Portugal ha empezado a desmantelar su cuestionado régimen fiscal con el que pretendía atraer al país a inversores y trabajadores jubilados con rentas elevadas, un plan que puso en marcha tras la crisis económica de 2008 y que recogía exenciones tributarias sin competencia en el resto de Europa. Los países del norte cuestionaron una iniciativa que para algunos abrió la puerta al blanqueo de capitales y a la evasión fiscal. Sin embargo, lejos de desanimarse ante las críticas de los nórdicos, otros países del sur como Italia, Grecia o Malta han decidido lanzar el mismo cebo que Portugal empezó a utilizar hace más de una década.
Portugal, con los mismos habitantes que Suecia y Grecia y el doble que Noruega, se convirtió en un polo de atracción imbatible para jubilados VIP gracias a un régimen fiscal que nació en 2009. Gracias a esta fiscalidad, los residentes no habituales (RNH) que acreditaban vivir en el país más de medio año (de forma ininterrumpida o alterna) estaban exentos de pagar al fisco por sus pensiones, tanto en su país de origen.
Sin embargo, Portugal desde este año ya aplica un 10% a las pensiones de los extranjeros. Malta, Grecia e Italia, han intentado seducir a los mayores con más rentas para generar consumo y crecimiento, conscientes de que la calidad de vida, las playas y el clima eran incentivos añadidos para sus planes fiscales y de crecimiento.
Sin embargo, España, que encabeza en ránking sanitario mundial, que ofrece 8.000 kilómetros de playa, con uno de los niveles de seguridad ciudadana más elevados de Europa y que es el segundo destino turístico del mundo, ha quedado descolgada de esta oferta fiscal con casi tantos pros como contras.
Los organismos internacionales y europeos, países como Finlandia o Suecia, y los partidos de izquierda (aunque no los populistas) aseguran que es una puerta abierta para el fraude fiscal, que no genera empleo directo y, desde luego, abre margen a la competencia desleal en la Unión Europea.
España es la nación con mayor calidad de vida del mundo y no tiene una ley específica para atraer a los jubilados europeos En España, el contexto económico y político, en el que es más fácil que suban los impuestos a que bajen, no acompaña a ese tipo de medidas, pues en el ámbito social, con 9,8 millones de pensionistas (que serán cinco millones más en 20 años) a los que se deberá garantizar prestaciones mínimas.
Las pensiones de jubilación y el rescate de planes de pensiones en España tributan por el IRPF con un tipo impositivo progresivo del 19% al 45%, porcentajes similares en la parte alta a los que tienen el resto de los países europeos.
Solo unas pocas voces se han mostrado en los últimos años a favor de incentivar la entrada de pensionistas con rentas altas como opción a un turismo estacional, que se ha desplomado durante la pandemia y muy tocado por el Brexit, y como una fórmula para reactivar el consumo, crear empleo e impulsar el desarrollo en zonas despobladas, como pretenden Italia o Portugal.
El valorado sistema sanitario español, la seguridad y el clima hacen que más de medio millón de mayores extranjeros ‘ricos’ vivan en España, con casa comprada en la mayoría de los casos, durante su jubilación.
Algunos políticos han planteado eliminar los impuestos para mayores de 65 años, tanto para los extranjeros que viniesen a España como para los nacionales, pero España ha descartado ese camino. Sin embargo, Italia pretende atraer a ciudadanos ‘ricos’ a zonas con poca población y rentas muy por debajo de las medias europeas, Grecia pretende impulsar una tarifa plana del 7% -la mitad de la de Malta- en el Impuesto sobre la Renta para los pensionistas extranjeros que vayan a vivir al país. Pero no solo los países de la Europa ‘pobre’ han puesto a funcionar planes fiscales de captación de los más mayores, Holanda, Bélgica, Andorra, Luxemburgo e Irlanda han puesto las redes tributarias para hacerse con multinacionales y grandes fortunas, una estrategia que ‘pagan’ otros socios, y que recibe menos críticas del norte de Europa.
