España debe cumplir “el trato” con la Unión Europea para recibir fondos europeos y llevar a cabo reformas estructurales como la de las pensiones y tal y como consigna el Gobierno en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estas son las reformas de las pensiones pendientes de aquí a finales de año:
- PERIODO DE CÓMPUTO PARA CALCULAR LA PENSIÓN
Anunciada por el Ministerio como “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, se trata de una de las negociaciones que más ampollas levantará, ya que, de entrada, suscita los recelos de asociaciones y movimientos de pensionistas, y los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que se opondrán, si significa extender el periodo de cómputo más allá de los actuales 25 años sin contrapartidas.
Escrivá tiene como meta el negociar en la segunda mitad de 2022 con los agentes sociales (empresarios y sindicatos) posibles modificaciones en el sistema de cómputo (actualmente se cuentan los últimos 25 años cotizados). La medida aparece reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y figura asimismo en el documento Operational Agreements firmado por España con la Comisión Europea. El objetivo del ministro es, según sus propias palabras, “reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo en un contexto de mayor heterogeneidad de carreras en el mercado laboral actual”.
El incremento de los años tenidos en cuenta para calcular la pensión ha sido uno de los cambios que se ha ido introduciendo en las últimas grandes reformas del sistema de pensiones desde el año 1985:
- En 1985 se amplió de 2 a 8 años.
- En 1997se elevó a 15 años.
- La reforma de 2011 elevó progresivamente esos 15 años anteriores, según una escala transitoria que dependía del año de jubilación hasta los últimos 25 años de cotización aplicados desde enero de 2022.
Si bien en el documento del Plan Nacional de Reformas no se incluyen detalles de la propuesta, el Ministro de Inclusión y Seguridad Social en alguna de sus intervenciones hace algunos meses, hacía referencia a un incremento del número de años considerados hasta los últimos 35 años de carrera previos a la fecha de jubilación, aunque atenuando la medida con la posibilidad de que el trabajador eligiese entre ellos los 25 mejores años que deberían ser continuados.
Cuando más años cotizados se consideren, más nos acercaremos a la proporcionalidad contributiva y a la equidad actuarial. Es decir, a cobrar pensión en función de lo realmente se ha cotizado, considerando toda la carrera profesional.
La equidad actuarial entre lo cotizado y lo recibido como pensión está muy lejos de conseguirse porque los pensionistas actuales, de media, acaban recibiendo durante toda su vida de jubilados 1,7 euros de pensión por cada 1 euro cotizado.
2.- DESTOPE DE PENSIÓN Y DE BASES DE COTIZACIÓN
Escrivá planteará próximamente a los agentes sociales sus propuestas para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar asimismo las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema.
Según los sindicatos UGT y CCOO, mediante el destope de la paga máxima, la Seguridad Social recaudará más, por lo que se trataría de una medida positiva. Sin embargo, existe una cara oculta, según alertan varios expertos, ya que el destope o posible doble destope no debería de efectuarse de una manera inmediata o, al menos, debería hacerse con cautela, ya que para algunas empresas puede suponer un aumento importante del coste laboral y, al mismo tiempo, conllevar una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.
3.- COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS POR SUS INGRESOS REALES
El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales se está discutiendo en la mesa de diálogo social. desde hace meses, empantanado, sin que haya un acuerdo, ni siquiera entre las distintas asociaciones de autónomos.
Sin acuerdo, a finales de abril de 2022, Escrivá pidió a las asociaciones de autónomos que acerquen posiciones sobre sus propuestas para el nuevo sistema de cotización, ya que “están en situaciones muy divergentes todavía” y el Ministerio busca que este acuerdo “tenga el máximo consenso posible”. Insistió en que su postura es la de negociar y aproximar posiciones. “Intentamos un punto de equilibrio entre posiciones de distintas asociaciones que nos gustaría que convergieran más de lo que lo están haciendo hasta ahora”, aseguró el ministro.
Mientras tanto, los autónomos exigen aplazar a 2025 la reforma del RETA y la subida de cotizaciones, y la organización mayoritaria, ATA, denuncia la “situación insostenible” de uno de cada tres autónomos por los precios disparados con la espiral inflacionista que vive España.
4.- LEY DE PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO
El proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, está en su tramitación en el Congreso de los Diputados, y ahora se halla en plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos, algunas de las cuales el Gobierno puede verse obligado a aceptar para sacar adelante la ley
Los nuevos planes tienen como objetivo que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empresa. Implica el nacimiento de dos nuevos instrumentos:
-Fondos de pensiones de empleo de impulso público, bajo el control del Gobierno pero con gestoras privadas que serán seleccionadas mediante concurso público. El aliciente serán las comisiones bajas, en torno al 0,3%.
-Planes de pensiones de empleo simplificados, dirigidos a pymes, empresas públicas y autónomos, cuya creación depende de la negociación colectiva y donde el convenio del sector es clave: bastará con que la pyme o autónomo se adscriba al plan simplificado de su sector.
Empresas, expertos y organizaciones de autónomos los critican con dureza y aseguran que la Ley nace coja, ya que no cuenta con el respaldo de los agentes sociales y además, para su fomento, el Gobierno ha propinado un hachazo a los planes individuales, cuando ambos sistemas son compatibles. Asimismo, denuncian los incentivos fiscales insuficientes tanto para los asalariados como para los autónomos y las empresas.
5.- MEJORES COEFICIENTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De hecho, el Ministerio se comprometió a remitir a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en el plazo de seis meses, un informe sobre los aspectos relacionados con la protección social de las personas con discapacidad. El plazo de seis meses acaba en junio de 2022.
Se prestará una atención particular a los problemas que afecten al colectivo de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo como las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
6.- CREACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El proyecto de creación de la Agencia de la Seguridad Social era una iniciativa comprometida para 2019 por el entonces secretario de Estado, Octavio Granado, que se quedó en nada. Ahora parece más cerca de convertirse en realidad, ya que la Ley de reforma de las pensiones, en vigor desde el 1 de enero de 2022, contempla la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social,
En la actualidad, la Seguridad Social es administrada por varias entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que gestiona las prestaciones de jubilación, incapacidad, viudedad, etc., además de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sucesor del antiguo Instituto Nacional de la Salud (INSALUD); el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que gestiona las pensiones de invalidez y de jubilación de la modalidad no contributivas; el Instituto Social de la Marina (ISM) en aquellos ámbitos relativos a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Además, existen servicios comunes, como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), encargada de realizar la inscripción de las empresas; afiliación, altas y bajas de los trabajadores; control de la cotización y de la recaudación de las cuotas, etc.; la Gerencia Informática o el Servicio Jurídico de la Seguridad Social, entre otros.
