El desempleo juvenil constituye hoy uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el mercado laboral español y que amenaza la cohesión social y el desarrollo económico sostenible del país.
En el primer trimestre de 2025, la tasa de paro entre menores de 25 años alcanzó el 26,5 %, lo que supone un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024, cuando se situaba en torno al 24,9 %. En este periodo de cuatro meses, el número de jóvenes en paro aumento hasta los 450.900, 16.000 parados más que en el trimestre anterior. España hoy en día dobla el dato de la Unión Europea respecto a paro juvenil, el cual se sitúa en el 14,8 % según Eurostat.
Esta situación no es homogénea en todo el territorio nacional. Mientras el País Vasco si sitúa en el 13,4 %, otras comunidades sobrepasan la media nacional. Ejemplo de ello son Extremadura con un 41 %, Murcia con 31,9%, Canarias el 32,1 % y Andalucía el 34,4 %. La situación más grave se localiza en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que registran las cifras más críticas, con el 64,7% y el 58, 5%, respectivamente. Estas disparidades territoriales exigen políticas con enfoque localizado y adaptadas a la realidad socioeconómica de cada región.
Según un informe del IESE, el 76 % de las empresas detecta disparidad entre las habilidades técnicas y blandas que poseen los jóvenes y las exigencias reales del mercado laboral. Un hecho que sucede tanto en aquellos que han cursado la universidad como la formación profesional.
Aunque la reforma laboral de 2022 logró un aumento significativo de los contratos indefinidos, sobre todo entre personas jóvenes, los temporales siguen representando más del 58 % de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo para los menores de 30 años. La mayoría de estos nuevos empleos para los jóvenes son a jornada parcial, y afectan sobre todo a las mujeres y a aquella población con baja cualificación formativa. Este panorama no sólo impacta la estabilidad económica y profesional de las personas jóvenes, sino también su futuro contributivo y de jubilación. Según un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE, los jóvenes que accedan al mercado laboral de forma tardía e intermitente deberán trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión completa.
Para poder dar solución a este contexto laboral, los políticos deben aplicar una política integral que combine medidas estructurales con iniciativas específicas para jóvenes. Es imprescindible dotar a los servicios públicos de empleo de unidades especializadas en la juventud, las cuales les ofrezcan a estos orientación profesional temprana, formación dual, prácticas remuneradas y un acompañamiento personalizado hasta lograr una contratación de calidad. Los políticos también deberían fomentar el emprendimiento juvenil reduciendo trabas administrativas y fiscales, ofreciendo microfinanciación pública ágil y accesible, y lugares de conexión entre los jóvenes y los ecosistemas de innovación.
Finalmente, el sector privado debe comprometerse con un pacto generacional que garantice condiciones dignas, contratos indefinidos, prácticas remuneradas con formación, y formación continua. Este pacto puede reforzarse mediante un sello de “Empresa Comprometida con la Juventud” que reconozca públicamente a aquellas entidades que apuesten por el talento joven con contratos de calidad y trayectorias formativas.
Un informe del Consejo de la Juventud de España reporta que casi el 60 % de jóvenes han padecido problemas psicológicos en 2023 y un 48,9 % ha registrado ideaciones suicidas, en un contexto de precariedad, imposibilidad de emanciparse y desafección política. Estas dimensiones deben estar presentes en cualquier política laboral juvenil, integrando apoyo psicológico, salud mental y una visión inclusiva del bienestar.
España necesita un enfoque estratégico que articule inversión en capacitación, reforma educativa adaptada al siglo XXI, impulso efectivo del emprendimiento, medidas territoriales contra la desigualdad y un compromiso privado con el talento joven. Solo así será posible transformar el desempleo juvenil en una oportunidad de desarrollo económico y social, evitándose la condena de una generación a la precariedad y la incertidumbre.
Fuente: Modelo de demanda de desahucio y resolución de contrato por obras inconsentidas
