Hoy 18 de Mayo de 2022 el Banco de España publica su Informe Anual de 2021 en el que en lo relativo a nuestro Sistema de Pensiones vuelve a incidir en su insostenibilidad financiera a pesar de las reformas del denominado “primer bloque de la “reforma Escrivá de las Pensiones”.
Las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones, lo que hace indispensable un análisis específico de los principales aspectos y reformas de dicho sistema.
Como punto de partida de este análisis, cabe destacar que la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 buscaba afrontar este incremento del gasto del “Factor de Sostenibilidad” (FS) que se descomponía en dos factores diferentes: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) con una fórmula que vinculaba la revalorización de las pensiones con los ingresos y los gastos del sistema, y mediante un mecanismo que reducía el importe de la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida, el llamado “Factor de Equidad Intergeneracional (FEI)”. Dichos elementos permitían aliviar de forma significativa la situación financiera del sistema de pensiones, si bien a costa de una notable reducción de la cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio.
Los dos elementos centrales de contención del gasto en pensiones establecidos en la reforma de 2013 se han derogado recientemente. A finales del año pasado se aprobó la primera parte de una nueva reforma del sistema de pensiones. Entre otras medidas, esta reforma estableció la revalorización de las pensiones en función de la inflación y derogó el factor de sostenibilidad. De acuerdo con las proyecciones de la AIReF y del Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, ambas medidas implican que el gasto en pensiones crecerá entre 4,1 % y 4,3 % del PIB en el período 2019-2050. De dicho incremento, en torno al 55%-65% se debería a la recuperación de la revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC), mientras que un 20% correspondería a la eliminación del factor de sostenibilidad. El resto —un 15%-25%— estaría asociado al hecho de que, incluso con la reforma de 2013, el gasto en pensiones aumentaría entre 0,7 % y 1 % del PIB entre 2019 y 2050, bajo los escenarios demográficos y macroeconómicos considerados.
El factor de sostenibilidad derogado será sustituido por un nuevo mecanismo, llamado «Mecanismo de Equidad Intergeneracional» (MEI), que consta de dos partes. En primer lugar, un aumento de 0,6 % de las cotizaciones sociales —0,5 % cuenta de los empleadores y 0,1 % a cargo de los trabajadores—, que se implementará durante 10 años a partir de 2023. Dicho incremento podría permitir que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) llegase a acumular un capital de en torno al 2,5% del PIB en 2032. En segundo lugar, este mecanismo prevé la adopción de nuevas medidas a partir de 2032, en función de la evolución del gasto en pensiones. Estas posibles medidas adicionales deberán ser negociadas y aprobadas en su momento, aspecto que contrasta con la automaticidad de los ajustes que implicaba el factor de sostenibilidad.
Al mismo tiempo, se han aprobado distintas medidas con objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Estas medidas incluyen, en particular, un aumento de los coeficientes reductores, sobre todo para las jubilaciones anticipadas cuya base reguladora se sitúa por encima de la pensión máxima, si bien se ha establecido un período transitorio que diluye parcialmente dicho incremento. Asimismo, se han establecido nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de la edad legal. De acuerdo con las estimaciones oficiales, estos nuevos incentivos podrían suponer un ahorro para el sistema de pensiones de entre 1,1 % y 1,6 % del PIB en 2050.
Por último, también se ha establecido un incremento sustancial de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que implica una considerable mejora del saldo presupuestario de esta última, si bien su efecto es nulo desde el punto de vista del agregado de todas las Administraciones Públicas.
La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones contempla una serie de actuaciones adicionales, que deberán concretarse a lo largo de este año. Entre ellas, destacan medidas como el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, la revisión de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y una revisión del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión.
En conjunto, hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos. En este sentido, el Banco de España ha venido señalando durante los últimos años la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.
Además, se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores.
Asimismo, es deseable que se dote al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación.
ENLACE AL ESTUDIO DEL BANCO DE ESPAÑA (pg. 168 a 173)
