El Gobierno de coalición se apresuró a asegurar que ministros técnicos como José Luis Escrivá o Nadia Calviño actuarían como cortafuegos ante cualquier intento de radicalización de la política económica por parte de la facción podemita del Ejecutivo. Puede que el daño controlado sea preferible al absoluto, pero los españoles no se merecen un liderazgo político cuya brújula se mueva entre lo malo y lo peor.
Escrivá fue presentado a comienzos de la legislatura como un experto que venía a restaurar el equilibrio en la Seguridad Social, pero aparte de desviar el déficit del sistema al propio Estado a través del eufemismo de los “gastos impropios la seguridad social”, las reformas introducidas están agravando el estado financiero del modelo de pensiones: indexando las pensiones a la evolución del IPC medio del año anterior, derogando el factor de equidad intergeneracional (FEI), castigando fiscalmente las aportaciones a los planes de pensiones individuales y con el aberrante Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) incrementando las cuotas que soportan empresas y trabajadores. Lo único que ha conseguido el expresidente de la Airef es degradar el equilibrio financiero del sistema y complicar más aún la creación de empleo, soporte clave de un esquema en el que la paga que perciben los trabajadores retirados depende directamente de lo que aportan los asalariados en activo.
La OCDE ha arrojado luz sobre esta cuestión con un informe en el que subraya el creciente desequilibrio de la Seguridad Social. La edad de jubilación efectiva se sitúa entre las más bajas del mundo desarrollado, mientras que la esperanza de vida solo la supera Japón. La tasa de fertilidad es bajísima, de apenas 1,3 hijos por mujer, y la de paro duplica a la de la Eurozona. Ante semejante panorama, la gestión de Escrivá solo puede calificarse de frívola, irresponsable y peligrosa.
ESCRIVÁ NO ES MOISÉS CON SUS TABLAS DE LA LEY
El gasto en pensiones no es solo un problema, es el problema económico más importante que tenemos en España. Una de las imágenes del año es la del ministro José Luis Escrivá conduciendo al pueblo elegido errante a la tierra prometida de las pensiones. El éxodo de la gran reforma que fortalezca las pensiones del futuro se pondrá en marcha el próximo año. Pero lamentablemente Escrivá no abrirá la aguas del Mar Rojo de las pensiones y su pretensión de que los 100.000 millones que se han ahorrado para la jubilación en los futuros Planes de Pensiones de Empleo (PPE) multipliquen por cinco en los próximos años será agua de borrajas
El primer pilar, la pensión pública, ya sabemos que está quebrado y ningún presidente del Gobierno ni ningún partido han tenido la grandeza de resolverlo porque saben que los votos les mandarán al banquillo en cuanto lo hagan. Si el ahorro construido entre lo que llamamos el segundo pilar (los planes de pensiones de empleo) y el tercer pilar (los planes de pensiones individuales) crece mínimamente es por la revalorización de los activos en el mercado y no por las aportaciones a dichos planes
No es cierto que el problema de los planes de pensiones privados sea las comisiones elevadas, el Gobierno tiene la potestad de topar los máximos a aplicar en comisiones de los planes de pensiones privados, ya se han reducido varias veces en pasadas legislaturas. Lo cierto es que hay en planes de pensiones privados 86.240 millones de euros y en planes de empleo y asociados 39.819 millones, es decir un suculento bocado para el Gobierno de 126.059 millones de euros. El 40% de los hogares tiene un plan de pensiones. Desde el punto de vista de la gestión, los PPE son una nacionalización encubierta
Cuando se sepa definitivamente cuál va a ser la comisión de los planes de pensiones de empleo podremos estar hablando de un coste de gestión entre el 0,15% y el 0,3%, pero seguirán siendo parcos en rentabilidad, aunque algo más baratos en las comisiones de gestión, y eso no está en manos de ningún gobierno de ningún país, ¡está en manos del mercado!
ESCRIVÁ ES EL DOCTOR FRANKENSTEIN CON PARCHES DE “QUITA Y PON”
Escrivá está condenado próximamente a transmutarse en una versión de Frankenstein y, así, contribuir con su aportación de turno a la creación de un monstruo, que es en lo que se está convirtiendo ya nuestro sistema de pensiones con su reforma “a plazos”. Evidentemente los perdedores de esta historia van a ser las clases medias (“el pueblo errante”), que son y seguirán siendo los paganinis de esta reforma, de lo ya conocido y de lo desconocido por venir (por ejemplo, las cotizaciones de los autónomos).
La filosofía que estamos sufriendo en materia de pensiones es la de “prueba (parche) y error”. Medidas sacadas de una chistera que se sueltan en los medios como globos sonda y que nunca se materializan (por ejemplo, el aumento del periodo de cálculo de la pensión hasta los 35 años), otras que se recuperan después de ser eliminadas por el Gobierno anterior (por ejemplo, la jubilación forzosa) y otras que se aprueban hasta que en revisiones futuras se descubra que no han servido para mucho y se desechen o modifiquen de nuevo (por ejemplo, el novedoso MEI)
Un ejemplo paradigmático de este hacer/deshacer es el anunciado incremento, a partir del próximo año, de las bases máximas de cotización hasta alcanzar los 60.000 euros dentro de 25 años (¡largo me lo fiais de nuevo, señor ministro!). Conforme aumenta el salario de una persona, aumenta su base de cotización, que a través del tipo (también aumentado por el MEI), sirve para financiar las pensiones actuales PERO que computa para la pensión futura de esa persona. En la actualidad, la base de cotización está topada a 4.070 euros mensuales, es decir, que las personas con un salario mayor que esa cifra no aportan más al sistema de pensiones. Por otro lado, las pensiones contributivas que se percibirá tras la jubilación también están limitadas por arriba a un máximo de 2.770 euros. Así pues las personas con un salario bruto entre 2.770 y 4.070 euros están aportando al sistema más de lo que el sistema les reportará en un futuro. Esto es lo que se denomina tributo en la sombra.
Con la ampliación de las bases máximas de cotización que se elevará de los 4.070 euros actuales hasta los 5.000 euros, el número de ciudadanos de clase media que se va a ver afectado por ese peaje o tributo en la sombra será mucho mayor, es decir, se pierde equidad actuarial y se aumenta la falta de contributividad, ya que serán muchas más las personas que aporten al sistema de pensiones proporcionalmente mucho más de lo que el sistema les dará a ellos el día que se jubilen. A los pocos días después de avanzar esta medida, Escrivá quiso aclarar que «todo lo que aumente la base [máxima] llevará aparejado un aumento «equivalente» de la pensión», como si ello fuera a mitigar la totalidad de la drástica medida de inequidad que se introduce en el sistema.
Como se ha hecho tanta demagogia sobre las pensiones de jubilación conviene hablar claro: por ejemplo, rara vez se dice que el cálculo político ha hecho que los pensionistas reciban un 30% más de lo que aportan y de igual modo, a menudo se ignora que el coste de la fiesta recae sobre los trabajadores (y las empresas) actuales en activo en el sector productivo. Esto último es especialmente grave porque, si España tuviese un paro similar al promedio europeo, el sistema de Seguridad Social sí alcanzaría el anhelado equilibrio financiero.
La solución de largo plazo exige desandar el camino (“el atajo populista”) recorrido por este Gobierno de coalición y dar paso a un proceso de reforma basado en:
1) favorecer la creación de empleo por encima de cualquier otro objetivo de política socioeconómica,
2) vincular la edad de jubilación y la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, como en el resto de los países “serios” con los que competimos
3) incentivar la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (y la cotización correspondiente)
