Francia hace un brindis al sol con su plan de ajuste mientras España mira hacia otro lado con los mismos problemas
El anuncio del primer ministro francés de congelar pensiones y salarios públicos como parte de un plan de ahorro de 44.000 millones de euros en cuatro años ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de protección social en Europa. En España, donde el ajuste necesario para garantizar la viabilidad de las pensiones podría rondar los 11.000 millones de euros, una cifra muy inferior a la francesa pero que exige actuar con anticipación para evitar crisis futuras.
La primera gran medida pasa por lo que se denpmona un «año en blanco». En la práctica, supondrá congelar durante 2025 y 2026 todo el gasto social —incluidas pensiones y prestaciones sociales— sin aplicar la subida habitual ligada a la inflación. Este paso permitiría ahorrar unos 5.000 millones de euros. La reforma más conflictiva será la del seguro de desempleo. Bayrou planea endurecer los requisitos para acceder a las prestaciones y reducir su cuantía o duración. La reforma apunta directamente a un pilar esencial del modelo social francés, por lo que se prevé una fuerte contestación sindical y política.
Francia arrastra una deuda del 112% del PIB y un déficit del 5,8%, con un crecimiento anémico del 1,2% en 2024. Las medidas anunciadas —que incluyen recortes en prestaciones sociales, vacaciones y plantilla pública— buscan cuadrar las cuentas ante la presión de los mercados, que exigen primas de riesgo más altas que a España.
Esta situación se atribuye a dos factores: la tradición francesa de posponer ajustes presupuestarios —sustituyéndolos por subidas de impuestos y deuda— y un crecimiento económico insuficiente (0,7% previsto en 2025), que dificulta la generación de ingresos. Francia tiene una sociedad muy reacia a reformas; en España, pese a las quejas, se han aceptado cambios difíciles.
Así, frente al «bucle insostenible» francés, España parte de una posición más favorable: un déficit en torno al 3% del PIB y un crecimiento económico tres veces superior al galo. Sin embargo, el sistema de pensiones requiere un ajuste estructural de 8.000 a 11.000 millones de euros —equivalente al 0,8% del PIB— para garantizar su sostenibilidad, según proyecciones de la Comisión Europea y la AIReF. Este esfuerzo podría distribuirse en varios años y sin afectar al crecimiento, gracias a la solidez actual de la economía.
Sabre las pensiones se descartan reformas drásticas, se abogan por «ajustes suaves» para reducir el déficit entre cotizaciones y prestaciones, en línea con las advertencias de Bruselas sobre el impacto de la reforma española, que elevará el gasto en 3,3 puntos de PIB para 2050.
Lo que ocurre en Francia nos recuerda que debemos actuar ahora. A diferencia del vecino galo, España tiene margen para ajustes graduales y menos traumáticos, pero retrasarlos podría llevar a escenarios críticos. El esfuerzo necesario es mucho menor (11.000 millones frente a 44.000) pero evitar esa situación depende de decisiones inmediatas. Esta situación coincide con los informes de la AIReF, que ya alertó de la necesidad de 11.700 millones en ajustes para cumplir con las reglas fiscales europeas en 2025, y con las proyecciones de Bruselas, que sitúan el gasto en pensiones en el 17,3% del PIB para 2050, el más alto de la UE. Mientras el Gobierno español confía en que las medidas de ingresos actuales basten, los expertos insisten en no subestimar el riesgo. La sombra de Francia, con sus protestas sociales y su crisis de deuda, parece ser el mejor argumento para no repetir su historia.
Es justo decir que Francia mantiene un debate político intenso y mecanismos de control sobre el Gobierno. Su Parlamento somete al primer ministro a mociones de censura recurrentes y se discuten abiertamente los planes de ajuste, algo que contrasta con el caso español. Mientras en Francia se reconoce al menos la necesidad de recortes y se somete a la presión de la oposición en el parlamento, en España apenas se habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el gobierno no rinde cuentas. Aquí, el gasto sigue creciendo, y los Presupuestos Generales del Estado se han convertido en sucesivos catálogos de promesas sociales y nuevas transferencias, mientras la deuda y el déficit siguen enquistados. Aunque Francia viva su propia tormenta política y social, al menos exhibe un grado de autocrítica y de control parlamentario que hoy por hoy brilla por su ausencia en España.
