EUROPA MIRA CON LUPA A ESPAÑA EN ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE MEDIO-LARGO PLAZO

El Parlamento Europeo eleva la presión contra España por  amnistiar a malversadores quiere reactivar en 2024 16 años que España lleva incumpliendo las reglas fiscales

 

 

INDULTO Y ANMISTIA A LOS MALVERSADORES

Después de que el comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtiese de las consecuencias que podrían acarrear la laxitud frente a la malversación de fondos públicos en el procés, ahora es la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo la que ha pisado el acelerador para que España reaccione. Este organismo envió a todos sus miembros su borrador de informe anual sobre el Estado de Derecho, y el documento contiene tres advertencias muy claras contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

La primera es una apelación a dotar de una mayor independencia al CGPJ, con una reforma legal para que al menos la mitad de sus miembros los elijan los propios jueces. La segunda es la petición de que se prohíban a partir de ahora las puertas giratorias desde la política hacia la Justicia. La tercera es una llamada a no rebajar en ningún caso las penas por el delito de malversación (ni a eliminarlas, como en una amnistía), e incluso a rectificar las que ya se han hecho.

 

 

El ponente del informe es el eurodiputado español Adrián Vázquez, líder de Ciudadanos, que preside esta comisión parlamentaria conocida como JURI. Aunque el documento puede recibir enmiendas de los grupos en la Eurocámara, a priori, lo apoyarían el PP Europeo y los liberales y es probable que contase también con respaldo de los Conservadores y Reformistas (el grupo que incluye a Vox). Además, los socialistas de algunos países -por ejemplo, Alemania comparten las tesis del informe.

 

En relación con la reciente reforma del delito de malversación, que rebajó las penas como parte del pacto entre el PSOE y sus socios independentistas, el informe del Parlamento Europeo urgirá a la Comisión a que, «en los casos en que se encuentre que se han reducido los niveles de protección de los fondos públicos, se comunique de inmediato con el Estado miembro o Estados miembros afectados, solicitando la implementación inmediata de las medidas necesarias para rectificar esta situación». En este sentido, Bruselas ya ha advertido este mes que hay «ciertos límites» a la hora de aprobar una amnistía, y que estará muy atenta al impacto que tendría la norma, en especial en lo que se refiere a delitos de malversación.

 

LAS REGLAS FISCALES

Tras más de tres años suspendidas, la reactivación de las reglas fiscales que ahora negocian los Veintisiete ha traído consigo una avalancha de exigencias al Gobierno de España por parte de supervisores, organismos económicos y servicios de estudios nacionales. Piden un plan de ajuste que permita cumplir las futuras reglas con la intención de presentar una propuesta legislativa en noviembre.

 

 

Sea como fuere, se espera que el nuevo marco de estabilidad mantenga los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda. España lleva 16 años sin cumplir las dos reglas de forma simultánea. La última vez que el déficit público bajó del 3% fue en 2018 (año en el que gobernó primero el PP y luego el PSOE), pero entonces la deuda pública se situaba en el 100% (desde 2010 supera el 60%). Hay que remontarse a 2007 para encontrar el último momento en que España gozó de un déficit inferior al 3% del PIB (concretamente, un superávit del 1,9%) y una deuda inferior al 60% (del 35,8%).

 

La última revisión que el INE hizo del PIB el pasado mes de septiembre, que elevó el crecimiento experimentado en 2021 y 2022, ha reducido automáticamente la ratio de deuda en dos puntos y en unas décimas la del déficit (al 111,6% y 4,8%, respectivamente), pero aún así siguen por encima de los máximos marcados en Europa, suspendidos desde 2020 por la pandemia y la guerra.

 

Este año el Gobierno espera que la deuda pública se sitúe en el 108,1% del PIB y el déficit en el 3,9%, para situarse ya en 2024 en el 106,3% y 3%, respectivamente. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) no cree que tal recorte en el déficit sea posible sin medidas adicionales: “A falta de ajustes, el déficit se situará en el 3,6% en 2024 y la deuda pública superará el 106%, por encima de los niveles prepandemia”, detalla en el informe publicado este jueves. Su escenario central apunta a que el déficit “no alcanzaría el 3% hasta el 2028 y la deuda se situaría todavía por encima del 102% en ese año”.

 

En este contexto, prácticamente todos los organismos económicos y servicios de estudios están reclamando planes de ajuste creíbles. El último ha sido Funcas. “La persistencia de un déficit público elevado es un factor de vulnerabilidad para España, en un contexto de reactivación de las reglas fiscales y de retirada del apoyo del banco central, tanto en materia de tipos como de compra de deuda. A esto se suma el aumento de las rentabilidades, desde tasas inferiores al 1% para los títulos a 10 años hasta el entorno del 4%, lo que va a suponer un aumento del pago de intereses en relación al PIB”, advirtió este jueves.

 

Este verano el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ya advirtió de que España sigue a la cola entre los países de la OCDE en libertad económica por sus “elevados niveles de deuda y déficit público”, que limitan la capacidad de crecimiento. El Índice que publica el think tank de CEOE valora la respuesta que tiene cada gobierno en el ámbito de su programación presupuestaria para intervenir la actividad económica, así como su compromiso con la gestión financiera responsable de los recursos. En ese sentido, España se sitúa en la posición 36 de los 38 países de la OCDE en salud fiscal.

 

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España (BdE) han reclamado al Gobierno responsabilidad fiscal ante el próximo regreso de las reglas fiscales en Europa, empezando por retirar las ayudas contra la crisis que no estén focalizadas en los más vulnerables. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha recordado en varias ocasiones que España no debe superar una tasa de aumento del gasto público del 2,6%, el límite que impone la disciplina de la UE en su última recomendación a nuestro país.

 

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