Con una semana de retraso y 72 horas antes de que empiece una visita fiscalizadora de la Eurocámara, llega el aval de la Comisión Europea al tercer tramo de reformas
La Comisión Europea aprobó este viernes 17 de febrero un tercer desembolso a España de 6.000 millones de euros del fondo de recuperación postpandemia tras comprobar que ha cumplido los 29 objetivos vinculados al mismo. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en recibir este tercer paquete.
Ahora los Estados de la Unión Europea tienen cuatro semanas para dar su visto bueno al pago que, de confirmarse, elevará a 37.036 millones de euros el total de subvenciones recibidas del fondo Next Generation por España, el país comunitario que más desembolsos ha obtenido hasta la fecha.
Esta aprobación tiene lugar tres días antes de que un grupo de eurodiputados se desplace a España para evaluar la ejecución del plan y además abre la puerta a que se inicien los trabajos para el cuarto pago, de 10.000 millones, que incluye entre otras cuestiones cruciales de la reforma de las pensiones, como la ampliación del periodo de cálculo y un análisis para evaluar la sostenibilidad del sistema. La visita de los hombres de negro entre el próximo lunes 20 y el miércoles 22 llegaba en un momento delicado para los Ejecutivos español y comunitario, con el aval al tercer tramo de reformas e inversiones previo al pago de 6.000 millones pendiente y una vez que había vencido el plazo que tenía la Comisión, el 11 de febrero, lo que ha generado inquietud en Moncloa.
Si los Estados dan luz verde al tercer desembolso, este se sumará al anticipo de 9.036 millones y los dos pagos de 10.000 y 12.000 millones que ya ha recibido España, con lo que el país habrá obtenido 37.036 millones de euros, casi la mitad del total de subvenciones que le corresponden del fondo hasta 2026.
Una vez logrado el visto bueno a este desembolso, el Gobierno afronta, eso sí, las reformas para solicitar el cuarto, que se le están resistiendo. Cuando el Gobierno presentó la primera parte de la reforma de pensiones, la Comisión Europea desbloqueó los 12.000 millones del paquete completo, pero expresó dudas sobre la sostenibilidad del sistema y advirtió de que evaluaría el conjunto de los cambios a la hora de para pagar el cuarto tramo.
Con más de un mes de retraso sobre la fecha prevista, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está negociando a varias bandas -con la Comisión Europea, los grupos parlamentarios y, especialmente, con el socio minoritario; y los agentes sociales- los dos asuntos que quedan pendientes: el periodo de años para calcular la pensión y lo que cotizan los sueldos más altos. En cuanto a la cotización de los que más tienen, el ministro se ha abierto a incluir una “cuota de solidaridad” o “recargo” a los salarios más altos, medida que el Ministerio ha planteado ya en Bruselas.
Pero el principal escollo de la negociación está en el cómputo de las pensiones al que el Gobierno se comprometió con Bruselas en el marco del plan de recuperación. Escrivá no ha logrado convencer a los socios parlamentarios del Gobierno (ni tampoco a Unidas Podemos) sobre su propuesta de ampliación de los años para el cálculo de la pensión de los 25 a los 28 años. Tampoco a los sindicatos, que exigen una mayoría política para negociar esta cuestión, que no llega y está bloqueando el cierra de la reforma.
Las dudas de la Comisión Europea estaban en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aprobado en el primer bloque de la reforma, que consiste en una cuota adicional con destino a la hucha de las pensiones. Bruselas ha pedido que se estabilice este instrumento más allá de 2032, fecha en la que el Gobierno quería volver a analizar el estado del sistema de pensiones para acordar su continuidad. La intención es prolongarlo hasta 2050.
Además, el Gobierno ha aprobado la adenda al plan de recuperación por la que solicitará 84.000 millones de euros en préstamos y otros 7.700 millones de transferencias adicionales del fondo Next Generation, a los que se suman 2.600 millones del nuevo mecanismo RepowerEU para reducir la dependencia energética.
En total, otros 94.300 millones de euros para nuevas inversiones y reformas en los ámbitos energético, industrial, agroalimentario y tecnológico que tendrán que recibir también el visto bueno de Bruselas.
