El pago de las nóminas de los empleados públicos y de los políticos superó los 147.300 millones de euros en 202 frente a 1os 134.700 millones de 2019., mientras, las empresas privadas (sociedades no financieras) han registrado unas remuneraciones salariales totales de 362.500 millones frente a los 375.700 millones de 2019.
Desde que comenzó la crisis de la pandemia la masa salarial pública (incluye salarios y cotizaciones del empleador) ha crecido un 9,4% (12.600 millones más), con 222.000 empleados más. El coste de personal de las sociedades privadas ha bajado en un 3,3% (la caída alcanzó en 2020 el 9%) y perdura el descenso de los ocupados en unos 4.200.
En definitiva Gobierno trata de mantener la economía española a costa del incremento importante del gasto público, que está llevando a unos niveles imposibles de sostener. De esa manera, si comparamos el IVTR-2019, que es el último no afectado por la pandemia, con el último publicado (IVTR-2021), comprobamos cómo se ha destruido empleo privado, mientras que los empleos públicos han aumentado en 222.200.
Las cifras de gasto estructural son escalofriantes esos más de 147.300 millones de gasto equivalen al 69% del conjunto de los ingresos tributarios en términos de caja
Esos 147.300 millones del coste del personal público en 2021 representan el 25% del gasto total del conjunto de las Administraciones (incluye el pago de las pensiones). Es decir, 4 de cada 10 euros de todos los Presupuestos se destina a abonar nóminas públicas.
En cuanto al reparto de esa masa salarial pública, casi el 63% (91.740 millones) corresponde a las autonomías (5,6% más en el último año). Un 20% (29.350 millones) es de la Administración Central y la Seguridad Social, con un incremento del 3% sin tener competencia alguna en materia en sanidad o, por ejemplo, educación, y lo mismo sucede con los ayuntamientos, que tienen casi un 18% de este coste (26.280 millones) con un alza del 4,7%.
Todo ello dibuja una línea sumamente peligrosa para la economía: la apuesta de una economía sostenida artificialmente, vía gasto público, frente a una economía sostenible por ella misma. Es un proceso que desemboca en una caída o estancamiento de la economía, anestesiada por el impulso público, que deja, a su paso, un gasto insostenible, déficit abultado, deuda exponencial, impuestos confiscatorios y destrucción de tejido productivo.
