluso a tradicionalistas como Víctor Pradera. Pero el incipiente movimiento se vio truncado con la proclamación del Golpe de Estado de Primo de Rivera.

El Partido Social Popular, la Dictadura de Primo de Rivera y la Unión Patriótica

En 1923, ante lo insostenible de las agitaciones callejeras, las perpetuas crisis gubernamentales y de la Guerra de África, se produciría el Golpe de Estado de Primo de Rivera. Ello llevaría a una situación insólita en las cuestiones sindicales, pues los Sindicatos Libres quedaron relegados en favor de la UGT que se convirtió en el único interlocutor válido con el nuevo régimen. Incomprensiblemente, Primo de Rivera excluyó a aquellos que por lógica tenía que haber respaldado.

La llegada de la Dictadura convulsionó al recién fundado Partido Social Popular. Pronto hubo una escisión, entre los más entusiastas de Primo (como Víctor Pradera) y los que se opusieron. El proyecto demócrata cristiano moría prácticamente al nacer. En 1923 el partido se disolvía y muchos de los demócratas cristianos, junto a los de otras tendencias políticas, se sumaron a la Unión Patriótica. Por mucho que se nos quiera presentar a Primo de Rivera como un fascista, no lo fue ni mucho menos. De hecho, su ideología política nunca quedó definida y en las Uniones Patrióticas que se fundaron por toda España cabía todo el amplio espectro político desde católico liberales hasta tradicionalistas, pasando por personas simplemente de orden. Quién mejor lo define es Stanley Payne: “Primo no era ni un progresista, ni siquiera un autoritario consistente, sino más bien un semiliberal confuso e impaciente, cuya fantasía no trascendía las categorías del constitucionalismo liberal”.

La cuestión obrera seguía siendo uno de los puntos a resolver por la Dictadura de Primo de Rivera. En el fondo, Primo de Rivera quiso acabar con los sindicatos “duros” que utilizaban la huelga como instrumento de presión, para sustituirlos por sindicatos con funciones asistenciales, de educación y que fueran los intermediarios para elegir a los representantes de los trabajadores en los “Comités Paritarios” de las empresas. Los Comités Paritarios estaban formados por vocales, en igual número por parte de los patronos y de los trabajadores. El presidente era un representante del gobierno. Los vocales eran nombrados de forma libre por los empresarios y por los sindicatos.

El régimen excluyó a los sindicatos díscolos como la CNT o a los Sindicatos Libres y es así, como para sorpresa de muchos católicos, la UGT consiguió copar casi todos los puestos en los Comités Paritarios y en las comisiones mixtas organizadas por el Estado. Este favoritismo hacia el sindicato socialista, fue repudiado por los sindicatos agrícolas católicos y por los Libres. Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado y afirmó que consideraba un avance político la representación socialista y ugetista en aquel organismo. La CNT pasó a la clandestinidad el sindicalismo de los libres quedó prácticamente apagado. La gran diferencia es que, tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, los Sindicatos Libres ya habían perdido su fuerza, la CNT se había curtido en la clandestinidad y se le sumaría, fundada en Valencia en 1927, la subversiva Federación Anarquista Ibérica (FAI) encargada de que la CNT no perdiera su espíritu revolucionario. El sindicalismo católico agonizaba y el corporativismo paternalista del régimen que nadie se lo creía, ni siquiera los empresarios.

La Dictadura no pudo evitar que en el seno de su artefacto político -la Unión Patriótica- se tensionaran dos posturas. Estaban los que esperaban, como Pemán y Goicoechea, la prolongación sine die de un nuevo régimen que derivara en una nueva forma política que rompiera con el pasado de la Restauración. Por otro lado, hombres como Calvo Sotelo, y dirigentes vinculados al catolicismo social y político, veían a la Dictadura como etapa transitoria. Esta debía servir como instrumento de organización de la derecha española, con el fin de asegurar su hegemonía en una gradual transición hacia un nuevo parlamentarismo reformado. Pero los dos bandos no pudieron prever el triste destino de la Dictadura y del régimen de la Restauración que moriría definitivamente con la llegada de la II República.

La II República y Acción Popular

La abrupta llegada de la II República abocó a la Unión Patriótica a la desaparición. Los partidos monárquicos estaban desarbolados, la izquierda había monopolizado el obrerismo y los conservadores carecían de un partido que los representara. La Iglesia, por su parte, estaba descolocada. En 1931 la mayoría de obispos aceptaban la nueva situación y pedían a los católicos que la aceptaran como “poder constituido”. Sin embargo, la Constitución republicana de 1931 consideraba en su texto que “España no tiene religión oficial».

Herrera Oria, con sus propagandistas y gentes de la Acción Católica, fundó un partido que acabó llamándose Acción Popular. Entre sus objetivos se señalaba “la salvación patriótico-social” de España. Nuevamente la cuestión política iba a pasar por encima de la acción sindical. Acción Popular fue uno de los factótums de la CEDA. El proyecto tuvo su ilusa esperanza en las elecciones de 1933, pero la revolución de 1934 despertó del falso sueño de los católicos que creían que la convivencia en la II República era posible. Tras la proclamación de la II República, los Sindicatos Libres recibieron un nuevo golpe. Companys auspició entre los grandes sindicatos revolucionarios y la patronal el llamado “Pacto del Hambre”, por el cual se comprometían a no contratar a los afiliados a los Libres. Los Libres ya no pudieron ser el contrapeso al obrerismo revolucionario.

EL OBRERISMO CRISTIANO-PROGRESISTA DURANTE EL FRANQUISMO Y SU ABRUPTO FINAL

Ya en 1938 se aprobó en la zona nacional el Fuero del Trabajo. La constitución de un sindicato vertical único en el régimen que salió victorioso de la Guerra Civil hizo estéril cualquier intento de sindicalismo fuera de las nuevas estructuras. Tras la guerra, la Acción Católica volvió al intento de ejercer una acción social sobre los obreros. En 1946 se fundó en su seno la Hermandad Obrera de la Acción Católica (HOAC) y en 1947 la Juventud Obrera Católica (JOC). En ellas se refugiaron democristianos (aunque otros se colocaron en el régimen franquista). En 1953, se firmaba el Concordato con la Santa Sede. Este Concordato consagraba el modelo de estado confesional católico.

Sin embargo, una parte del catolicismo liberal español de los años 50 inició unas estrategias para mantener una cierta distancia con el franquismo. La publicación en España de la Encíclica de Juan XXIII, Pacem in terris (1963), sirvió de acicate a todos los católicos liberales para reemprender la acción y se elaboraban documentos para deslegitimar los fundamentos católicos de la democracia orgánica y corporativista franquista. Viejos falangistas, como Dionisio Ridruejo, expresó literalmente que el eje de resistencia al franquismo pasaba por: Montserrat, los jesuitas, los pequeños grupos democristianos, y la Acción Católica con sus HOAC y JOC.

Ciertamente, la resistencia al franquismo anidó con fuerza en ciertos sectores eclesiásticos. A modo de ejemplo, la Unión Sindical Obrera (USO) sale del seno de la JOC. Igualmente salen de entornos cristianos las primeras Comisiones Obreras (CCOO).

En 1954, los jesuitas habían fundado las Vanguardias Obreras en el seno de las Congregaciones Marianas con la misión de recuperar el mundo obrero en el seno de la iglesia católica. Sin embargo, su autenticidad obrera y fidelidad al evangelio, unidas a las coyunturas de orden socio-económico y político de la sociedad franquista, las conducen en la década de los 60, no solo a una ruptura con el inicial planteamiento de apostolado que respondía al modelo de iglesia en el estado nacional-católico, estrechamente vinculado al poder político, sino también a un serio compromiso con la sociedad lanzando a sus militantes a la lucha por las libertades y la democracia. Las Vanguardias Obreras fueron “evolucionando” hasta formar en 1962 la Asociación Sindical de Trabajadores (AST) que se acabaría autodenominando un sindicato aconfesional, unitario y revolucionario. Las Vanguardias Obreras y otras organizaciones iban desarrollando sus movilizaciones: Asamblea General de Militantes en Madrid (1974), la II Asamblea General en Valladolid (1975), la III Asamblea General en Valencia (1977), la IV Asamblea General en Granada (1979) y la V Asamblea General en Barcelona (1981).

En 1970, de la AST se escindiría una organización maoísta: la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Este es sólo un ejemplo de los muchos destinos que tuvieron las asociaciones católicas que habían caído en la trampa del diálogo conciliar.

Los grandes enemigos de la Iglesia, las organizaciones comunistas, le hicieron el abrazo del oso. En 1954 la Acción Católica tenía 600.000 afiliados y en 1979 ya sólo quedaban 15.000.

Tras la Transición el Estado entregaba el patrimonio sindical acumulado (el del sindicato único) a los sindicatos “de clase” (fundamentalmente UGT y CCOO) pretendidamente revolucionarios para domesticarlos mediante sustanciosas subvenciones estatales del Gobierno de turno.