Tras la reciente reunión de los presidentes de Gobierno de Alemania y España, las declaraciones sobre las reglas fiscales de la UE que obligan a reducir la deuda por debajo del 60% y el déficit del 3%, y que ha sido suspendido durante la pandemia, son claramente divergentes. Pedro Sánchez ha expresado que “Las reglas fiscales son demasiado complejas, difícilmente cumplibles, es importante cambiarlas. Tenemos que dar respuesta al reto ecológico y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Olaf Scholz, sin embargo, decía: “El pacto de estabilidad nos ha dado el marco para el fondo de recuperación. Queremos seguir construyendo sobre las experiencias del pasado. Europa caminará de la mano en los próximos años sobre la base del pacto de estabilidad, que nos ha servido de marco y nos ayuda en el futuro”. Lo cierto es que España se juega unos 25.000 millones en este debate de la vuelta a las reglas fiscales aceptadas en su momento.
EL DÉFICIT PÚBLICO es una situación en la que el Estado gasta más de lo que ingresa. Y esto, como en cualquier familia, es algo habitual en un momento determinado (cuando compramos una casa o tenemos un gasto imprevisto), en ningún caso puede tomarse como modus operandi.
Cada día oímos a un político, de cualquier tendencia ideológica, tratar con naturalidad tanto la existencia de déficit público como de su consecuencia, la deuda pública. Sólo durante un período breve de tiempo con el profesor Barea a la cabeza, cuando hubo por primera vez un Gobierno -el del presidente Aznar– que se tomaba como un objetivo la reducción del gasto, la consecución del equilibrio presupuestario y, con ello, la disminución del endeudamiento. Aznar logró rebajar el peso del gasto público total de manera importante, del 44,10% de gasto público sobre el PIB de 1995 al 38,40% de 2003
Definitivamente, el mundo ha vuelto a girar hacia posiciones de gasto público expansivo, fuertemente intervencionistas y los amantes del intervencionismo se empeñan en defender las ideas de Keynes sin estudiar en profundidad su obra. Es más, es conocido que Keynes dijo que había formulado su teoría para un momento muy concreto y para el corto plazo, pero que la corregiría y adaptaría -cosa que los intervencionistas siempre ocultan-. Su fallecimiento poco después lo hizo imposible y sus seguidores, los keynesianos llenaron de dogma inamovible lo contenido en las teorías de Keynes a medio plazo.
Tras la II Guerra Mundial, el gasto público se expandió como nunca, y el Estado del bienestar avanzó a pasos agigantados, elemento que consolidó unos niveles de gasto muy elevados. Pero aunque puede ser necesaria la intervención del Estado en la educación o la sanidad, por ejemplo, por los efectos beneficiosos que tienen para el conjunto de la sociedad en el medio y largo plazo, y otra muy distinta es que, al final, se financien múltiples actuaciones que no deberían correr a cargo del gasto público, y parece que “toda necesidad se convierte en un derecho”.
Para entrar en la UE nos comprometimos a que nuestro país sólo tendría déficit público en momentos excepcionales, que este no podría superar el 3% del PIB y que nuestro endeudamiento público no excedería el 60% del PIB. España tan sólo ha registrado superávit público 3 años (2005, 2006 y 2007), y llevamos desde la crisis de 2008 en el vagón de cola del déficit público en la UE. Y esto a pesar de sucesivos máximos históricos en términos de recaudación como en los años 2018 y 2019. O, dicho de otra manera: España se ha hecho adicta al gasto público (más del 50% del PIB) y, como consecuencia, está generando una situación de déficit público alarmante. En 2020, a pesar del mayor esfuerzo tanto en estímulos fiscales como monetarios de toda la UE, nuestro país lideró el dudoso ránking de déficit público de Europa.
El agujero fiscal de la crisis subprime y financiera en España fue de tal magnitud que no nos hemos recuperado desde entonces. La realidad es que España entró a la crisis de 2008 con una deuda del 40% del PIB, en 2019 (tras 6 años de crecimiento ininterrumpido) ascendió al 95% del PIB y a día de hoy supera el 125%.
LA DEUDA PÚBLICA que vamos acumulando para hacer frente a ese déficit público, antes o después hay que pagarla, fundamentalmente con impuestos futuros, es decir, el déficit público es uno de los mecanismos de empobrecimiento de las generaciones futuras más importantes. Una economía dependiente del déficit público es un país condenado al fracaso y a la decadencia. Especialmente, cuando el déficit se produce de forma estructural, es decir, independiente del ciclo económico.
Hay quien dice que el déficit público es una herramienta imprescindible para garantizar la calidad de vida y la igualdad en una sociedad. Algo que podría llegar a ser cierto cuando el Estado tiene un peso sobre el PIB reducido, pero en ningún caso se está cumpliendo en el caso español, donde el sector público ya supone casi el 50% de nuestra riqueza (y subiendo).
Si el déficit público fuera algo positivo Japón sería líder mundial. Y, sin embargo, su relevancia internacional ha ido en decadencia durante los últimos años y, con ella, sus empresas. Seguro que muchos recuerdan a grandes compañías japonesas (Suzuki, Sony, etc.) que dominaban el panorama internacional hace años y ahora, sin embargo, han quedado relevadas a un segundo plano. Y ello `porque una elevada inversión pública expulsa a la financiación privada de proyectos privados. O, dicho de otra manera: la inversión que va al sector público (poco productiva) no va al sector privado, es lo que se denomina efecto crowding out
Es interesante fijarse en dos gráficos aclaratorios incluidos en la estrategia de financiación del Tesoro Público para 2022 . Por primera vez en la historia, en 2021 el coste medio de la nueva deuda soberana emitida por España alcanzó niveles negativos: en concreto, un -0,04%. Más del 60% de las emisiones se colocaron a estos tipos negativos y la previsión es que el panorama no cambie demasiado en el próximo ejercicio.
España tendrá que pedir prestado en el próximo año 237.498 millones de euros. Aunque evidentemente, ése no será el déficit público, que se situará más bien en el entorno de los 65.000-70.000 millones de euros. De los 75.000 millones en emisiones netas prevé el Tesoro a los 237.498 millones en emisiones brutas que anticipa la Estrategia de Financiación, están fundamentalmente, las refinanciaciones. Es decir, deuda del Estado que vence este año pero no se amortiza: o mejor dicho, se amortiza (porque se paga al que tiene el bono) con un dinero que se ha pedido previamente a otros inversores.
Los estados no cancelan su deuda. Lo que hacen es volverse a financiar con más deuda para abonar la deuda que vence. De esta manera, el montante total nunca decrece. Cuando escuchamos que la deuda/PIB disminuye no es porque vayamos a amortizar esa deuda sino porque lo que crece es el denominador (el PIB) y se reduce la ratio.
Todo esto es importante porque las quiebras soberanas casi nunca se producen por el coste de los intereses o por las nuevas emisiones para financiar el déficit de un año. Los problemas surgen con las refinanciaciones, cuando nadie quiere prestar ese dinero que es imprescindible para repagar la deuda que vence.
En el capítulo sobre riesgos a largo plazo del número de noviembre del Observatorio de la Deuda de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF):
“El apoyo a gran escala de la política monetaria en respuesta a la crisis sanitaria ha contribuido a preservar unas condiciones de financiación de la deuda pública muy favorables, pero el alto nivel de endeudamiento implica una sostenibilidad futura fuertemente ligada a las políticas del Banco Central Europeo”.
En roman paladín: como los alemanes se enfaden con nosotros, lo vamos a pasar muy mal, pues España es una colonia en términos económicos que depende de la buena voluntad de nuestros mayores de Europa (Alemania fundamentalmente y los países “frugales”), buena voluntad que puede desaparecer en cualquier momento en situaciones de tanta incertidumbre económica, social y política.
Si el BCE compra deuda española por una cantidad superior a sus emisiones netas (y eso es lo que ocurrió en 2021) es en parte porque España (ni posiblemente Italia ni Grecia) se podría financiar sin ese apoyo, o nos costaría el doble o el triple. Pero existe el riesgo ya no de que el BCE deje de comprar o reduzca el montante de sus adquisiciones, sino a que comience a vender en el mercado secundario los títulos que posee.
De nuevo, la AIReF:
“En el largo plazo, la reducción de la deuda soberana del balance del BCE puede suponer un reto importante no exento de riesgos, al exigir el regreso de buena parte de la base inversora residente que se ha visto desplazada en los últimos años”.
LA INFLACIÓN
Desde noviembre de 2020 se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8% interanual de noviembre de 2020 hasta el 6,5% del mes de diciembre de 2021.
Es, así, la tasa más alta desde los tiempos en los que se firmó el Tratado de Maastricht: no había una inflación tan elevada en España desde marzo de 1992 -abril y mayo de aquel año tuvieron la misma tasa que ahora y luego se situó siempre por debajo-, hace casi treinta años.
La inflación es un cáncer para la actividad económica, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, al encarecerla, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo.
La inflación es un fenómeno monetario, y si sube se debe a que se financian con más masa monetaria los cuellos de botella y se introducen rigideces artificiales en los mercados, porque, de no ser así, cuando los precios subiesen en un sector o actividad, bajarían en otros mercados, pero el intervencionismo lo impide.
La inflación puede perjudicar al poder adquisitivo; fomenta un mayor endeudamiento (pues en términos reales, las deudas valen menos y hay que reendeudarse de nuevo) y también perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de manera constante, y encaminan a una deuda perpetua, al poder sufrir incremento en el coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés para poder controlar esa subida de precios. También supone una mayor presión tributaria para los agentes económicos, ya que, al subir los precios, la base sobre la que se aplican los impuestos es mayor.
En este gráfico de la AIReF, se indica el coste previsto en intereses para los próximos tres años en el escenario base (tipos y política del BCE en sus parámetros actuales) y en un escenario en el que los tipos en todos los tramos de la curva suben 100 puntos básicos para las nuevas emisiones.
A ese respecto la AIReF advierte sobre los costes sobre la deuda emitida y ligada a los precios:
El incremento de precios tiene un impacto directo y sustancial en la carga financiera. La exposición a la inflación a través de la cartera de Bonos y Obligaciones del Estado ligados a la inflación europea ha ido incrementándose desde el inicio del programa en 2014, con un valor de 68,8 miles de millones de euros en octubre de 2021. Esta exposición implica que, por ejemplo, una inflación 1,2 puntos superior a la prevista para 2021 por el BCE a principios de año, representará un incremento de la carga financiera cercano a 800 millones de euros.
Fuente: artículos varios de Libre Mercado, Expansión, El País, La Vanguardia, El Confidencial y El Diario
