EMPLEADAS DEL HOGAR EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Pese a los avances en la equiparación de estas trabajadoras al resto aún se estima que una de cada tres, en su mayoría migrantes sin papeles, no están afiliadas a la Seguridad Social

Cuando se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar se igualaban las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. La medida que dotó de derechos a las trabajadoras del hogar olvidó a otras muchas, que ejercen ese mismo trabajo en la brecha de la economía sumergida: las que no tienen papeles pero cargan sobre sus cuerpos con buena parte del peso de los cuidados de este país.

Con la regularización de extranjeros en 2005, afloró una realidad que no era un secreto. En un momento en el que la legislación laboral era más laxa y las empleadas del hogar no estaban obligadas a afiliarse a la seguridad social en todas las circunstancias, el número de registros se duplicó, como puede verse en el siguiente gráfico. Aunque en apenas un par de años esta cifra se redujo, los niveles siguieron quedando muy por encima.

Más personas trabajando que afiliadas

Tras el de 2005, el siguiente salto en la evolución de afiliaciones se dio en 2012. Se ampliaron los derechos de las trabajadoras del hogar y se pasó a un sistema espacial, que obligaba a cotizar y dar de alta a las empleadas, nacionales o con su situación regularizada. Desde entonces, hay una brecha entre aquellas que están afiliadas a la Seguridad Social y los datos que recoge la Encuesta de Población Activa, de entorno a un 25% a finales de 2023.

Aunque son mediciones diferentes —uno son cifras reales en un momento concreto y otro el resultado de una encuesta trimestral, la diferencia entre ambas fuentes respondería a situaciones de economía sumergida, al existir más personas trabajadoras que afiliadas.

Desde 2012 hasta ahora ha habido una evolución en todas las personas que tienen papeles. El porcentaje de alta a la Seguridad Social ya era alto y según los propios datos del ministerio, en las últimas dos décadas se ha producido un aumento paulatino de las asalariadas en servicios a edificios, que ha coincidido con ese descenso en el sistema de empleadas del hogar pues quien consigue trabajo en otro sector, se va.

Las que no están regularizadas son las que tienen mayor desprotección y esta situación lleva a aceptar los peores trabajos que les ofrecen, sobre todo el de interna.

Las personas migrantes pueden obtener papeles si después de tres años en el país son capaces de acreditar la estancia y un trabajo. El trámite es perverso: necesitan un trabajo para obtener los papeles mientras necesitan los papeles para poder trabajar con los mismos derechos que el resto.

El 36%, sin contrato

Según el informe ‘¿Qué pasa con la salud laboral de las trabajadoras de hogar y cuidados?’, elaborado por el Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento de la Universidade da Coruña, el 98% de las personas que trabajan en este sector son mujeres y el 68%, migrantes. El 25%, una de cada cuatro, se encuentra en situación administrativa irregular. El informe señala que el 36% de las empleadas domésticas lo está sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Lo cierto es que el Estado español se aprovecha de la situación de pobreza de esas mujeres para solventar el problema de los cuidados de manera barata, sin que lo asuman las administraciones.

La Seguridad Social te protege de situaciones no deseadas, como el desempleo o estar enferma. Además, es un derecho que la ley considera irrenunciable. Si el proceso de regularización que han apoyado 700.000 ciudadanos llega a buen puerto, decenas de miles de mujeres podrán salir también de esa brecha de la economía sumergida de los cuidados. Si no, la desigualdad se perpetuará: “No se trata de si venimos o no, ya estamos aquí, formamos parte de esta sociedad diversa” dicen.