España se juega 16.000 millones de fondos europeos hasta 2023 en la reforma de pensiones

Al menos dos tramos de las ayudas por un valor de 16.000 millones de euros estarán altamente condicionados al éxito de las reformas previstas en el segundo paquete que se negociará a partir de 2022.

La reforma de las pensiones afectará a dos tramos concretos. El primero, por valor de 6.000 millones de euros llegará en el mes de junio de 2022, siempre y cuando para entonces se hayan cumplimentado los hitos y objetivos del primer semestre de ese mismo año. Entre ellos, dos aspectos fundamentales de la reforma en los cuales el Ejecutivo deberá redoblar esfuerzos para lograr un consenso total con los agentes sociales: la activación del fondo público de pensiones y la implantación del sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos

Ambos puntos de la reforma deberán de estar sustanciados antes del mes de junio de 2022. Si bien es cierto que el Gobierno ya ha articulado el reglamento para el instrumento de ahorro -el fondo público de pensiones– con el que se pretende quintuplicar el volumen de patrimonio depositado por los trabajadores españoles en los planes de pensiones colectivos, hasta el próximo año no se podrá comenzar a ahorrar por esta vía, promocionada por el sector público. Siendo el impulso de los sistemas de previsión complementaria uno de los compromisos adoptados con Bruselas, el Ejecutivo deberá lanzar este vehículo financiero en un plazo máximo de siete meses.

Más complejo se plantea el acuerdo para la reforma del Reta. El Gobierno ya ha avanzado con las asociaciones representantes del colectivo un modelo con unos aspectos fundamentales que deberán ser ajustados durante las próximas negociaciones pero que mantienen una serie de tramos con diferentes cuotas en los que los propios trabajadores deberán insertarse, y entre los que se permitirá una movilidad durante el curso del ejercicio para intentar nivelar la cotización al volumen de rendimientos netos obtenidos. No en vano, desde la Cepyme y ATA han expresado su rechazo pleno a un sistema que si bien permitirá reducir la aportación a aquellos autónomos que cotizan, de forma proporcional, por encima de lo correspondiente por sus ingresos repercutidos, también plantea un incremento de las mismas para aquellos empleados que estando en mínimos de cotización reciben altos ingresos.

Ya para comienzos de 2023, el Gobierno debería estar recibiendo de Bruselas el cuarto tramo de ayudas europeas por valor de 12.000 millones de euros. Si bien para entonces se revisará el cumplimiento de los hitos y compromisos correspondientes al segundo semestre del próximo año.

Para este tramo se espera haber alcanzado un acuerdo sobre el ajuste de años cotizados para el cálculo de la pensión de jubilación, la senda de ajuste de las bases máximas de jubilación y el reemplazo del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional. Sin embargo, para el primer punto, por el lado de los sindicatos ya advierten que no asumirán ningún aumento del periodo de cálculo -en un planteamiento inicial filtrado a la prensa a comienzos de este año se plasmó un incremento de 25 a 35 años cotizados- que implicara reducciones de las pensiones a futuros jubilados. Teniendo en cuenta que esta medida implicaría una reducción del 8,6% de media para los asalariados y del 10% para los trabajadores autónomos, parece complejo el acuerdo tripartito.

En esta misma tesitura, pero con el rechazo frontal de la patronal, se encontrará el Gobierno a la hora de acordar una senda a 25 años o 30 años de aumento de la base máxima de cotización. Ya la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional supuso un primer cisma en la mesa de diálogo con el rechazo de CEOE al incremento de cotización del 0,6% finalista para la hucha de las pensiones, y fuentes de la negociación confirman  que este punto de la segunda parte de la reforma tampoco contará con el apoyo de la patronal, desde donde aseguran que están cargando el peso de la recaudación en las contribuciones de empresas y trabajadores, lo que podría dañar la recuperación y la creación de empleo tras la pandemia.

Además, antes de que finalice el 2021 deberá estar aprobada la primera pata de la reforma, cuyo proyecto de ley ya se encuentra en el Congreso para su votación, y donde no debería haber mayores complicaciones, si bien la enmienda que se introducirá del mecanismo de equidad amenaza el consenso. De este paquete dependen otros 12.000 millones de euros

Fuente: El Economista

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