ESPAÑA TIENE AÚN MUCHOS DEBERES POR HACER EN MATERIA DE PENSIONES

Con sus luces y sombras el anterior ministro de Seguridad Social tuvo una actividad imparable y muchos se temen que la actual ministra no tenga el perfil necesario para continuar con las reformas (no sólo maquillaje) que precisa nuestro sistema público de pensiones

 

En la anterior legislatura se desarrolló una intensa agenda reformista en materia de previsión social. El Congreso de los Diputados aprobó por consenso, el 19 de noviembre de 2020, el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, recuperando el normal funcionamiento en la gestión de este importante Pacto de Estado y estableciendo las bases para la actuación del Gobierno, que podríamos resumir en dos acciones: la reforma de la Seguridad Social, realizada en dos fases (2021 y 2023), y el impulso de la previsión social complementaria del sistema de empleo (2022).

 

De la reforma de la Seguridad Social, destacamos el compromiso de aportación por el Estado para garantizar tanto la sostenibilidad del sistema como la financiación del Fondo de Reserva, la creación del MEI para financiar las pensiones de los boomers y la recuperación del mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones públicas.

 

 

Se profundiza en el diseño del modelo de previsión social de los tres pilares en España. Queda trecho por andar, pero el itinerario marcado debería favorecer el desarrollo de la previsión social complementaria en nuestro país.

 

La aprobación de la Ley 12/2022 supuso la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. La formalización del plan de pensiones sectorial de la construcción indicó que se movían cosas importantes en la buena dirección. Recordemos que el acuerdo para la constitución de su plan de pensiones se alcanzó en el marco de la negociación de VII Convenio General de la Construcción.

 

La inclusión de un punto sobre previsión social complementaria en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT en mayo de 2023, puede indicar que algo se mueve en la voluntad de los agentes sociales para desarrollar en España el segundo pilar de la previsión social.

 

Desde el mes de diciembre de 2023, los 15 fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos ya están inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y son operativos. Por otro lado, los 13 miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que supervisará estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública, está nombrada desde noviembre de 2023, pero su funcionamiento no arranca.

 

El Gobierno se fijó el objetivo de alcanzar en el año 2030 los 13 millones de personas trabajadoras como partícipes de los planes de pensiones de empleo. La clave está en el papel de los agentes sociales y en la inclusión de la previsión social complementaria en los convenios colectivos.

 

Sin embargo, por otra parte, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado dificulta la recuperación definitiva de las aportaciones en los planes de pensiones de los empleados públicos, algo necesario para la credibilidad del Gobierno con relación al interés manifestado por el desarrollo de la previsión social complementaria del sistema de empleo.

 

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