El pleno del Congreso de los Diputados aprobó recientemente las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo con un amplio apoyo de 262 votos a favor, 78 abstenciones y tan solo 2 votos en contra. Esta aprobación ha sembrado algunas dudas sobre el futuro de las pensiones, tanto a medio y largo plazo, donde muchos temen que pueda no haber dinero, como a corto, donde la mirada queda fijada en este próximo 2021.
La sostenibilidad de las pensiones es un tema del que se discute largo y tendido, y el futuro dependerá de los niveles de ingresos y cotizaciones
Se propone el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones, por lo que cada año seguirá incrementándose el gasto por pensiones, que ya supone casi la mitad de los Presupuestos Generales del Estado”.
Sin embargo, sigue sin abordarse la necesidad de incluir algún mecanismo de ajuste del gasto por pensiones respecto a los ingresos. Y eso implica que, ante cualquier recesión, los ingresos bajarán bruscamente mientras que los gastos por pensiones siguen creciendo. Si a la actual crisis le añadimos que en cinco años empieza a jubilarse la generación del ‘baby boom’, la conclusión es sencilla: es imposible que el actual nivel de pensiones se mantenga más allá de un lustro.
Las recomendaciones del Pacto de Toledo no benefician a nadie, ya que nos mantienen en una tranquilidad absolutamente ficticia. Las personas que están en activo se jubilarán más tarde que los actuales pensionistas y además cobrarán menos simplemente por el hecho de haber nacido junto a la generación del ‘baby boom’ en un país con un sistema de financiación de las pensiones públicas de reparto.
Por su parte, los más jóvenes, los que hoy están estudiando, se darán cuenta dentro de unos años de que tendrán que dedicar muchos esfuerzos a lo largo de sus vidas a devolver la ingente deuda que les hemos dejado para pagar unas pensiones que ellos nunca recibirán. Y los actuales pensionistas verán cómo, en vez de hacer reformas graduales donde ellos también asuman su parte del ajuste, en unos años llegará una reforma traumática, como pasó en Grecia, donde las pensiones de jubilación sufrirán importantes recortes.
Una de las recomendaciones del actual plan es la separación de las fuentes de financiación, un factor que muchos consideran que puede ayudar a bajar el déficit. No obstante, eso es como si a una familia le dices que su situación es diferente por tener toda la deuda con un banco o tener la misma deuda repartida en dos bancos. En ambos casos tendrá que devolver el mismo importe. Aquí pasa lo mismo, es irrelevante que se paguen las pensiones con cotizaciones, con impuestos o con ambos, lo realmente importante es que si la recaudación total no es suficiente se incrementa la Deuda Pública, que, por cierto, llegará al 120% del PIB este año.
El total de prestaciones pagadas en 2019 (Seguridad Social y clases pasivas) ascendió a 170.000 millones de euros. Por cotizaciones sociales (sin desempleados) se ingresó 116.000 millones y por IVA 72.000 millones. Es decir, en 2019 se necesitó casi toda la recaudación de IVA para que, junto con las cotizaciones sociales, se pudiera pagar las prestaciones de la Seguridad Social y de las clases pasivas.
En 2020, de acuerdo a algunas estimaciones, los ingresos bajarán en más de 30.000 millones de euros y las prestaciones aumentarán en 8.000 millones. Esto llevará consigo que la Deuda Pública aumentará de forma muy importante y que cada vez se acerque más el momento en que ya no se pueda posponer abordar una reforma de las pensiones en profundidad.
Fuente: El Confidencial
