- España mantiene 6 millones de personas al día que no trabajan pese a poder hacerlo
- Los ayuntamientos tienen más de 4.000 entes ‘fantasmas’ donde colocar a enchufados políticos a dedo
- Aumentan un 23% los liberados sindicales en la Administración General del Estado en diez años
- Aumenta el número de personas que no quieren trabajar a jornada completa
ESPAÑA MANTIENE 6 MILLONES DE PERSONAS AL DÍA QUE NO TRABAJAN PESE A PODER HACERLO
El resumen verídico de la España idílica de Sánchez es el siguiente: 3,2 millones de desempleados reales en edad de trabajar, 2,2 millones de personas viviendo del IMV (ingreso mínimo vital, diseñado para la gente sin recursos) y 1,2 millones de personas que faltan diariamente a su trabajo pese a cobrar sus sueldos pagados por las empresas en pleno auge del absentismo.
La fotografía real es la de un país en el que un colectivo de 21,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social -donde se encuentran más de tres millones de empleados públicos- mantiene, ya sea con prestaciones públicas o apoyo familiar privado, a más de seis millones de personas que no trabajan pese a poder hacerlo y que financia una bolsa de 10,3 millones de pensiones. Pero Sánchez habla del «sueño español».
Las cifras
Los datos son demoledores. Y justo en la dirección contraria a la que publicita el Gobierno de Pedro Sánchez. El análisis en profundidad de la situación económica muestra a España como líder en paro en la UE -total, femenino y juvenil-; como segundo país europeo con mayor pobreza infantil; tercero en pobreza relativa total y segundo en incapacidad de las familias para irse de vacaciones. Pero hay más.
La afiliación total en España está integrada por 21.865.503 de personas. Un colectivo inflado en los últimos años con puestos públicos y que alberga a más de tres millones de empleados del sector público.
Sea como sea, ese es el grupo que trabaja en un país en el que no deja de crecer el gasto diario. Y en ese gasto se encuentra un paro registrado de 2.405.696 personas y más de 800.000 inactivos adicionales que no entran en la estadística oficial por ser fijos discontinuos sin trabajo real.
Hay más: el colectivo que depende para poder vivir de la renta mínima garantizada por carecer de otros recursos (IMV) -personas en situación de pobreza- asciende ya a 2,2 millones. Y todo ello mientras el Gobierno no deja de felicitarse porque la cifra aumente pese a no reconocer una evidente crisis de poder adquisitivo.
El absentismo laboral
Por último: los datos de absentismo laboral hablan de cerca de 1,2 millones de personas que no acuden a sus puestos de trabajo cada día.
Y eso supone una suma total de 6,6 millones de personas que dependen de los distintos sistemas de solidaridad españoles -ya sean públicos o estrictamente familiares-. Más de seis millones de personas que podrían trabajar y no lo están haciendo. Justo cuando Pedro Sánchez alardea de haber cumplido el «sueño español».
Con todo ello es más fácil comprender que, mientras Sánchez afirma que la economía va como un cohete, otro mes más somos el país con peores datos de desempleo de Europa. Así, mantenemos la mayor tasa de paro de Europa: 10,4%, casi el doble que el 5,9% de la UE; la mayor tasa de paro juvenil: 24%, frente al 14,7% de la UE; y la mayor tasa desempleo femenino: 11,7%, de nuevo, casi duplicando el 6,0% de media europea.
En resumen, que uno de cada cuatro desempleados de la zona euro se genera en España. El país que Sánchez afirma que nunca había vivida así de bien en materia económica.
Las cuentas de cotización (empresas y autónomos con trabajadores) desde que Gobierna Sánchez (2019) en relación a julio de 2025 tampoco muestran una visión optimista: han caído en 65.000 personas.
Y los contratos realizados cada mes se dividen de la siguiente manera: contratos a tiempo total: el 14,6%; a tiempo parcial: el 9,9%; fijos discontinuos: 13,8%; y temporales: 61,6%. Resultado: de cada 100 contratos firmados, sólo son indefinidos y a tiempo completo menos del 15% de los contratos. Dicho de otra manera, se reduce el peso de los contratos indefinidos a jornada completa y aumenta el peso de los temporales y a tiempo parcial.
Fuente:
LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN MÁS DE 4.000 ENTES ‘FANTASMAS’ DONDE COLOCAR A ENCHUFADOS POLÍTICOS A DEDO
España es el único país de occidente en que ha aumentado el número de ayuntamientos en los últimos años mientras que desde Europa se alerta de la inflación de Administraciones y de entes públicos sin que exista una justificación de su eficiencia, productividad o de su aportación a la economía nacional. Ningún partido se ha atrevido a realizar ajuste o reforma alguna porque los grupos políticos se han convertido en agencias de empleo y utilizan el sector público para colocar a allegados, familiares y compromisos sin tener que documentar siquiera su cualificación profesional o académica sobre todo en la Administración ‘fantama’ de entidades instrumentales que se han configurado sin control alguno y sin las exigencias de formación y de transparencia que se requieren para la función pública.
En la actualidad, el sector público local dispone de casi 13.000 entes principales (entre ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades de ámbito municipal) a las que hay que añadir un puzzle de casi 4.200 entes dependientes, todos ellos cargados de empleo que no paran de crecer, cuya justificación y existencia se desconoce en muchos casos mientras que sus servicios más que duplicados suelen solaparse con los que deben prestar las autonomías o el propio Estado. Es más, tras cincuenta años de democracia, Hacienda sigue sin conocer a qué corporaciones pertenecen casi un tercio de estos ‘chiringuitos’ locales.
En todo caso, a esos más de 17.000 organismos públicos locales hay que sumar el medio millar de que dispone la Administración Central y los casi 1.800 con que cuentan las autonomías. Todo ello conforma un ‘mastodóntico’ sector público total, cada vez más caro e ineficiente en muchos casos, de más de 19.000 entes instrumentales y administraciones generales, que incrementa la deuda pública y que necesita más ingresos impositivos drenando recursos a la actividad económica. Además, el sector público, sobre todo el instrumental, se ha convertido en una agencia particular de colocación de los partidos, también de sindicatos y de otros altos cargos, sea cual fuere su color o ubicación ideológica.
Los ayuntamientos, con más de 700.000 empleos directos se han convertido en la principal ‘empresa’ de cada municipio sin que se conozca el detalle de cuántas colocaciones más hay que añadir de esta administración ‘paralela’ con 1.459 sociedades, muchas de ellas con presupuesto y cuentas propias; 728 asociaciones; 726 organismos autónomos; 718 fundaciones; 453 consorcios; así como 56 entidades públicas empresariales. La Intervención General del Estado lleva, a instancias de Bruselas, casi una veintena de años intentando poner un cierto orden a esta inflación de entidades que al estallar la gran crisis económica de 2008 alcanzaba los 6.280 organismos. Su aparente reducción desde entonces no se debe a su supresión o reforma sino a su sectorización (muchos organismos han pasado a computarse como entes públicos autonómicos o estatales), así como a la fusión o a su monitorización privada dónde la presencia accionarial del ayuntamiento era exigua. Pero, aún queda por dilucidar cuál es su tamaño real ya que siguen descubriéndose participaciones de los ayuntamientos en otras entidades. En todo caso, Hacienda reconoce en sus informes que se ha producido una cierta ralentización de este proceso de revisión y de reducción. Llama la atención particularmente el crecimiento de las fundaciones, que se supone que son entidades sin ánimo de lucro. Se trata de las entidades menos transparentes. Muchas de ellas se han configurado sin desempeño y fundamento alguno, pero plagadas de puestos de trabajo. Es decir, si en 2016, por ejemplo, había 442 fundaciones, ahora hay esas 718 (el incremento supera el 60%). Algo similar ocurre con los consorcios y las sociedades. En todo caso, en algunos ayuntamientos se denominan fundaciones o consorcios lo que en otros para un mismo fin se llaman organismos autónomos, sociedades, entidades públicas empresariales o asociaciones.
El ‘enjambre’ de entes, que tienen que competir con el sector privado en muchas actividades, es importante. Se han creado organismos (se rigen por criterios de contratación a dedo en muchos casos así como de bienes y servicios), que se han consolidado en el tiempo, para realizar supuestamente servicios que debería prestar el propio ayuntamiento a través de su administración general. La lista es larga. Hay entidades para: ferias; residencias; polideportivos y actividades deportivas de todo tipo; patronatos (desde deportivos a relacionados con la cultura, el turismo o la juventud); escuelas infantiles y hasta universitarias; empresas de actividades relacionadas con el suelo, la vivienda, la promoción inmobiliaria o la industrial; agencias de desarrollo económico y de empleo; autobuses; aparcamientos; canales y gestoras de radio y televisión así como medios de comunicación y de publicidad; auditorios; cementerios; parkings; campings; mataderos; puertos; comercializadoras y productoras de energía eléctrica; teatros y artes escénicas; museos; parques tecnológicos o agroalimentarios; de residuos; empresas de informática, de mantenimiento, limpieza o de infraestructuras; palacios de congresos y hasta de música o danza.
La ‘letra pequeña’ de todos estos entes no tiene desperdicio tanto en los grandes como en los medianos y pequeños ayuntamientos. El municipio de Albacete tiene creado un consorcio para una Escuela de Tauromaquia y otro para el Museo de la Cuchillería; el de Badajoz dispone de otro más con el nombre de Escuela de Artes Plásticas y el de Lepe (Huelva) añade el de Turismo Sostenible mientras que el de Tarazona (Zaragoza) cuenta con la Casa del Traductor. El municipio de Sitges suma un consorcio para el Club de Natación; y el de Vall de Uxó (Castellón) tiene otro con el título de Escuela de Esquí; el de Lepe (Huelva) ha creado otro de Turismo Sostenible; y, por ejemplo, el de Hospitalet (Barcelona) ha configurado otro más para los Teatros Públicos mientras que el de Avilés (Asturias) mantiene el del Albergue y Refugio de Animales. El Real Club Recreativo de Huelva (fútbol) pertenece al ayuntamiento de esta localidad así como el estadio La Nueva Romareda al de Zaragoza mientras que el de Badalona (Barcelona) ha creado la fundación Badalona Capital Europea del Básquet. La localidad de Santa María del Páramo (León) tiene la sociedad León Termal Sport (Spa) y el ayuntamiento de Madrid sostiene al Club de Campo Villa de Madrid así como una Agencia de Actividades y otra para el Empleo y un consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de la capital. En el municipio de Barcelona proliferan los entes: Alimentaria Exhibitions S.L.; Barcelona de Infraestructuras; Agencia Local de Energía; consorcios para la Biblioteca, del Turismo y del Auditorio y Orquesta, del Museo del Arte Contemporáneo o del Forum Universal de la Cultura Barcelona 2004; las fundaciones Barcelona Capital Náutica o Barcelona Zoo, Barcelona Olímpica; así como, por ejemplo, el Instituto de Deportes, o el Instituto para la Cultura.
El goteo de organismos es importante: el ayuntamiento de Pamplona tiene una empresa para los Comercios Minoristas y un ente autónomo para las Escuelas Infantiles; el de Córdoba dispone de otra S.A. de Autobuses; el del Bilbao ha configurado un Instituto de Deportes y un Centro de Cultura Contemporánea; el de Lleida suma un Centro de Negocios y un consorcio para el Desarrollo de la TDT Local; el de Murcia añade un Centro Integrado de Transportes; el de Valencia ha creado un Centro de Alimentación Urbana Sostenible; el de San Sebastián tiene inscrita una Compañía de Tranvías y el de Sevilla una empresa de Congresos y Turismo; los de Málaga y Córdoba han configurado consorcios para su Orquesta municipal; y el de Albacete dispone de otro para la Gestión del Circuito Permanente de Velocidad mientras que el de Á Coruña cuenta con otro consorcio para la Promoción de la Música así como un Instituto para Espectáculos. Además, el municipio de Gandía (Valencia) dispone, por ejemplo, de un Centro de Estudios e Investigaciones Comarcales; el de Ubrique (Cádiz) cuenta con una S.A. para la Administración del Artículo de Piel de esta localidad; el de Cuenca tiene una empresa de Maderas S.A.; y los de Medina del Campo (Valladolid) y Roa del Duero han creado consorcios para la Ruta del Vino de Rueda y de Ribera del Duero. Por su parte, el ayuntamiento de Vitoria ha inscrito una Escuela de Danza; el de Onteniente (Valencia) sostiene una fundación Museo Textil; el de Gerona añade un Museo del Cine; y, por ejemplo, el de La Unión (Murcia) dispone de una fundación Cante de las Minas mientras que el de Benahavís (Málaga) cuenta con otra fundación para su Escuela de Hostelería.
Fuente:
AUMENTAN UN 23% LOS LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN DIEZ AÑOS
El número de liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) ha aumentado en un 23,35% en los últimos diez años. Así lo indican los datos aportados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en una resolución del Portal de Transparencia. En concreto, el crecimiento respecto al año 2015 ha sido de una cantidad de 92, al haberse otorgado en ese año 394 dispensas sindicales frente a las 486 de 2024.
En el último decenio se ha producido un ascenso progresivo de este tipo de sindicalistas pertenecientes a la AGE. Según la información disponible, extraída del Registro de Órganos de Representación de la Administración General del Estado, en el resto de años de la última década se han concedido los siguientes permisos sindicales en la estructura administrativa: 392 en el año 2016, 416 en 2017, 434 en 2018, 450 en el años 2019, 464 en 2020, 472 en el año 2021, 484 en 2022 y 488 en 2023.
Las dispensas sindicales son un permiso que se otorga a los representantes de los trabajadores que les permite ausentarse del trabajo durante un tiempo determinado para cumplir funciones sindicales, sin que esto afecte a su salario. Es decir, es la autorización que los convierte en liberados sindicales, dicho de otro modo, en trabajadores exentos de su trabajo habitual para dedicarse completamente a funciones sindicales, cobrando su salario habitual.
En España, los representantes de los trabajadores son: delegados de personal, comités de empresa, delegados sindicales, comités de seguridad y salud, y liberados sindicales. Todos cuentan con funciones de defensa y representación laboral. De ellos, los liberados sindicales son los que mayor tiempo dedican al trabajo sindical, puesto que los delegados sindicales y miembros de comités de empresa, por el contrario, continúan realizando su trabajo de manera ordinaria, aunque cuentan con un número limitado de horas para funciones sindicales.
También se diferencian en sus labores, ya que la de los delegados sindicales se basa fundamentalmente en defender y representar a los afiliados del sindicato, mientras que las de los liberados sindicales son de dedicación completa a tareas sindicales, incluyendo representación y negociación. Es por ello que todos los liberados sindicales pueden ser delegados, pero no todos los delegados son liberados, porque para ello tienen que contar con la dispensa.
La Administración General del Estado es el conjunto de ministerios y organismos que dependen del Gobierno central y que gestionan las políticas públicas, los servicios y los recursos del Estado. La AGE cuenta con representantes sindicales para garantizar que los derechos e intereses de sus empleados sean defendidos y representados.
Respecto a los delegados sindicales en la Administración General del Estado de la última década, desde el Ministerio señalan que no se dispone de una serie histórica consolidada entre los años 2015 y 2023, puesto que «el número corresponde a los datos vigentes en cada momento y no existe una recopilación sistemática con carácter anual». En el año 2024, el número de delegados sindicales registrados en la AGE fue de 762. Frente a esta cifra si sitúan las 486 personas que en ese mismo periodo gozaron de la dispensa sindical (liberados).
En cuanto al total de delegados del país, tal y como contábamos en este periódico, la cifra es de 320.882 delegados sindicales en España, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el conjunto de este tipo de sindicalistas en todo el territorio, resultan destacables las importantes desigualdades territoriales (con solo cuatro comunidades autónomas que superan los 20.000 representantes sindicales), y la hegemonía de UGT y CCOO, que concentran casi el 70% de la representación.
Fuente:
Aumentan un 23% los liberados sindicales en la Administración General del Estado en diez años
AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE NO QUIEREN TRABAJAR A JORNADA COMPLETA
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) define el término trabajador a tiempo parcial como “trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable”. Eso sí, los países nunca se han puesto de acuerdo en cuanto a cuál es la línea de separación entre la jornada a tiempo parcial y la jornada completa.
Algunos países han establecido un límite de horas para que la jornada pueda considerarse a tiempo parcial: 25 horas a la semana o las dos terceras partes de la duración normal de la jornada a tiempo completo. Como quiera que cada año, el trabajo a tiempo parcial ha ido ganando en importancia, su definición ha ido perfilándose (y complicándose) con el paso del tiempo.
Algunos hablan de trabajo “a tiempo parcial sustancial” para referirse a jornadas de entre 21 y 34 horas semanales; otros, de trabajo “a tiempo parcial de corta duración” (20 horas semanales como máximo) y los restantes de trabajo “a tiempo parcial marginal”, que situaría la barrera infranqueable en 15 horas semanales.
España ha sido y es una país de jornada laboral a tiempo completo, aunque la productividad no hay sido ni sea nuestra mejor virtud. Pero la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha modificado una serie de normas no escritas.
En la actualidad, el número de ocupados en España es de 22.268.700, de los que 19.174.800, el 86,1% del total, trabaja a tiempo completo y el resto, 3.093.900, el 13,9%, a tiempo parcial, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística.
Es la cifra más alta de los últimos diez años y está fuertemente relacionada con el aumento del número de ocupados en España en los últimos ejercicios. Pero no puede ocultar que haya perdido peso específico. Según los datos de la EPA, en el año 2019, el trabajo a tiempo parcial representaba el 14,9% del empleo total y en el año 2015, en plena crisis económica, el 15,8%. Entonces tenían esta jornada laboral 2,818 millones, casi un 9% menos que en la actualidad.
Más mujeres optan por la jornada a tiempo parcial
La jornada a tiempo parcial es la preferida de las mujeres, porque de esa manera pueden compatibilizar mejor el trabajo y el cuidado de los hijos. De los cerca de 3,1 millones de trabajadores con esta jornada, 2,263 millones son mujeres, lo que supone el 73% del total, casi las tres cuartas partes.
Los hombres suman 830.400, y representan cerca de 27%. Los porcentajes no han variado mucho en los diez últimos años, con las excepción de 2023, donde las mujeres bajaron su proporción hasta el 68%.
Hay muchas razones para querer trabajar a tiempo parcial, pero la más señalada estadísticamente es “no haber podido encontrar trabajo de jornada completa”: 1.373.500 trabajadores dicen que esa es la causa por la que están a tiempo parcial. Suponen el 44,4% de las respuestas. En el año 2015, en plena crisis económica, más de 1,78 millones de personas, el 63,3% del total, indicaban esta causa, y en 2019, el 52,9%.
La segunda razón es estar al “cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores”, que es a la que aluden 433.400 personas, el 14% del total, un porcentaje muy similar al que indican quienes siguen “cursos de enseñanza o formación (432.400).
Hay un argumento que no deja de sorprender en la estadística: un total de 308.200 personas, el 10% de quienes trabajan a tiempo parcial asegura hacerlo porque “no quiere trabajo de jornada completa”. Es también una cifra récord, como casi todas en las circunstancias actuales del mercado de trabajo español.
El crecimiento de este argumento ha sido muy importante: en 2015, esta respuesta representaba el 6,64% del total. Seguramente la razón había que encontrarla en que en 2015 la economía española no atravesaba por su mejor momento tras decrecer el PIB en 2013 y marcar la cifra absoluta de parados más elevada del pasado reciente y la tasa de paro más alta.
Fuente:
Aumenta el número de personas que no quieren trabajar a jornada completa | Vozpópuli
