Las pensiones de jubilación vascas, por sus salarios más altos,-son las más altas de España – 1.834,15 euros la media en junio de 2025 con un importe total de 716.419.338,43 euros por 1.505,91 euros de media en toda España con un importe total mensual de 9.914.538.941,42 -y son deficitarias en cerca de 4.300 millones, cantidad que se ha duplicado en la última década. El País Vasco es una de las regiones más envejecidas y con menos trabajadores por pensionista.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en sus horas más bajas, se ha comprometido al cumplimiento del pacto de investidura con el PNV del 10 de noviembre de 2023. Fue una cesión, que debería hacerse en dos años, al traspaso de competencias para que el País Vasco se ocupe de la gestión autónoma de la Seguridad Social. Un pacto que el PNV ansia desde hace décadas y que ahora a y que implica el inicio de la ruptura de la caja única. En realidad no se busca una Seguridad Social vasca independiente, que desde luego no quiere el PNV, porque sería difícilmente asumible. La transferencia de la gestión de la Seguridad Social crearía distorsiones y diferencias entre los pensionistas vascos y el resto de España. Ahora todas las pensiones, vascas o no, ya se financian con los impuestos de todos los españoles pero los vascos no aportan la parte correspondiente de sus impuestos en base a su concierto económico. Con el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, el Estado debería realizar una nueva transferencia compensatoria al País Vasco, lo que supondrá más recursos, más funcionarios y más poder para Ajuria Enea.
El acuerdo entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, es transferir a Euskadi la gestión de varias prestaciones sociales de la Seguridad Social. Este pacto contempla la cesión de la gestión de cuatro prestaciones no contributivas que son tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento, además de la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, que hasta ahora dependían del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto ha provocado cierta inquietud por sobre la caja única y qué pasará con ella.
Es preciso señalar que “lo que se cederá a Euskadi es el régimen económico de las prestaciones”, pero el Estado retiene la capacidad legislativa, es decir, la potestad de fijar los requisitos de acceso y las cuantías de las prestaciones. Entre las ayudas que pasarán a gestión vasca, se encuentran “la asignación económica por hijos con discapacidad”, “la prestación por nacimiento en familia numerosa, monoparental o con progenitores con discapacidad”, “la prestación económica por parto múltiple” y el “subsidio especial por nacimiento de carácter no contributivo, lo que se conoce comúnmente como maternidad no contributiva”. A esto se suma la gestión de “las prestaciones económicas derivadas del seguro escolar”, es decir, “las indemnizaciones por infortunio familiar, accidente o fallecimiento del estudiante”.
Es preciso insistir en que “estas prestaciones son no contributivas y, por tanto, se financian en su totalidad a través de los Presupuestos Generales del Estado” (son a las que se accede sin necesidad de haber cotizado). En el caso del seguro escolar, hay que recordar que no se financia con cotizaciones sociales, sino con las aportaciones que se hacen junto con la matrícula escolar. Es decir, Euskadi no tocará un solo euro de las cotizaciones sociales, ya que las prestaciones transferidas se financian con Presupuestos Generales del Estado o con el seguro escolar.
Este acuerdo no rompe la caja única de la Seguridad Social pùes estamos hablando de traspasos de prestaciones no contributivas, en la que lo que se traspasa es la gestión, y la competencia legislativa está en manos del Gobierno central. Se transfiere solo la gestión, reconocimiento y abono de las ayudas.
En la actualidad todas las comunidades autónomas gestionan, reconocen y abonan las pensiones no contributivas, y al igual que en este caso, la competencia legislativa está en manos del Gobierno central. Por ello no se rompe el principio de caja única ni se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo la pensión no contributiva de jubilación o invalidez se solicita a través de las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla que son gestionadas a través del IMSERSO. Recordar que en la actualidad el Gobierno vasco gestiona el Ingreso Mínimo Vital en su comunidad autónoma y el INSS lo gestiona en el resto de España y no está provocando ni ocasionando ningún problema.
Lo importante es aclarar algunos aspectos técnicos de este principio de acuerdo de transferencias pues ni Euskadi ni ninguna otra comunidad puede tocar las cotizaciones; lo que se descentraliza es solo la gestión y el pago de ciertas ayudas. En definitiva, el sistema nacional de la Seguridad Social continúa intacto, y el principio de caja única permanece inalterado.
Las «reticencias» existentes con el ministerio de Trabajo han hecho que únicamente se cedan al País Vasco las no contributivas
Los acuerdos alcanzados ayer entre el Gobierno central y el Gobierno vasco en materia de transferencias suponen un paso hacia adelante sí, pero éste se ha quedado corto para las expectativas del Ejecutivo de Imanol Pradales. Ambas partes son conscientes de que la gestión económica de la Seguridad Social es la transferencia más relevante de todas las que quedan pendientes, puesto que permitiría a Euskadi incrementar un 80% su presupuesto anual actual con 12.000 millones de euros adicionales, según los cálculos del propio Ejecutivo autonómico.
Por eso, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establecieron, en la primera de estas comisiones, celebrada en noviembre, un calendario para su cesión forma escalonada en tres bloques.
La primera fase, también gradual, comenzaría por las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las materias de Inspección de Trabajo pendientes, para seguir con las no contributivas del SEPE, es decir, los subsidios de desempleo asistenciales, antes de ceder las prestaciones de paro contributivas, enmarcadas dentro de las políticas pasivas de empleo.
Sin embargo, lo acordado ayer se limita únicamente al traspaso de las prestaciones no contributivas, es decir, aquellas no vinculadas con las cotizaciones, entre las que se encuentran la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la prestación a familias numerosas, monoparentales y o con madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples y el subsidio por maternidad.
A la espera de conocer cómo se delimitarán las funciones del Gobierno de España y las del Gobierno vasco, estas prestaciones se gestionarán, previsiblemente, de forma similar a como ya se hace con el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda estatal que desde 2022 es gestionada por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, en paralelo a la Renta de Garantía de Ingresos concedida por el Ejecutivo autonómico.
Es por eso que desde el Gobierno vasco han calificado el encuentro de forma positiva, pero han hecho hincapié en la necesidad de avanzar «a mayor ritmo», tal y como indicaba anoche el lehendakari tras salir de su reunión en La Moncloa.
Una visión que ha compartido hoy Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco que, a pesar de pertenecer al PSOE, ha reconocido que, aunque «ayer avanzamos y avanzamos bastante», no se avanzó en todo lo que les gustaría.
No obstante, ha asegurado que Pedro Sánchez tiene «la voluntad de resolver» las «reticencias importantes» existentes. Unas «reticencias» que no atribuye al Gobierno del PSOE, porque el presidente «lo tiene claro», «tiene la voluntad de resolver y así se lo trasladó personalmente al lehendakari», sino que atribuye a «la parte que gobierna el Ministerio de Trabajo», haciendo alusión a Yolanda Díaz. De este modo, Torres ha apuntado de forma directa a Sumar como el principal escollo que se están encontrando en sus negociaciones.
Es por eso que desde el Gobierno vasco no han logrado alcanzar un acuerdo para el traspaso de la prestación por desempleo ni del subsidio que se cobra cuando se agota el paro. «Está claro que igual no avanzamos en todo lo que nos gustaría, pero sabemos que el de Seguridad Social es uno de los paquetes más sensibles y complicados», ha reconocido, para asegurar que, a través de los acuerdos alcanzados ayer, «se abrió una puerta importante, sobre todo con las prestaciones no contributivas, que algunas de ellas, como el seguro escolar, está gestionado por el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería General de Seguridad Social».
Aun con todo, el vicelehendakari ha valorado de forma positiva la transferencia de este primer paquete de la Seguridad Social, que se materializará con la gestión de cuatro prestaciones no contributivas, así como de las prestaciones económicas del seguro escolar por parte de Euskadi.
En los próximos meses, ha aclarado Torres, seguirán trabajando «para llegar a acuerdos mucho más fructíferos en el tema de las prestaciones contributivas» de cara a la próxima reunión de la Comisión Mixta, que se desarrollará en el último trimestre del año.
El vicelehendakari ha asegurado que hay «una muy buena relación de trabajo y de interés mutuo» entre Sánchez y Pradales y confía en que «en los próximos meses se va a ver efectivamente que ese compromiso existe y que vamos a avanzar mucho más de lo que nos hubiera gustado avanzar ayer».
