El percibir un ingreso del Estado, es decir, que no venga del trabajo personal o de las rentas del capital, como por ejemplo el subsidio por desempleo o, el nuevo, Ingreso Mínimo Vital (IMV), significa, para una parte de la sociedad, que la persona que lo percibe perderá interés en buscar trabajo y preferirá vivir de la “sopa boba” con la “paguita” que entre todos le damos. Esta manera de pensar tiene su lógica que, a mi modo de ver, se sustenta en una idea, “para que se va a buscar trabajo si se puede ir tirando sin trabajar”, y en alguna experiencia cercana que así lo confirma, es decir lo que se llama una casuística, y que se tiende a generalizar.
El IMV es una prestación nueva y no sabemos cuál será la incidencia en el retorno al trabajo de las personas que la perciban. Podemos compararla con el comportamiento de otras prestaciones que ya existen en España.
Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que analiza el sistema español de protección frente al paro desde una perspectiva jurídica y económica, entre sus principales conclusiones destaca las relativas a la incidencia en el retorno al trabajo que podría tener la percepción de una prestación. “No es correcto afirmar que la protección por desempleo desincentiva la vuelta al trabajo; resulta preciso concretar en qué casos. A este respecto, los datos disponibles parecen poner de manifiesto un distinto efecto según se disfrute de una prestación contributiva o una asistencial”. Una prestación contributiva tiene su origen en los seguros sociales. Su duración y cuantía dependen de lo que una persona ha cotizado antes de caer en el desempleo. Por su parte, las prestaciones asistenciales (subsidios) se vinculan a la carencia de ingresos. Su duración y cuantía vienen determinados por la ley y son normalmente más exiguos que las prestaciones.
Según el estudio, sobre los subsidios, figura a la que más podría parecerse el IMV, dice: “de existir desincentivo, este se relaciona más con la duración que con la cuantía del ingreso, lo que nos permitiría corregirlo mediante la aplicación de medidas adecuadas en el ámbito de las políticas activas de empleo”.
Hay dos alternativa: Una, no establecer el IMV ante la posibilidad, que no la certeza, de que las personas que lo perciban dejen de ser activas en la búsqueda de un empleo en un mercado que, no lo olvidemos, es poco menos que imposible encontrarlo, y que en caso de encontrarlo, en muchas ocasiones, tampoco les garantiza salir de la marginación y la pobreza. Dos, establecer un IMV que les ayude a muchas familias, a salir de marginación y pobreza en la se encuentran y puedan vivir con un mínimo de dignidad.
El no establecer el IMV significa asumir la sentencia, “si no quieres ser pobre trabaja”, o la tantas veces escuchada desde la derecha, “la mejor manera de acabar con la pobreza es crear empleo”. Quiero recordar que en el fondo de cada Primero de Mayo ha latido la idea de que “no hay sociedad sin trabajo”. La mejor noticia para una persona no es que le corresponde un subsidio del Estado, sino que tiene un trabajo que le permita vivir con dignidad. Pero la realidad se impone y es que en España además de estar lejos de que todo el mundo tenga la oportunidad de trabajar, el tener un trabajo no es garantía de dejar atrás la pobreza. Según datos del INE, el segundo trimestre de 2007, el número de parados fue el más bajo de nuestra historia democrática 1.773.200 personas (una tasa del 7,93%). Según Cáritas (informe FOESA 2018), en el mencionado año 2007 el 6,3% de la población (2.800.000 compatriotas) se encontraba en exclusión severa (personas que han roto sus vínculos con el resto de la sociedad porque sienten que no se les tiene en cuenta y se enfrentan a un sistema de protección social que no está orientado ni diseñado para acompañarles). Ni en los periodos de mayor cantidad de personas trabajando hemos sido capaces de evitar la exclusión social. Según el mencionado informe, en el año 2018, 1.773.000 personas (3,8% de la población) malvivían en el extremo de la exclusión más severa.
El objetivo del IMV es erradicar la pobreza o por lo menos la más severa. España, siendo la cuarta economía de la Eurozona, es el quinto país con más personas en riesgo de pobreza, solo la superan Bulgaria, Rumanía, Lituania y Letonia. Por consiguiente, no podemos estar pensando si disponemos de recursos para el sufragar el IMV, el planteamiento es obtener los recursos y ponerlo en marcha sí o sí.
Enlace al estudio de la Universidad Carlos III de Madrid citado
Fuente: lucenahoy
