España extinguió dos millones de empleos por despido o no superar el periodo de prueba en 2024

Los despidos disciplinarios se disparan como alternativa al contrato temporal 

Los datos revelan un abuso del periodo de prueba en los indefinidos 

Ver extinguido un contrato por despido o por no superar el periodo de prueba fue más habitual que nunca en 2024, según confirman las estadísticas de Seguridad Social a cierre de año. En el pasado ejercicio se alcanzaron 1,06 millones de bajas de afiliación por despido y otras 999.550 por no pasar el filtro de las primeras semanas en el puesto. La suma supone un récord de 2,06 millones que supera en un 87,9% los niveles previos a la reforma laboral. Y es que el cambio legal ha tenido un efecto claro: los ceses por estas causas entre los indefinidos suponen un 82,5% del total y se han disparado un 251,2% desde 2021.

¿Más empleo fijo implica más despidos? Este es uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno para minimizar el impacto de esta evolución. Las cifras, además, son inferiores a las causas asociadas a la volatilidad del empleo, que además son las más frecuentes: el fin de un contrato temporal y el pase a la inactividad de un fijo discontinuo, que acumularon la friolera de 9,7 y 4,9 millones, respectivamente, en el conjunto del año. Conviene recalcar que el fin de un despido temporal por cumplirse su fecha límite no cuenta como despido a efectos de baja de afiliación a la Seguridad Social.

Lo que ocurre es que esta tesis reconoce implícitamente la precarización de los empleos supuestamente más estables y que muchas empresas utilizan estas fórmulas para utilizar a trabajadores con un contrato indefinido ordinario para cubrir un puesto temporal.

 

Y es que, aunque la legislación reduzca las posibilidades de hacer un contrato temporal, eliminando los de obra y servicio, no ha corregido la dependencia del tejido productivo de estos empleos, sobre todo en sectores con un marcado componente estacional, como la hostelería, o sujetos a picos de actividad como el comercio o la logística y la industria.

Un problema que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convertido en una de las razones para plantear un encarecimiento de las indemnizaciones por despido improcedente y alanzar una campaña de la inspección contra el abuso en el periodo de prueba, para, según sus propias palabras, evitar que estos trabajadores se conviertan en «indefinidos de usar y tirar».

Indefinidos de usar y tirar

Todas las sospechas se dirigen a los ceses por no superar el periodo de prueba, ya que no conllevan indemnización (ni siquiera se clasifican como despidos). Pero, paradójicamente, esta no es la causa más habitual de cese. Supone el 48,6% del total, dos puntos porcentuales menos que en 2021 y 4,5 menos que en 2019. Los límites a esta figura hacen que sean propicios para empleos de corta duración.

 

La legislación limita la duración del periodo de prueba a un máximo de 6 meses para los técnicos titulados y dos para el resto (salvo para las pymes de menos de 25 trabajadores, donde se sitúa en 3 meses). Pero los convenios pueden modificar estos límites: un 11,51% de los firmados en 2024 lo hizo para reducirla, pero otro 6,58% la incrementó.

El Gobierno quiere eliminar esta última potestad, fijando que estos acuerdos nunca podrán superar el tope legal, una idea introducida en la transposición de la directiva europea de transparencia en las condiciones laborales que lleva casi un año atascada en el Congreso (aunque el acuerdo con los sindicatos para la reducción de jornada incluye su reactivación). A esto se suma la mencionada campaña de inspección, si bien a la luz de los datos la eficacia de la medida parece cuestionable

Contando solo los indefinidos, el porcentaje es aún menor que en el general y ‘solo’ llega al 41,9% del total de las bajas de estos contratos, con 713.414 registradas frente al 986.196 despidos. Aun así, esta cifra se ha disparado un 851,2% respecto a 2021, mientras los despidos han crecido un 141,2%. Lo que apunta a que, al menos en el caso de los fijos, sí se está produciendo un abuso de la figura. Sin embargo, los despidos siguen siendo la primera opción.

 

La paradoja del despido

¿Por qué las empresas prefieren arriesgarse a unos ceses que conllevan mayor coste? La razón es que son mucho más flexibles, hasta el punto de que muchas empresas los ven como una alternativa práctica a los desparecidos temporales por obra y servicio. En primer lugar, supera la limitación temporal del periodo de prueba (que para estos puestos menos cualificados sería la de entre 2 y 3 meses, según el tamaño de la empresa).

Por otro lado, la indemnización oscila entre 20 días (si el despido está justificado por causas económicas, técnicas organizativas o de producción (lo que se denomina despido ETOP) o 33 días por año si se declara improcedente. Entre ambos márgenes se sitúan los contratos indefinidos ligados a obra, que operan en la construcción con una indemnización media de 25 días por año.

En todo caso, despedir a un trabajador que lleve entre dos o tres meses y un año en el puesto es relativamente barato y permite cubrir ‘huecos’ que la legislación contractual de finales de 2021 no contempla (solo se hicieron excepciones para la construcción y los contratos de artistas).

Aunque a la hora de la verdad, la mayoría de los despidos, al menos al momento de registrar la baja en la Seguridad Social, son ‘gratis’. Y es que el 54,5 del total de las bajas de afiliación por despido son disciplinarias. ¿Significa que las empresas no pagan nada por esos 564.196 ceses? No exactamente.

Los datos de Seguridad Social recopilan las causas de baja de afiliación que registra la empresa, aunque a veces esto se hace tras un proceso de conciliación, lo que explica el escaso porcentaje de «despidos declarados improcedentes». Algo que era mucho más habitual antes de la reforma laboral de 2012, que derogó el despido exprés por el que una empresa podía reconocer la improcedencia del despido en el mismo momento del cese, pagando la indemnización máxima (entonces 45 días por año).

Pero, aunque la Seguridad Social no recoge datos anteriores a 2012, la evolución de las estadísticas confirma que las empresas han encontrado una alternativa en los despidos disciplinarios, que han duplicado su peso sobre el total desde 2013. La fórmula es sencilla, se declara el ese disciplinario, el trabajador reclama y tras un acuerdo de conciliación o una sentencia judical se abona la indemnización por despido improcedente.

Esto explica el interés de Trabajo y los sindicatos por encarecer selectivamente las indemnizaciones para evitar estos abusos. A ello ayudan varias sentencias que consideran que el tope legal de 33 días no es suficientemente compensatorio ni disuasorio como establecen los convenios de la OIT y la Carta Social Europea.

Una situación que ha disparado las demandas por despido en los últimos dos años, aunque el Tribunal Supremo empieza a cerrar esta vía. Esto hace que el Gobierno ve cada vez más claro que tendrá que cambiar la ley si quiere introducir esta idea. Algo que no figura, por ahora, en las prioridades de la agenda laboral, marcadas por la reducción de jornada.

 

Aun así, encarecer el despido puede tener efecto en trabajadores que acumulan antigüedad en la empresa, pero no tendría mucho efecto en los trabajadores que se acaban de incorporar. A no ser que se implante una indemnización mínima (que hoy en día no existe) para estos casos, como pide UGT.

Otra opción, que han planteado varios expertos, como el catedrático de Derecho del Trabajo e investigador de Fedea Jesús Lahera, es actuar sobre la causalidad del despido en la línea que se ha seguido en el caso de la construcción, es decir, diseñando fórmulas contractuales más cercanas a la realidad de cada sector que permitan adaptar los contratos temporales e indefinidos a las necesidades de las empresas, lo que reduciría el abuso del despido disciplinario y la discrecionalidad de los despidos.

Aunque esta es una fórmula que el Gobierno no contempla, ya que podría empeorar las estadísticas de contratación, sino reducir de facto las indemnizaciones. Y es que el despido improcedente siempre supone una indemnización mayor que uno justificado, aunque reste estabilidad real a los trabajadores.

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